La senadora Blanca Ovelar habló durante la sesión de la Cámara Alta de este jueves sobre la problemática que se da por las tierras y la violenta movilización de indígenas frente al Congreso Nacional por el proyecto de ley que eleva las penas en los casos de invasiones a inmuebles, ya promulgado por el Poder Ejecutivo.
En este sentido, la legisladora mencionó que existe un problema de fondo que es la falta de una política clara del Gobierno y de coordinación entre las instituciones del Estado para dar soluciones concretas a las situaciones de conflictos y a las necesidades en el campo.
“El gran problema que tenemos es la gerencia intergubernamental, aquí cada institución se corta sola y quiere hacer las cosas como entiende, el Indert quiere hacer escuelas, quiere hacer pozos; por otra parte, Senacsa también quiere hacer pozos, las gobernaciones, el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos un solapamiento de superposición y no hay una clara política de Estado en la que se coordine con las instituciones para abordar integralmente la problemática”, cuestionó.
Igualmente, la senadora recordó la creación de una ley de defensa a la agricultura familiar, que creó un viceministerio para este fin; sin embargo, la instancia estatal no funcionó.
“Es insuficiente la respuesta institucional del Estado para el abordaje de esta temática, pero yo quiero recordar que en la ley de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina hemos creado el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina y una de sus funciones es el banco de tierras, que tiene que coordinar con las instituciones”, sentenció.
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Agregó además que esa ley cuenta con herramientas nuevas que pueden ser utilizadas, desde una gestión eficiente para coordinar los esfuerzos institucionales del Estado, a modo de garantizar los derechos en contraposición.
“Aquí hay derechos que están contrapuestos y la Constitución tiene que garantizar el derecho para todos”, apuntó.
Por otra parte, lamentó los hechos violentos que se registraron en los últimos días. “Rechazo profundamente la violencia, no es el camino. Las enormes dificultades para gobernar un país, tremendamente desigual, se perciben en este acto donde por una parte hay un derecho constitucional de respeto a la propiedad privada y por otra, el derecho de los paraguayos a acceder a una parcela para poder trabajarla”, puntualizó.