El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley “que modifica o amplía la ley 6742/2021, que crea el “Fondo nacional de cobertura a pacientes hospitalizados con COVID-19”. El proyecto ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Este proyecto de ley permitirá el pago a sanatorios privados con la reasignación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de alrededor de US$ 40 millones, de la deuda de alrededor de US$ 60 millones.
Con esta herramienta, el Gobierno Nacional podrá redireccionar al Ministerio de Salud Pública este monto a fin de saldar la deuda contraída con los sanatorios privados durante el pico de la pandemia para la unidad de terapia intensiva (UTI) por la falta de lugares en los hospitales públicos y que, hasta el momento, no pudo ser saldada.
Sin embargo, el proyecto establece el compromiso de reponer el presupuesto de manera “gradual y proporcional”, cuando termine la pandemia. La iniciativa establece, además, que quedará a cargo del Ministerio de Hacienda reglamentar el mecanismo del retorno gradual del monto utilizado de vuelta al Fonacide, una vez finalizada la pandemia.
Este recurso económico es requerido con la finalidad de subsanar la deuda con los hospitales privados y, de esa forma, volver a tener la oportunidad, si se diera una nueva crisis sanitaria, de recurrir nuevamente a dicha estrategia. La iniciativa había sido presentada por el legislador colorado Tadeo Rojas, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a solicitud tanto de los ministerios de Hacienda y Salud Pública, y ya fue sancionado por el Congreso Nacional.
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La ley 6742, de Gasto Cero, y la Ley 6725, de Fondo Nacional COVID-19, establecen que el financiamiento, por sugerencia del Ministerio de Hacienda, debería llegar a unos US$ 30 millones compuestos por remanentes del fondo de emergencia nacional, las binacionales Itaipú y Yacyretá, y la reprogramación de créditos.
En esta iniciativa también se contempla la prohibición de las firmas de pagarés por parte de los familiares internados en los sanatorios privados, atendiendo a que fue una práctica aplicada en el caso de que el Gobierno no cumpla con el compromiso con los sanitarios, como se dio, y actualmente se busca una salida a esta deuda millonaria del Estado con el sector privado.