El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.

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En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.

Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.

Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.

Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.

“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024″, dictaminó Merchan en un auto.

Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.

Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.

El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia.

El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.

El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.

Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.

Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.

Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos.

Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral.

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Sin embargo, como presidente, podría intervenir para dar un carpetazo a todos esos casos.

Fuente: AFP

Los uruguayos acuden el domingo a las urnas para elegir entre el continuismo del gobierno de centroderecha o el cambio a la izquierda del expresidente José Mujica, en una segunda vuelta que los analistas anticipan muy reñida.

El opositor Yamandú Orsi, un profesor de historia de 57 años, y el oficialista Álvaro Delgado, un veterinario de 55, aspiran a gobernar este país de 3,4 millones de habitantes, considerado la democracia más sólida de América Latina, con un ingreso per cápita comparativamente alto y bajos niveles de pobreza.

Uno de ellos sucederá en marzo al presidente Luis Lacalle Pou, que tiene un alto índice de aprobación, pero está impedido por la Constitución de buscar un segundo mandato consecutivo. Con Orsi, el Frente Amplio apuesta a recuperar el sillón presidencial que perdió en 2020 tras 15 años de gobierno.

Silvia Martínez, una empleada doméstica de 60 años, quiere que gane Orsi porque con el Frente Amplio le fue mejor “en todo” y con la coalición, “en nada”. “Los que estamos abajo somos los que sufrimos más”, dijo a la AFP tras escuchar a Mujica en un club. El exmandatario (2010-2015) tuvo un rol protagónico en la campaña de Orsi como “estratega principal”, según el politólogo Alejandro Guedes.

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A sus 89 años y a pesar de estar recuperándose de un cáncer de esófago, el exguerrillero salió al ruedo para captar nuevas adhesiones. En recorridas y en entrevistas, hizo gala de su estilo de vida austero, que le valió en el pasado el mote de “presidente más pobre del mundo” y criticó a los políticos a quienes “les gusta mucho la plata”.

El delfín de Mujica fue el más votado el 27 de octubre, con el 43,9 % de los sufragios, insuficientes sin embargo para evitar una segunda vuelta. Delgado, exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou, cosechó solo el 26,7 % como candidato del Partido Nacional, pero ahora cuenta con el respaldo de todos los socios de la coalición gobernante, que juntos recogieron el 47,7 %.

“Apoyo a Álvaro Delgado porque considero que es la continuidad de este gobierno, que para mí fue positivo”, señaló a la AFP Manuel Cigliuti, un auxiliar administrativo de 24 años que resaltó el manejo de la economía, la seguridad y la pandemia. “Además, la oposición no está a la altura”, apuntó.

Los últimos sondeos muestran una leve ventaja de Orsi frente a Delgado. Pero los encuestadores advierten que la diferencia está dentro de los márgenes de error y hablan de un “empate técnico”. “Si bien Orsi ha estado arriba en todas las mediciones, la brecha con Delgado se ha acortado. Es un escenario muy competitivo”, señaló a la AFP el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum.

“El país está dividido en dos mitades” y es “razonable” estimar que la elección se defina por menos de 50.000 votos, indicó. En 2019 se saldó por apenas 37.000. “Pero aunque el triunfo sea por márgenes estrechos no se prevén cuestionamientos al resultado”, aclaró Bottinelli. “Quien pierda lo aceptará pacíficamente y se abrirá una etapa de negociación necesaria entre los dos bloques”.

El diálogo parece inevitable porque ni Orsi ni Delgado tienen mayorías parlamentarias. Tras los comicios de octubre, 16 de los 30 escaños del Senado fueron para el Frente Amplio y 49 de las 99 bancas de la Cámara de Diputados, para la coalición gobernante.

“Tenemos al Senado pronto para salir a la cancha”, prometió Orsi al cerrar su campaña, asegurando tener “gobernabilidad” para impulsar “las transformaciones que el país necesita”. “Vamos a abrir los brazos para llegar a los acuerdos necesarios”, dijo de su lado Delgado, confiado en que “una mayoría silenciosa” le dará la victoria, porque “ni los más opositores” pueden desconocer que hoy el país está “mejor” que en 2019.

Analistas no esperan cambios significativos en la política económica cualquiera sea el vencedor, aunque puede haber diferencias en el comercio, con Orsi más volcado a la región y Delgado buscando mayor apertura al mundo. Ambos candidatos quieren impulsar el crecimiento, en recuperación tras la desaceleración por la pandemia y una histórica sequía. También apuestan a reducir el déficit fiscal.

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En el único debate de la campaña, Orsi y Delgado se comprometieron a no aumentar la carga impositiva y a combatir la delincuencia y el narcotráfico. La seguridad pública es la mayor preocupación de los votantes según las encuestas.

En Uruguay, el sufragio es secreto y obligatorio y no existe el voto consular. Para ganar el balotaje no es necesario superar el 50 % de los sufragios, como se requiere en la primera vuelta, sino que basta una mayoría simple.

Fuente: AFP

• Por Juan Carlos Lezcano

El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.

Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.

A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.

Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.

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A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.

Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.

Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.

En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales

La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.

La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.

La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.

Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.

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Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

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Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.

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