El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó que Paraguay fue electo miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con un total de 185 votos de 193 Estados miembros.
Al respecto, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter sostuvo que dicha decisión es “un gran logro de nuestra diplomacia, para posicionar la defensa de los derechos humanos conforme a la visión marcada en nuestra Constitución”.
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El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.
Tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la oficina de la ONU en Ginebra.
Los miembros son elegidos por mayoría en la Asamblea General y la composición se distribuye entre los grupos regionales de las Naciones Unidas como sigue: 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, 7 por Europa occidental y otros grupos, y 6 por Europa Oriental.
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“Hay falsedad” en pedido de Abdo para el desafuero
El senador Gustavo Leite se refirió al desafuero de Mario Abdo Benítez, que finalmente no se trató el pasado miércoles en la sesión del Senado, a pesar del pedido del propio exmandatario, pero que siguió blindado por legisladores de la oposición. El parlamentario señaló que existe “una falsedad” en la supuesta intención del senador vitalicio de someterse a la Justicia en el caso de filtración de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), cuya imputación fue informada por la Fiscalía en marzo de 2024, mientras la causa viene soportando decenas de chicanas.
“Evidentemente, hay un discurso que nos deja un poco perplejos, porque si Gustavo Leite pide ser desaforado y luego los que responden a Gustavo Leite, o los allegados o los concertados con Gustavo Leite, no piden que le saque el fuero a Gustavo Leite, quiere decir que hay una falsedad en el proceso”, dijo el senador al programa “Así son las cosas”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
CONTUNDENTE ACUSACIÓN
Un día después de que la Fiscalía formuló una contundente acusación contra siete exfuncionarios leales del gobierno de Abdo, el exmandatario se vio presionado a anunciar, a través de un video publicado en redes sociales el pasado 12 de marzo, que exigiría el despeje de sus fueros legislativos para responder ante la Justicia por la persecución política durante su mandato. Sin embargo, sus aliados de la oposición pusieron trabas a la voluntad manifestada, pidieron que el caso se derive a comisiones asesoras y que Abdo acuda al Congreso para explicar su pedido, pese a que sus abogados ya habían acudido el año pasado para realizar esta misma maniobra.
El pedido de desafuero, que ya se encuentra hace un año en la Cámara Alta, será tratado la próxima semana, informó el senador Basilio Núñez. Mientras tanto, Leite señaló: “Se trata el día que haya votos, pero también él (Abdo) queda desgastándose como una persona mentirosa o poco fiable, ya sabíamos que es poco fiable, es la propia víctima de su victimización, porque el único que se quiere victimizar es él y nadie lo está victimizando”.
Por otra parte, el senador comentó que existe un proceso de acusación que irá a un juicio oral y público, contra los exfuncionarios y excolaboradores de Mario Abdo en su gobierno, y ese proceso se debe llevar adelante hasta aclarar estos hechos. “La gente va a poder saber si es que levantaron o no los cargos en su contra, si lo levantan son inocentes y si no lo levantan terminarán presos, así funciona”, refirió.
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La cronología de la sumisión de Abdo
El expresidente Mario Abdo Benítez, quien decía emocionarse cuando Jair Bolsonaro lo llamaba Marito, causó perjuicio a los intereses del país en Itaipú, al permitir reducciones consecutivas de la tarifa, dos de ellas inconsultas. Esto, además del acta bilateral secreta que casi le costó el cargo y del espionaje ordenado por Bolsonaro, también durante la era abdista.
En agosto del 2022, la tarifa de Itaipú de ese año, consensuada por Bolsonaro y Abdo, bajó de 22,60 Kw/h a 20,75 Kw/h, lo que se calificó como una tarifa intermedia, por situarse cerca de las posiciones pretendidas por ambos países. Sin embargo, desde enero hasta agosto del 2022 (mes en que se llegó a un consenso de partes) Brasil pagó lo que quiso, es decir, USD 18,90, con el argumento del descenso de la deuda.
Demostrando la sumisión de “su amigo Marito”, o por la inutilidad de su par de hacerse respetar, Bolsonaro repitió la jugada al año siguiente, anticipándose de un plumazo en diciembre del 2022, mediante un decreto que estipulaba una nueva reducción de la tarifa, esta vez, quedando en USD 12,67, en una decisión unilateral que no halló respuesta de Abdo.
La actitud entreguista comenzó mucho antes: el 24 de mayo del 2019 fue firmada el acta bilateral entre Paraguay y Brasil para la contratación de energía entre Itaipú y Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras). El contenido contemplaba sobrecostos de unos 250 millones de dólares, perjudiciales para el Paraguay, según los antecedentes.
El documento vio la luz meses después y fue conocida como el “acta secreta entreguista”. El caso derivó en un inminente juicio político contra Marito, que, de hecho, estuvo a punto de concretarse, hasta que Jair Bolsonaro comunicó la anulación del acta el 1 de agosto del 2019. Lo hizo ante la inminente destitución de su par paraguayo y amigo, al que salvó con esta decisión.
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En conversatorio virtual hablaron de las bases del PNDP 20250: tecnología para reducir burocracia
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo un conversatorio virtual que reunió a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Paraguay en la construcción de un Estado moderno, eficiente y centrado en la ciudadanía.
Esto se dio en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay (PNDP) 20250. Uno de los temas principales que abordaron fue sobre cómo potenciar la digitalización para transformar la gestión pública, destacando cómo la adopción de tecnologías puede reducir la burocracia, agilizar los procesos administrativos y mejorar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.
Se subrayó la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Planificación, así como de mejorar la coordinación entre el gobierno central y los locales para avanzar hacia una descentralización efectiva. Además, se discutieron las nuevas formas de trabajo colaborativo dentro del sector público, alineadas a los cambios tecnológicos y sociales que redefinen las competencias del funcionariado público.
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La reunión se dividió en dos días. En la segunda jornada se centraron en hablar sobre la importancia de construir una gestión pública basada en evidencia, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. Resaltaron el papel estratégico de los datos y las estadísticas en la formulación de políticas públicas, destacando el uso de registros administrativos como insumos clave para la planificación y la toma de decisiones informadas.
La viceministra de Capital Humano, Andrea Picasso, compartió los avances en las reformas que se vienen impulsando desde el Estado, incluyendo los procesos de fusión institucional, los desafíos normativos y las transformaciones orientadas a optimizar la gestión del talento humano y los servicios públicos.
El MEF informó que este encuentro promovió una reflexión conjunta sobre los cambios estructurales necesarios para consolidar una gobernanza más abierta, adaptativa y eficiente con miras al 2050. Las sesiones contaron con la participación activa de representantes de diversas instituciones públicas y especialistas nacionales e internacionales, quienes coincidieron en la importancia de construir una visión compartida sobre el futuro del Estado.
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Este conversatorio se suma a otros espacios de participación y construcción colectiva del PND, que incluyen diálogos temáticos desarrollados previamente sobre capital humano, energía y salud; talleres en territorio y espacios virtuales con la ciudadanía; y mesas de trabajo con Organismos y Entidades del Estado (OEE), reafirmando el compromiso de construir un plan participativo.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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