Este lunes 21 de octubre seguirá el juicio oral y público para Patricia Ferreira Pascotini, Nidia Godoy, de la firma Imedic S.A., así como el despachante de Aduana Néstor Ramírez, acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país.

El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel, para Nidia Godoy 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez la pena de 3 años de cárcel.

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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente los fiscales sostienen que se ha probado que los acusados falsificaron facturas para que pueda ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

La audiencia oral sigue este lunes con la exposición de los alegatos finales de cada uno de los abogados defensores de los procesados. Ya luego se producirá la réplica y duplica, palabras finales de los tres acusados y posteriormente el tribunal de sentencia que integran Laura Ocampos, Fabián Weinsensee y Cándida Fleitas podrán deliberar lo que será la sentencia de primera instancia.

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El senador Salyn Buzarquis planteó instalar un equipo transitorio dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y no ir directamente a unas elecciones internas para renovar sus autoridades, como busca un sector del partido. El legislador indicó que su postura es de respetar el Código Electoral y los plazos electorales.

“Yo lo que planteo como medida transitoria, primero, respetar el Código Electoral, la cuestión legal, armar un directorio de transición constituido por senadores, diputados, gobernadores con la estructura fuerte del partido, con líderes de fuertes y convocar en el plazo que dice la ley”, dijo el senador en entrevista a la 780 AM.

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Buzarquis refirió además que existe otro componente que imposibilita desdoblar las elecciones, adelantar la elección de sus nuevas autoridades y las internas para las municipales del 2026, que son los alquileres de las máquinas de votación que están a cargo de la Justicia Electoral.

“Hay otro elemento, la disponibilidad real de las urnas electrónicas, yo estuve conversando con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ellos no tienen la certeza en qué fecha se podrían tener las urnas (máquinas de votación)”, explicó.

Al respecto, indicó que se podrían contar con las máquinas recién para finales del 2025, por lo que serían tres elecciones consecutivas y el partido liberal no cuenta con los recursos económicos para solventarlos.

“Imagínense que se tengan las urnas para noviembre del próximo año y meses después tengamos las internas de las municipales, después las municipales, son tres elecciones en un año, y eso es muy costoso. El partido, como partido, no tiene los recursos para financiar el proceso electoral y debería ser únicamente la Justicia Electoral”, sentenció.

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El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, manifestó que la decisión del Gobierno en destituir a Osvaldo Bittar del cargo de embajador paraguayo ante el Líbano fue por la pérdida de confianza. El alto funcionario de Estado detalló que a los cinco días de asumir el cargo el diplomático solicitó vacaciones, situación que disgustó a la Cancillería.

“La causa real del término de funciones del embajador Bittar fue la pérdida de confianza del Gobierno nacional al no cumplir él con los estándares, con las condiciones esperadas de un embajador de la República del Paraguay. La causa fue que asumió el 31 de julio sus funciones y el 5 de agosto solicitó 30 días de vacaciones”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Verdún indicó que la Cancillería pidió a Bittar la postergación de sus vacaciones a la espera de la incorporación de un funcionario administrativo que pueda reemplazarlo durante el citado periodo, teniendo en cuenta que el encargado de negocios se encuentra con un procedimiento médico de alta complejidad.

“Esta es la verdadera razón. El enojo del embajador fue por la negativa o el pedido de postergación de sus vacaciones. Es inconcebible que un embajador y más aún en esa región tan delicada a los 5 días de asumir pida un mes de vacaciones. Ante esta situación el presentó un recurso de amparo solicitando las vacaciones, recurso que fue denegado por la justicia”, añadió.

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Según el diplomático, el conflicto con la Cancillería surgió por el corte administrativo que se debe realizar, por reglamento, al asumir como nuevo jefe de misión para deslindar responsabilidades en torno a las actuaciones de quien lo precedió en el cargo de embajador. Bittar añadió que el trámite debía cumplirse antes de proceder a desempeñar sus funciones, como la firma de pasaportes y otros documentos.

“Es un procedimiento administrativo y bajo ninguna circunstancia puede impedir el normal funcionamiento de una representación diplomática. La resolución que regula este procedimiento establece que el traspaso se debe hacer del funcionario saliente al entrante, no se pudo hacer el corte administrativo al momento de asumir Bittar el cargo porque el funcionario encargado estaba hospitalizado, en terapia”, indicó.

Asimismo Verdún acotó: “Se le explicó al embajador Bittar que el corte administrativo se realizaría apenas pueda incorporarse el funcionario o en todo caso se enviaría de Paraguay un equipo técnico para realizar el procedimiento. Él pretendía que apenas al asumir vaya todo un equipo de Cancillería para realizar un corte, el cual se dificultó un poco”.

El subsecretario de Estado siguió sosteniendo que “la Cancillería le autorizó por nota que proceda a atender a los connacionales hasta tanto se pueda enviar un equipo o se pueda hacer el corte con el funcionario saliente que estaba terminando su tratamiento”.

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Este lunes se llevó a cabo el corte administrativo en el Consejo de la Magistratura, con el cual se formalizó el proceso correspondiente al periodo 2023-2024, con la firma del acta de fiscalización de entrega y recepción.

Participaron en el acto el presidente entrante de la institución, el abogado Gerardo Bobadilla y el presidente saliente, el Dr. Gustavo Miranda Villamayor. Acompañó el acto, la Dra. Alicia Pucheta, miembro del Consejo de Magistratura, realizado en la sala de sesiones.

El corte administrativo se realizó conforme a la Resolución de la Contraloría General de la República (CGR) N° 1464/06 y se centró en asegurar el traspaso adecuado de las documentaciones para la entrega y recepciones de administraciones y giradurías de la gestión.

Esto para que los responsables de la administración entrante puedan tomar conocimiento de la información obrante en la institución y, en base a los datos proveídos por la administración saliente, se pueda efectuar una gestión basada en la eficiencia.

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La comitiva de funcionarios de la CGR estuvo integrada por Arnaldo Zarate, de la Dirección General de Control de la Administración Central, y los auditores Diego Núñez y Francisco Darío Giménez. También estuvieron presentes directivos del área administrativa y auditoría interna del Consejo.

Aparte del corte administrativo, también se brindó un homenaje a la memoria del magistrado Rodrigo Escobar, con un minuto de silencio ante el fallecimiento de quien se desempeñaría como miembro del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, del Poder Judicial.

Escobar habría sufrido un infarto que causó su deceso y ante el acontecimiento, sus familiares, colegas y amigos lo destacaron como “una persona respetable que honró la magistratura paraguaya durante muchos, y que siempre fue un ferviente defensor de las ideas de libertad”.

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