El diputado Sebastián Villarejo, de Patria Querida, cuestionó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) bajo el argumento de violar la independencia judicial al haber destituido de forma arbitraria a los exministros de la Corte Suprema de Justicia Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron separados de sus cargos vía juicio político en el 2003.
El parlamentario calificó de una “intromisión” por parte del organismo internacional sobre la Constitución Nacional paraguaya, sobre un proceso establecido en la misma, el cual fue cumplido en el juicio político contra los exmagistrados. “Creo que es una intromisión directa a las facultades constitucionales de órganos establecidos en el Paraguay. El juicio político está establecido en la Constitución Nacional”, criticó.
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Asimismo, sostuvo que Paraguay debe actuar ante esta condena de la Corte de DDHH haciendo respetar a la propia Constitución. “Que esta Corte haya hecho eso, yo creo que es un problema serio, creo que Paraguay tiene que saber cómo actuar al respecto y recordemos que más allá de tratados internacionales, en nuestra pirámide en primer lugar se tiene la Constitución Nacional”, argumentó.
Villarejo sostuvo que en el proceso del juicio político contra Ríos Ávalos y Fernández Gadea en ese periodo se cumplieron todos los pasos, tal como en muchos otros casos que han ocurrido a lo largo de la democracia en el país.
“Tenemos que entender que el juicio político tiene una razón fundamental en la Constitución, que es para el equilibrio de poderes y el mecanismo a través del cual el Poder Legislativo controla a los otros dos poderes, así como los otros dos poderes tienen mecanismos de control sobre el Legislativo, como son el veto y la inconstitucionalidad”, dijo.
Por otra parte, mencionó que no corresponde la indemnización a los exministros y que se debe defender tanto a la Constitución como a los organismos de poder que cumplen con todos los procesos establecidos, como se dio en este caso.
“No corresponde (indemnizar). Nosotros debemos defender a la Constitución Nacional y el funcionamiento institucional de nuestros poderes del Estado en lo que respecta justamente a este tipo de caminos y este tipo de instituciones jurídicas que existen siempre y cuando se cumplan evidentemente los requisitos constitucionales, y eso ha ocurrido claramente”, puntualizó.