Empresarios fronterizos se oponen a la intención de decretar el estado de excepción en el departamento de Amambay, azotado por el crimen organizado. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero, Víctor Barreto.

“Nosotros ya tuvimos una reunión con directivos, legisladores y estamos en contra, no queremos que se decrete estado de excepción”, dijo hoy martes a la 650 AM, al tiempo de anunciar que en los próximos días darán a conocer, mediante un comunicado, la postura oficial del gremio.

Afirmó que de aprobarse el proyecto de ley que obra en el Senado, afectará gravemente la economía de la zona. “Ya tuvimos experiencia y esto no resulta. Hoy, traer por 60 días esto va a fundir la economía, ahora nos estamos restableciendo de a poquito”, indicó.

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Recordó que primero instalaron la comisión de seguridad ciudadana y ahora con la figura del estado de excepción se tocará a personas de bien. “Se conformó la comisión de seguridad ciudadana, esa fue la idea que nos vendieron la semana pasada y ayer el senador dijo para hacer esto. Le van a atajar a personas de bien”, puntualizó.

El senador liberal Blas Llano presentó el proyecto que pretende declarar el estado de excepción en el departamento de Amambay como consecuencia de los últimos hechos de violencia que se registraron en esa zona del país.

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“Los servidores públicos tenemos el deber ético y moral de responder con todas nuestras fuerzas a los hechos que atentan contra la vida de la República, por ello asumimos el compromiso de luchar contra uno de los peores enemigos, el narcotráfico”, argumentó, en la exposición de motivos, el legislador del PLRA.

De acuerdo al proyecto de ley, el estado de excepción se extenderá por el periodo de 60 días en todo el departamento de Amambay, “a fin de que el presidente de la República arbitre de inmediato todos los mecanismos administrativos, legales y constitucionales a su alcance para disponer que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conjunta o separadamente, se aboque sin demora alguna al restablecimiento del estado de derecho en el departamento”.