El entorno de Miguel Prieto, quien resultó reelecto intendente en Ciudad del Este, ha estado estrechamente vinculado de manera directa o indirecta a hechos delincuenciales y de corrupción, que incluso llevaron a medios de comunicación del Brasil a afirmar que presuntamente la comuna esteña estaría siendo utilizada como base de operaciones para proveer de armas a la facción criminal Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro.
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A comienzos del mes de diciembre del 2020, en un operativo conjunto entre agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil lograron capturar a Pedro César Prieto, considerado como un elemento clave para la provisión de armas de guerra al Comando Vermelho desde la Triple Frontera.
De acuerdo a varias fotografías que circularon inmediatamente después de su arresto, Pedro César Prieto, que se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, aparecía muy cercano al intendente Miguel Prieto en varias actividades compartidas.
Repartija de licitaciones
En setiembre pasado, una investigación del Grupo Nación descubrió un sistema de repartija de licitaciones y pago de coimas que quedó expuesto tras una filtración de audios que revelaron la manera en que otro de los hombres de confianza de Miguel Prieto, Pedro Acuña, recibía millonarias coimas de recompensa en la discrecional adjudicación de la costanera Ñande Renda.
En diciembre del 2019, la Municipalidad de Ciudad del Este firmó un contrato por G. 11.524.728.822 con el consorcio Ñande Y Potî, de Enrique Vázquez, para la construcción de la costanera Ñande Renda.
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La adjudicación, desde el inicio, llamó la atención, dado que la oferta presentada por Ñande Y Potî no era una de las más bajas; sin embargo, pudo alzarse con el millonario contrato. Más tarde, los audios revelaron el mecanismo en el que aparentemente se cocinó esta licitación.
Propinas millonarias
Según las conversaciones filtradas, el negocio se armaba de esta forma, la municipalidad adjudicaría esta licitación a favor de Ñande Y Potî a cambio de que Vázquez entregue millonarias “propinas”, las que fueron recibidas por Pedro Acuña, de acuerdo a las mismas conversaciones filtradas.
Miguel Prieto ganó la intendencia en el 2019 tras la renuncia de Sandra McLeod de Zacarías y rápidamente se alió con sus opositores y pactó con los “zacariístas extorsionadores” (como los calificaba) que se pusieran a su disposición tras llegar a un acuerdo respecto a sus exigencias: contrataciones de recomendados en la municipalidad, muchos de ellos planilleros, y el pago de un porcentaje de dinero por cada obra licitada y ejecutada.
Malversación en impuestos inmobiliarios
Según datos manejados por la Contraloría Ciudadana de la capital del décimo departamento, entre los años 2016 y 2018, la administración de los Zacarías malversó unos G. 36 mil millones de los fondos correspondientes a impuestos inmobiliarios, entre otros. Pero el gobierno de Miguel Prieto en un solo año desvió más de G. 7 mil millones, según el ente contralor local.
Miguel Prieto, con varias denuncias por irregularidades en su administración en el transcurso de la crisis sanitaria y económica por el COVID-19, buscó evadir las acusaciones manifestando sentirse un “perseguido político”.
El caso de Tía Chela de la Municipalidad de Ciudad del Este, que ya fue denunciado un año atrás por varios medios ante posible sobrefacturación en adquisición de alimentos para personas de escasos recursos y cuyo proceso duerme en la Fiscalía, resultó ser una gran parodia de licitación, tal como lo constató un equipo de investigación del Grupo Nación. El electo intendente Miguel Prieto blanqueó el proceso con invitaciones a firmas de papá e hijo.
El que más robó en pandemia
Pedro Alliana, titular del Partido Colorado, acusó a Miguel Prieto de ser el intendente que “más robó en pandemia” y el candidato del PLRA, Iván Airaldi, dijo que la administración de Prieto está cargada de irregularidades, anunciando además que presentarán nuevas denuncias que recibieron de manera anónima.
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Una de ellas es sobre una licitación donde sospechan de un direccionamiento en la adjudicación para obras de pavimento de 141 lotes de empedrados en diferentes barrios de Ciudad del Este.
La Contraloría General de la República (CGR) anunció días pasados que se abrirían dos fiscalizaciones paralelas a la Municipalidad de Ciudad del Este tras conocerse el esquema de negociados en las compras COVID-19 de alimentos, revelado en una investigación de La Nación.