El Gobierno paraguayo en el campo político presentará una nota de protesta ante el Uruguay y no descarta impulsar una acción de inconstitucionalidad o casación ante la decisión judicial de desestimar el pedido de cancelación de la condición de refugiados de los prófugos de la Justicia paraguaya Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, requeridos y sindicados como los responsables del secuestro de la empresaria María Edith Bordón.
Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Scappini, explicó que la solicitud al Uruguay viene siendo realizada hace más de 2 años mediante la vía política y diplomática.
“Vamos a planificar las estrategias, que puede ser recurrir por inconstitucionalidad o una eventualmente casación, pero son cosas que serán evaluadas luego de que la jueza nos dé la información que pedimos”, mencionó. En ese sentido, comentó que en la fecha Paraguay estará solicitado mediante sus abogados un recurso de aclaratoria ante la decisión adoptada.
“El Estado contrató abogados en el Uruguay, competentes con quienes está en contacto nuestro director de Asuntos Legales y en el día de la fecha el abogado uruguayo pedirá un recurso de aclaratoria. Con esto tendremos más información de las razones por las cuales el juzgado intervino y las razones por las cuales se rechaza la solicitud y al mismo tiempo tendremos un poco más de tiempo”, indicó mediante una entrevista en el canal GEN.
Medida judicial arbitraria
Scappini calificó también la decisión judicial como “sorpresiva, decepcionante y arbitraria”. “En primer lugar no teníamos conocimiento de que la solicitud que habíamos hecho por la vía administrativa haya pasado al fuero judicial, porque la Comisión de Refugiados preside la Cancillería y es la que tiene las atribuciones para tratar por la vía administrativa el pedido del Estado paraguayo de revocatoria de ese estatus. El Paraguay considera que es arbitraria e improcedente; por lo tanto, hemos analizado el curso de acción y actuaremos en consecuencia para perseguir la revocatoria del estatus”, sentenció.
Agregó que políticamente el Gobierno sentará una postura presentando una nota de protesta al Uruguay y convocar al embajador de dicho país en Asunción para que pueda dar una explicación oficial en torno al conflicto.
Las declaraciones de Scappini fueron avaladas por Juan Eduardo Pereira, director de Asuntos Legales de la Cancillería, quien comentó que “esta decisión nos ha tomado de sorpresa por el procedimiento. Se estarán presentando las protestas correspondientes al embajador uruguayo en nuestro país”.
“No está en el país”
Por su parte, el embajador paraguayo ante el Uruguay, Rogelio Benítez, manifestó que también expresó la “incomodidad” del Paraguay en torno a la posición que se adoptó en el juzgado penal.
“El juzgado desconoce el principio de territorialidad, que es básico y esencial. No se le puede dar refugio político a quien no está en el país, los perseguidos por la Justicia paraguaya están en Finlandia, que es de público conocimiento. Le dejamos en conocimiento nuestra molestia, pero sobre todo nuestro dolor, porque no se trata de un delito común, se tratan de delitos que fueron dolorosos para el país, es un hecho muy grave”, puntualizó.