La Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, solicitó en la fecha informes a la Dirección Nacional de Aduanas, dirigido por Julio Fernández, ante el proceso que inició la institución luego del robo de un cargamento incautado por valor de 3 millones de dólares, que finalmente terminó siendo rematado a un bajo costo.
Al respecto, Mario Florenciáñez, director de gabinete de la institución de control, manifestó que entre lo solicitado están una serie de documentaciones, sobre un sumario y todo lo referente a la incautación que deberán ser remitidas dentro de un plazo de 5 días.
Por otra parte, agregó en comunicación con la radio 730 AM que, contando con el informe solicitado, las documentaciones serán remitidas a la Dirección de Control Gubernamental y a la Asesoría Jurídica. El proceso luego continuará con el envío de dichas documentaciones a Contrataciones o Asuntos Descentralizados para una fiscalización o auditoría.
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El caso desató un gran conflicto entre Fernández y el senador Martín Arévalo, del Partido Colorado, teniendo en cuenta que el funcionario de Estado impulsó una denuncia contra el legislador ante el Ministerio Público por tráfico de influencias tras acusarlo de hacer lobby por la carga ilegal perteneciente al empresario Ahmad Khalil “Armando” Chams.
A la par, Fernández ventiló diversas solicitudes que le fueron realizadas por Arévalo para colocar a un grupo de personas en puestos claves dentro de la institución. Por su parte, el colorado calificó al titular de Aduanas como un corrupto sosteniendo que fue perseguido políticamente tras denunciar el robo de la mercadería en el pleno de la Cámara Alta.
El colorado agregó a la vez que solo intervino en el caso tras el pedido realizado por el abogado del empresario Horacio Galeano Perrone, quien con su cliente lo había visitado en su despacho para formular la denuncia por el robo del cargamento.