El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos defendió el plan de gastos 2025 elaborado íntegramente por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña ante posicionamientos que sostienen que el presupuesto refleja una inoperancia y no presenta cambios significativos en relación con los anteriores.

Fernández Valdovinos dijo que la administración de Peña apunta a tener una evolución “ordenada, constante, permanente. Nosotros nos hemos caracterizado en términos económicos y sociales de tener políticas que son sostenibles en el tiempo”.

El alto funcionario de Estado mencionó que en el plan de gastos previsto para el próximo año sí se observan cambios relevantes en las políticas que la población reclama, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad.

“Me parece que existe un desconocimiento total de lo que es el presupuesto. Por qué se desconoce el hecho de que a partir del año que viene el 100 % de los niños tienen garantizado el desayuno, almuerzo o merienda. Tenemos los fondos ya disponibles para un programa gigantesco que son más de USD 300 millones”, refirió en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Valdovinos señaló que otro de los puntos destacados en el área de la educación guarda relación con el aseguramiento de recursos para el salario mínimo profesional, el escalafón docente y la adquisición de kits escolares para que nuevamente lleguen a tiempo y forma.

Asimismo siguió sosteniendo que “Tampoco se puede ignorar que nosotros estamos garantizando para este año un monto récord para la ejecución para la compra de medicamentos. El Ministerio de Salud Pública tendrá USD 325 millones más. Nunca se tuvo un monto tan grande para la compra de medicamentos”.

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En materia de seguridad detalló que se encuentra totalmente asegurado el presupuesto para 5.000 nuevos efectivos policiales que ya operarán a partir del 2025. Agregó que además está garantizado el financiamiento para instruir a otros 5.000 más.

El ministro resaltó que otro de los puntos importantes que diferencia al presupuesto presentado por el gobierno de Peña de los demás planes de gastos es el hecho de “bajar el déficit de 2,6 % al 1,9 % del Producto Interno Bruto. Esto implica alrededor de USD 300 millones de gasto menos. A pesar de gastar menos, estamos distribuyendo mucho mejor”.

Detalló a la vez que el 70 % de los impuestos anteriormente estaban siendo destinado al pago de salarios. “A pesar de darle más salario al sector de la educación y a los médicos el total de impuesto destinado al salario ha caído al 52 %”, sentenció.

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La futura sede del juzgado de primera instancia de Capiatá avanza y ya se encuentra en etapa final, por lo que en meses ya podría culminar la obra. El ministro superintendente del departamento Central, Eugenio Jiménez, realizó días atrás una visita para verificar los avances en la construcción en la futura sede judicial de la mencionada ciudad.

Esta nueva sede albergará los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Civil, Laboral, y Niñez y Adolescencia, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y mejorar el acceso a la Justicia, en línea con los objetivos de la Corte Suprema de Justicia.

La obra culminada tendrá una superficie de 10.899 m2 y la apertura de dichos juzgados permitirá facilitar aún más el anhelado acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía de la Circunscripción Judicial de Central, con lo que se cumplirá el mayor objetivo trazado por el máximo tribunal de la República, en el marco de la política de dotar de mejor infraestructura a todo el sistema judicial.

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La Corte Suprema de Justicia tiene prevista la construcción de la nueva sede del juzgado de primera instancia de la ciudad de Fernando de la Mora. La obra cuenta con una superficie de 15.210 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán a los Juzgados de Primera Instancia Penales, Civiles y Comerciales, Laborales, Penales Adolescentes y de Niñez y Adolescencia; cuatro tribunales de sentencias, cuatro salas de juicios orales, órganos de apoyo jurisdiccional, dependencias administrativas de seguridad y servicios.

En otro bloque independiente al principal de dos niveles funcionarán dos Juzgados de Paz y programas de apoyo como un salón múltiple para cien personas y una cafetería. Igualmente, contará con estacionamientos diferenciados. La nueva sede estará ubicada sobre la calle Jerusalén y Humaitá, de la ciudad de Fernando de la Mora.

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La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.

El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.

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La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.

“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.

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En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.

Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.

Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, manifestó que en el transcurso de esta semana se prevé la llegada del canciller brasileño Mauro Vieira a la ciudad de Asunción, con el fin de analizar la posibilidad de extender el plazo para la concreción de la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú.

“Extender el plazo es lo más probable, es uno de los temas principales de la agenda. Quizás hayamos sido muy exagerados al querer terminar un proceso tan complejo en prácticamente 6 meses. Las condiciones están dadas para que nos sentemos con nuestro socio comercial y marquemos un nuevo vencimiento. Esto es normal en la negociación y estaba dentro del mazo de cartas”, manifestó en entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giménez señaló que la propuesta de extender el plazo es avalada tanto del gobierno de Santiago Peña y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. “Estamos colocando sobre la mesa realidades, en una negociación compleja es mejor tener más tiempo”, remarcó el secretario de Estado, quien también se desempeña como consejero en la entidad binacional.

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Tras el acuerdo histórico concretado en mayo pasado referente al establecimiento del precio de la tarifa de Itaipú a USD 19,28 hasta el 2026, ambos países habían establecido el 31 de diciembre de este año como fecha límite para finalizar la revisión del Anexo C de la hidroeléctrica.

El tratado de la Itaipú fue el instrumento jurídico-diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973, entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentra definida la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

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