En la Cámara de Diputados fue presentado el proyecto de ley “que modifica y amplía la Ley Nº 3966/2010, Orgánica Municipal, y sanciona la omisión de respuestas a los pedidos de informes solicitados por los ciudadanos, la Junta Municipal y/o los concejales municipales al intendente municipal”.
Esta iniciativa establece sanciones de costas y multas para los administradores municipales, tanto intendentes como presidentes de la Junta Municipal o concejales, en el caso que no respondan a los pedidos de informes requeridos por ciudadanos. El proyecto está siendo impulsado por la diputada Kattya González.
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De acuerdo con el planteamiento, la omisión de respuesta por parte de las autoridades municipales será considerada como mal desempeño en sus funciones. Además, se establece que el juez competente, ante quien se solicite el amparo de acceso a la información pública, deberá imponer las costas al intendente y/o al presidente de la Junta Municipal.
También estipula la aplicación de una multa de entre 50 y 300 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital, a más de las costas. El monto resultante de esta multa, se establece, será destinado al fortalecimiento de las conserjerías municipales (Codenis).
El proyecto refiere además que las costas y multas generadas por la omisión de dar respuestas a los pedidos de informes solicitados serán abonadas por el intendente municipal y/o por el presidente de la junta municipal, y descontadas de sus dietas de manera inmediata, a los efectos de ser transferidas a las codenis para el cumplimiento de su rol misional.
Para la diputada Kattya González, proyectista, el objetivo de esta iniciativa es incluir sanciones correspondientes, ante la ausencia de una respuesta efectiva a los pedidos de informes realizados al titular del municipio, dentro del plazo establecido. “Esto representará un avance en cuanto al establecimiento de mecanismos de control efectivos dentro de los cuales la ciudadanía podrá ampararse y, de esta forma, robustecer a nuestra democracia”, apuntó.
González refirió además que la Ley Orgánica Municipal presenta un vacío legal que otorga la negación “sin justa razón” por parte de las autoridades de los municipios para dar los informes requeridos o solicitados, dejando al descubierto la “ominosa incompetencia voluntaria que violenta la salud de la democracia en el país”, de acuerdo al documento presentado.