La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por Horacio Cartes, dio curso favorable al proyecto de modificación de artículos de su Código de Ética con el fin de castigar a sus candidatos a cargos públicos que transgredan las disposiciones establecidas en la legislación nacional referente al financiamiento político, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los cambios fueron planteados por el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional ya con miras a las elecciones municipales previstas para el 2026 y las presidenciales en el 2028. Las nuevas sanciones serán aplicadas únicamente por el citado órgano y sus resoluciones serán apelables ante una convención ordinaria.

Indica que las sanciones solo serán impuestas con la observancia de las garantías del debido proceso. Las modificaciones se centran específicamente en el artículo 12 en donde se establece que el afiliado candidato en internas o en representación del partido será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del partido.

El articulado señala además que la multa será calculada en base a las normas reglamentarias emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Otra de las modificaciones aprobadas por los miembros de la junta se centra en el artículo 13 del Código de Ética donde se sostiene que el afiliado sancionado que reincidiere en la trasgresión prevista en el artículo anterior será suspendido en sus derechos de afiliado por un plazo de hasta 5 años, previo procedimiento sumario ante el Tribunal de Conducta.

También fue modificado y aprobado el artículo 14 el cual indica que el afiliado candidato que reitere la conducta prevista en los artículos 12° y 13° de este código será pasible de expulsión de los registros del partido. La misma pena será impuesta al afiliado que incumpliere la resolución emanada del Tribunal de Conducta, proveniente de los dos artículos citados. En ambos casos para la imposición de la sanción se deberá seguir el procedimiento sumario.

“A partir de la aprobación y la firma del acta que ocurriría en días sucesivos, ya entra en vigencia plena dentro del Partido Colorado como régimen disciplinario”, manifestó el abogado y apoderado de la nucleación política, Wildo Almirón.

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El presidente de la República, Santiago Peña, indicó que no se visualiza cuestionamientos desde el punto de vista del ámbito legal entorno al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

En el transcurso de la mañana de este martes el Congreso Nacional remitió la iniciativa al Ejecutivo para su promulgación o veto. “No estoy a favor de la persecución, de la discriminación, de cercenar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, pero entiendo que el control y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería aplicar”, mencionó.

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La iniciativa sancionada por el Congreso Nacional el pasado 9 de octubre en base a las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo refiere que las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales.

De la misma manera también se encontrarán excluidas las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.

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Tras permanecer un mes en el Senado, finalmente el Congreso Nacional remitió este martes al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

La iniciativa fue sancionada con una amplia mayoría por la Cámara Alta el pasado 9 de octubre tras ser introducidas las modificaciones sugeridas desde el Gobierno. “Hubo correcciones de forma que se dieron al documento, no fue vulnerado ningún reglamento o leyes (con relación a la tardanza en la remisión). Peña evaluará lo que más corresponde al país”, indicó el senador Basilio “Bachi” Núñez tras su llegada de Taiwán.

El legislador dijo que si Peña toma la decisión de vetar la iniciativa, los senadores del movimiento Honor Colorado estarían respetando su decisión. “Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, pero es difícil que salgamos en contra, esto es histórico, ya lo venimos manteniendo en gobierno anteriores, estando en la disidencia, entonces lo más probable será aceptar un veto en caso de darse”, mencionó.

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No obstante, Núñez ratificó que particularmente está a favor de la propuesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor control. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo paraguayo tiene que saber en donde están siendo destinados los recursos”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Las afirmaciones del senador surgen ante la persistencia de algunos sectores sociales, empresariales y políticos de la oposición que califican a la propuesta como inconstitucional y autoritaria bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.

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El diputado Marcelo Salinas conversó con La Nación/Nación Media sobre el desarrollo de los comicios internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El parlamentario garantizó la elección de nuevas autoridades partidarias, pese al pedido de nulidad solicitado a la Justicia Electoral por parte del senador Ever Villalba.

“El presidente Hugo Fleitas no recurrió a la Justicia Electoral, reconoció que hay una mayoría y lo aceptó. El equipo de Ever Villalba reclamó, pero al final tanto este sector como el de Fleitas reconoció la existencia de la convención desarrollada”, aseguró Salinas.

El directorio del PLRA se había reunido para aprobar la última acta anterior, donde se reconocía lo resuelto por la convención liberal, de llamar a elecciones partidarias para el año que viene. Esto, por consecuencia, implica acortar el mandato de la autoridad actual.

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“Hoy se puede decir que habrá elecciones, eso es categórico. Vamos a esperar a que la Justicia Electoral se expida, pero también podría no hacerlo, lo cual también implicaría la realización de las elecciones; dependemos de la Justicia Electoral en estos momentos”, manifestó.

El congresista apostó por la realización de las elecciones partidarias, no solo para renovar a las autoridades del PLRA, sino también para contar con la consolidación que no posee Hugo Fleitas como actual presidente del partido. Manifestó que la nucleación política requiere de un mejor manejo.

“El partido merece una renovación. El presidente Fleitas no tiene legitimidad política, pese a que su posición sea legal; ya ha perdido mayoría y tampoco tiene respeto de nadie, por eso considero que las elecciones fortalecerán al partido”, subrayó el parlamentario.

Agregó además que la nueva dirección partidaria podrá preparar en tiempo y forma a la nucleación política, rumbo a las elecciones. Esto aparte de contar con la suficiente legitimidad política que hoy en día no poseen las autoridades actuales del PLRA.

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