A 29 años de su creación, la Procuraduría General de la República (PGR) dispondrá de su propia ley orgánica tras la sanción del proyecto a instancias del Congreso Nacional.
La normativa otorga a la PGR facultades operativas, administrativas y jurídicas claras y adecuadas para cumplir con su delicado rol constitucional de manera más eficiente conforme a las altas exigencias del Estado paraguayo y de la ciudadanía.
El documento sancionado por la Cámara de Diputados busca establecer las normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de la citada institución, como organismo de carácter técnico-jurídico, consultivo. Así también, en su rol de asesor de la administración pública, representante y litigante, instituido según las prescripciones del artículo 246 de la Constitución Nacional.
Igualmente, como componente de innovación, la ley crea el Consejo de Abogados del Estado que, bajo dirección de la PGR, estará integrado por representantes de la PGR, el Ministerio de Hacienda, además de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República. Así también, integran miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Justicia Electoral.
También se pretende aclarar varios temas controvertidos y suplir vacíos que se generan hoy en día con respecto a la gestión de la Procuraduría General de la República y el carácter de sus intervenciones en materia judicial y extrajudicial, conforme al texto sancionado por el Parlamento Nacional.
Logros de la PGR
Mediante acciones impulsadas por la PGR, el Estado paraguayo se salvó de un millonario desembolso a favor de una funcionaria que había sido destituida de la Defensoría del Pueblo.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sala Penal, Secretaría Judicial IV, resolvió a favor del Estado paraguayo en una acción contencioso-administrativa planteada contra la Defensoría del Pueblo, evitando así el desembolso al tesoro público de aproximadamente G. 150 millones en concepto de pago por salarios caídos.
Según los antecedentes del caso, la Defensoría del Pueblo tomó la decisión de desvincular a la funcionaria Olga María Blanco Ramírez en virtud de que la misma ocupaba un cargo de confianza y de libre disponibilidad según lo determina la Ley Nº 1626/00 De la Función Pública.
La destitución se dio por resolución Nº 943 del 6 de junio del 2017, por lo que la misma promovió acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
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Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales
El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.
El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.
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Inversiones en infraestructura
Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.
“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.
Mecanismos para resolución de conflictos
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.
Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.
González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.
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PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
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Procuraduría reportó un ahorro al Estado de G. 2 billones en el año 2024
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco Aurelio González, ratificó que encararán este 2025 con honestidad, compromisos y eficiencia para precautelar de la mejor manera los intereses de todos los paraguayos. A la vez abordó los principales logros del 2024, en que destaca el ahorro generado al Estado en diversos procesos judiciales, por un monto superior a G. 2 billones.
“Tenemos la firme convicción de que debemos defender con todas nuestras fuerzas el dinero de todos los ciudadanos paraguayos. Para eso, el único factor importante, es la honestidad, el compromiso, profesionalismo así como el premio de la meritocracia. Entonces, caminar en ese sendero de castigar la ineficiencia, y premiar la meritocracia”, precisó González, en comunicación con La Nación/Nación Media.
Resaltó, entre los principales logros del año 2024, el ahorro para el Estado paraguayo de una suma global de G. 2.032.359.540.705, equivalentes a 265.667.914 de dólares. “Cabe resaltar que, desde el 16 de agosto de 2023 a diciembre de 2024, la PGR ha logrado sumar a su tablero G. 2.420.911.088.026, mediante resoluciones favorables que han evitado millonarios desembolsos y provocado la recuperación de dinero, provenientes de acciones judiciales o acuerdos”, puntualizó el procurador general.
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Casos emblemáticos
El alto funcionario recordó que, durante el 2024, la PGR tuvo éxito en su gestión en casos emblemáticos mediante un seguimiento intensivo del equipo de abogados del Estado. Entre ellos, señaló que se ha conseguido la nulidad parcial del laudo arbitral internacional en la demanda de Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), con lo que se evitó el pago de 16 millones de dólares al conglomerado industrial de Portugal.
Igualmente, resaltó que fue un hecho sin precedentes, mediante las gestiones de la PGR y el Ministerio de Salud, la recuperación de 3.479.686 de dólares de los fondos adelantados al mecanismo Covax para la compra de vacunas contra el covid-19, en cuyo contrato figuraba como no reembolsables. Este beneficio será destinado a mejorar la atención oncológica.
Otro de los resultados positivos fueron los juicios donde se trabaron embargos sobre bienes de Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), y se liberaron 84 inmuebles de la empresa estatal, por un valor total de G. 56.584.722.062. “Hemos logrado, en tiempo récord, liberar 18 cuentas corrientes de diferentes entes bancarios y disponer de las sumas existentes en las mismas”, acotó. Otro mérito gestionado fue la recuperación de cerca del 50 % de tierras del Estado ocupadas en la zona ribereña de la finca 916, conocida como Jardines de Remansito, de Villa Hayes.
Para este 2025 están previstos juicios que están en procesos de apelaciones con montos muy importantes, como es el caso Metrobus, donde la empresa Mota-Engil ha planteado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte, por lo que desde la PGR se mantendrán atentos a cómo se desarrolla este proceso. “De igual forma en todos los casos, como en materia internacional estaremos poniendo el máximo celo para defender de la mejor manera posible al Estado paraguayo”, concluyó González para La Nación.
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Caso Metrobús: anulan parcialmente laudo arbitral y el Estado se ahorra USD 16 millones
Gracias a las gestiones de la Procuraduría General de la República, se logró reducir considerablemente la multa prevista para pagar al conglomerado industrial Mota Engil por la anulación del contrato del Metrobús, que sumado con sus respectivos intereses daba una suma de USD 19 millones, quedando solamente la suma de USD 2,6 millones. De esa manera, el Estado paraguayo obtuvo un ahorro de más de USD 16 millones.
El procurador Marco Aurelio González informó al presidente Santiago Peña el resultado obtenido del juicio de nulidad parcial del laudo arbitral, en el expediente promovido por el Estado paraguayo contra dicho laudo por sentenciar a pagar indemnización a la firma industrial por la anulación del mencionado contrato.
El procurador González y la vocera del Gobierno, Paulo Carro informaron al respecto, y remarcaron que esta multa, aun habiéndose reducido el monto, es consecuencia de la decisión que tomó el gobierno anterior de rescindir los contratos de manera injustificada.
En ese sentido, el procurador González informó que en la fecha tomaron conocimiento de la sentencia del Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital, que ha anulado parcialmente el laudo arbitral que se impuso al Paraguay.
“A partir de esta resolución se anula parcialmente el laudo y solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones, que tiene que pagar Mota Engil al MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y de la misma manera quedan los USD 2.600.000 aproximadamente, que debe devolver el MOPC a Mota Engil en concepto de montos retenidos”, indicó González.
Decisión políticamente incorrecto
El procurador remarcó que ya en su momento había sostenido que iban a dar batalla jurídica a una decisión que consideraban políticamente incorrecto, y económicamente injustificado. Más ahora, con el laudo y este fallo del tribunal de apelación, dan la razones que jurídicamente estuvo desacertada la decisión de rescindir el contrato que tomó el gobierno de Mario Abdo Benítez a los pocos meses de haber asumido la presidencia de la República.
“Las razones por la cuales el Tribunal ha anulado parcialmente el laudo arbitral, es que el laudo se resolvió en violación a expresas disposiciones del derecho paraguayo, como la imposición de tasas usurarias y como la determinación de daños sin probarse, sin justificarse y sin cuantificarse”, acotó.
No obstante, indicó que todavía podrían recurrir a un recurso de aclaratoria o una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que son los dos últimos recursos que caben contra esta última resolución del Tribunal de Apelación. En cuanto al pago de los USD 2,6 millones a Mota Engil, indicó que se estaría concretando, una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia.
Finalmente, la vocera de Gobierno, Paula Carro señaló que si bien el fallo aún no está firme, se están arbitrando todos los medios necesarios para proteger el patrimonio de los paraguayos. “Como Estado no seamos condenados a pagar una millonaria suma durante este Gobierno, que tiene como origen una decisión política que fue tomada durante el gobierno anterior, que fue en su momento rescindir el contrato de las obras de gobierno del Metrobús”, concluyó.