Desde la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY) expresaron su rechazo al proyecto de ley presentado por el diputado Hugo Ramírez, del Partido Colorado, que establece zonas de vacunados y no vacunados contra el COVID-19 por separadas en pubs, restaurantes, discotecas, bares, casinos, casas de juego, hoteles y similares.
Entre algunos puntos, la propuesta establece que las zonas habilitadas para los no vacunados deberán estar debidamente señalizadas, apartadas físicamente del resto de las dependencias y no ser zonas de paso obligado para los vacunados.
“Estamos preocupados por ese proyecto de ley, nosotros no podemos empezar a entrar en gastos nuevamente porque habla de señalizaciones, de varios espacios y habla de una suerte de discriminación, nos parece que eso es meternos un poco en los derechos de una persona a elegir dónde se sentará entre otros puntos”, indicó Cecilia Cartes en comunicación con el diario La Nación.
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“Uno lo que menos quiere es sentirse restringido”
Por otra parte, el proyecto establece que para acceder a la zona de vacunados se deberá exhibir el carnet de vacunación contra el COVID-19. Tanto los propietarios, gerentes o encargados de los establecimientos, serán los responsables de cumplir y hacer cumplir lo establecido en esta ley, de ser necesario, podrán recurrir al auxilio de la Policía Nacional.
“No vemos realmente que se esté liberando las vacunaciones, siempre existen las restricciones para hacerlo, ellos deberían insistir en la vacunación, salir a las calles para inmunizar, pero no volviendo a colocarnos la carga de distribuir todo esto en nuestro salón. Cuando uno quiere salir a cenar, quiere ir a un hotel o estar en un modo de disfrutes y ocios, lo que menos quiere es sentirse restringido, entonces la gente no saldrá, no gastará, sí se complica la situación”, comentó.
“Atenta contra la reactivación económica”
Finalmente el proyecto de ley establece que los locales que no cumplan con lo establecido serán sancionados con multas y en el caso de reincidencia podrán ser incluso clausurados. Las autoridades de aplicación serán las municipalidades en cooperación con la Policía Nacional.
“Acá si queremos que esto mejore, el Estado debe encarar de otra manera y no de nuevo imponiendo a nuestro rubro que es el más sufrido y que todavía no logró recuperarse, es realmente inadmisible este tipo de planteamiento y atentaría por supuesto contra la reactivación económica”, puntualizó.
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