La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se opone al proyecto de expropiación de la estancia Pindó, que resurgió en el Congreso Nacional. Algunos senadores del Frente Guasu insisten con la idea de entregar estas tierras ocupadas hace 9 años en Curuguaty, departamento de Canindeyú.
El abogado Diego Torales, miembro de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP, manifestó la posición del gremio ante esta iniciativa que resurge en el Senado. Este tipo de acciones vienen dándose por parte de un sector político que defiende las invasiones de propiedades privadas.
La idea inicial de la ARP es dar a conocer a la opinión pública la posición gremial. “El tema de Pindó no se tiene que aprobar la expropiación por varios motivos, uno de ellos es que todo eso era una reserva boscosa, hasta no hace más de 10 años”, explicó el abogado.
Además, mencionó que no hay plata para honrar la compra y también otros motivos que impiden que pueda darse esta expropiación. “Lo fundamental sería lo primero, no se puede expropiar algo que era una reserva, que cuenta con una resolución del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), declarando ser una reserva privada”, indicó.
En su momento, también la abogada Margarita Colmán, representante de la agroganadera Pindó SA, abogó por el rechazo del proyecto y aseguró que no existe ningún sustento legal para la expropiación de las tierras que llevan 9 años de invasión ilegal. No hay requisitos legales previstos para la expropiación, tanto en el Estatuto Agrario como en la Ley 716 “De Deforestación”, más la ley que criminaliza las ocupaciones e invasiones de tierra de carácter violento.
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