El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aún está pendiente de remitir al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) la resolución sobre la suspensión de las elecciones para la renovación de autoridades. No obstante, el senador Dionisio Amarilla manifestó que serán respetuosos de lo que decida esta institución y esto no significa que dé marcha atrás en sus pretensiones de liderar su partido.

“Las aspiraciones de presidir el partido no pueden ser tan livianas y que caigan por el solo hecho de haberse suspendido el proceso electoral, muy por el contrario, esto nos permite encarar otras tareas en este caso en el legislativo”, afirmó el parlamentario, quien dejó en claro que su postulación nació a partir del visto bueno de un equipo nacional.

Amarilla indicó que por esta razón, él y su movimiento, evaluarán los pasos a seguir, pero recién una vez que haya una discusión al interior del Partido Liberal sobre un nuevo calendario electoral. Cabe mencionar que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) ya había diseñado un cronograma para las elecciones que tenían como fecha el 17 de agosto, sin embargo, este sufriría modificaciones.

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“Somos respetuosos de las instancias instituidas en la arquitectura constitucional, y en ese sentido, si el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha establecido que las elecciones no pueden realizarse porque hay una ley que les ordena, no solamente administrar las elecciones generales, recurriendo al uso de la tecnología, sino también a los partidos políticos, bueno, esperaremos que el partido convoque para discutir este tema”, añadió.

En conversación con diversos medios de prensa, Amarilla aseguró que participará de la discusión al interior del partido en torno a las elecciones, puesto que consideran clave la renovación de autoridades para la recuperación del PLRA, el cual logró su peor resultado electoral en los últimos comicios del 2023 y apuntan a lograr mayor fuerza, tanto en las municipales del 2026 como en las generales del 2028.

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El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, dijo ayer que es un convencido de que una Concertación Política tiene que elaborar su propio padrón para sus comicios a fin de elegir a sus futuros can­didatos a cargos nacionales. Indicó que particularmente su postura es la no utilización del Padrón Nacional.

“Nosotros en su momento, en las elecciones generales pasa­das, tuvimos que expedir­nos por resolución judicial, la Justicia Electoral se expi­dió en una sentencia donde dos ministros votaron en el sentido de que se puede usar el Padrón Nacional y yo par­ticularmente voté en disiden­cia”, recordó el presidente del órgano electoral.

Manifestó que, “considero que el Padrón Nacional no es aplicable a un sistema de interna cerrada como es el sistema electoral paraguayo.

Yo estoy convencido de que se tiene que elaborar un Padrón para la Concertación basado en los padrones de todas las fuerzas que quieren concer­tarse”.

Las declaraciones del presi­dente del TSJE fueron ver­tidas al ser consultado sobre la decisión del Senado de aprobar el pasado miércoles con modificaciones el pro­yecto “Que modifica la Ley n.° 3212/2007 ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”. El proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Jaime Bes­tard, confirmó ayer que fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Indicó que con esta medida facilita la continuación del proceso normal de la licita­ción, luego de que se recha­zaran algunas protestas al proceso.

Luego mencionó que el pre­cio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las pro­puestas que hacen las empre­sas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, Bestard recordó que cuando se puso en vigencia la Ley n.° 2318, que establece la lista desblo­queada y el uso del voto elec­trónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

Bestard dijo que en el estu­dio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 pro­cesos electorales, en los que se podría dar uso las máqui­nas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máqui­nas, donde para esas eleccio­nes costó casi 59 millones de dólares. Por eso considera­mos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Ade­más, nos convertimos en los propietarios de las máqui­nas”, indicó.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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