La diputada Kattya González cuestionó el recorte que realizó la Comisión Bicameral de Presupuesto, unos US$ 40 millones, para el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2022, en lo que tiene que ver presupuestos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) que estaría afectando programas de primera infancia.
“El presupuesto de la Niñez es insuficiente. Hay un recorte de US$ 40 millones en cuanto a la educación y primera infancia ¿para qué? para crear puestos en el Poder Judicial”, reclamó la parlamentaria.
González criticó principalmente que este recorte se da para redireccionar a otros sectores como el Poder Judicial, para el pago de salarios y seguro de salud, para el Poder Judicial o el Ministerio de Defensa. “Se pretende trasladar ese rubro para algo represivo, para tener más fiscales”, fue el reclamo de la parlamentaria.
González criticó que con el recorte que se da en la inversión en la educación de niños y adolescentes se está fracasando como capital. “Cuanto menos invirtamos en la Niñez, más posibilidades tenemos de fracasar en el capital humano. (...) Si el Estado no tiene en cuenta esto realmente estamos fracasando, ese es el gobierno de Mario Abdo”, manifestó González este lunes en entrevista a la 1020 AM.
De acuerdo con el PGN 2022 el Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI) sufrió un recorte de US$ 17 millones, mientras que este año ya había sido recortado unos US$ 23 millones, sumando unos US$ 40 millones, lo que estaría afectando directamente a los programas de educación dirigidos a la niñez y la adolescencia.
En el detallado del presupuesto se señala que los recortes que se dan para el FEEI se destinarán para la creación de nuevos juzgados y fiscales, para el pago de salario de estos y el seguro médico, y otro monto será destinado al Ministerio de Defensa.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) ya cuenta con el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto y será sometido a ambas cámaras del Congreso, Senado y Diputados, para posteriormente ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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