Padres y alumnos del colegio Asunción Escalada de Asunción realizan una manifestación este miércoles en reclamo de la falta de 30 docentes para diferentes asignaturas, a raíz de vacancias masivas en diferentes áreas. Llegarán hasta la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para exigir una respuesta inmediata a las autoridades.

Los manifestantes alegan haber planteado reiteradamente sus quejas, sin obtener respuesta del Ministerio, lo que generó inconvenientes en el desarrollo de las clases.

“El año pasado tuvimos Castellano después de las vacaciones de invierno. Y mi hija, en Matemáticas no está teniendo el rendimiento que debiera, una de las materias más importantes. Entonces, por eso ya me vi en la necesidad de llamar a una manifestación”, dijo Nancy Díaz, madre de familia.

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Para paliar el déficit de profesores, los padres apelan a la ayuda de maestros particulares a fin de que los alumnos puedan aprender y estar en condiciones de aprobar los exámenes.

“Ahora mismo nosotros nos vimos en la necesidad de contratar maestro de Matemáticas que el día de hoy va a estar comenzando a dar clases. Los padres juntamos para poder absorber ese gasto. Pero solamente en Matemáticas, tenemos dos profesores más que nos faltan”, afirmó.

La señora comentó que presentarán una nota a las autoridades del MEC y aguardan que en esta ocasión sus planteamientos sean atendidos ante la urgencia del caso.

“En las materias del técnico que son taller industrial, análisis, tecnologías, también nos faltan profesores guías. Eso también es súper esencial para el colegio. Vamos a marchar, vamos a procurar que lleguen un poquito más los padres que se están asomando. Y cuando los chicos terminen ahí su sentata nosotros vamos a marchar al Ministerio, para exigirles ya una respuesta”, puntualizó.

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• Sao Paulo, Brasil. AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encabezó este domingo una manifestación en Sao Paulo, la primera desde que la corte suprema decidiera enjuiciarlo acusado de liderar un complot para dar un golpe de Estado. El líder de extrema derecha fue la cabeza visible de una manifestación para pedir una amnistía a los condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023, poco después de que Bolsonaro terminara su mandato. El propio exmandatario (2019-2022) enfrentará un juicio por una supuesta trama golpista tras las elecciones de octubre de 2022.

Según la fiscalía, Bolsonaro buscó el respaldo de las fuerzas armadas para impedir la asunción de su sucesor en la presidencia, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, que podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable, se declara inocente y dice ser un “perseguido”. “La presencia del pueblo en la Paulista será un termómetro para la amnistía”, dijo esta semana a la radio local AuriVerde Brasil, afín al bolsonarismo.

Dos horas antes del inicio del acto, los manifestantes se congregaban sobre la Paulista, casi todos vestidos con camisetas de la selección de fútbol de Brasil, apropiada como símbolo por el bolsonarismo. El exmandatario reclama que el Congreso apruebe una amnistía para los condenados por la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, pocos días después de la asunción de Lula. Bolsonaro se encontraba en ese momento en Estados Unidos.

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Este domingo varios manifestantes llevaron a la marcha lapices labiales, un nuevo emblema del bolsonarismo alusivo a Débora Rodrigues, una mujer que estuvo en prisión preventiva durante dos años por participar en la asonada del 8 de enero y pintar con un labial una estatua frente al Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro afirma que Rodrigues, conocida como “Débora del labial” y ahora en detención domiciliaria, es víctima de una “injusticia”, como muchos otros procesados por los hechos del 8 enero. “Usar esa arma te condena 14 años”, ironizaban varios manifestantes en sus carteles con labiales.

“Estoy aquí para pedir por compatriotas que fueron injustamente presos. Quiero un Brasil mejor para mi hija, sin gobiernos que roben. Bolsonaro no robó y por eso lo persiguen”, dijo a la AFP Derlaine Costa, una empleada doméstica de 43 años que asistió a la marcha con su hija de 12.

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La corte suprema condenó a más de 500 personas por esa asonada, la mayoría por delitos graves como intento de golpe de Estado. La leyenda “Amnistía ya” acompañaba fotos de los condenados por los hechos de enero de 2023. “¡No hubo golpe!”, entonaba el público al ritmo de una banda de percusión. Hasta ahora, el bolsonarismo no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para concretar una amnistía.

La manifestación en Sao Paulo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, servirá para medir la fuerza política de Bolsonaro, quien está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral. Pese a su inhabilitación, Bolsonaro, de 70 años, insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que no se puede descartar que la operación de espionaje impulsada por el Brasil contra Paraguay, en el marco de la negociación de la tarifa de Itaipú, haya tenido la complacencia del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Núñez manifestó que la administración abdista actuó siempre en detrimento a los interés del Paraguay. Para sustentar sus afirmaciones, recordó el fallido acuerdo secreto sobre Itaipú, que guardaba relación con la adquisición de energía eléctrica.

“En el 2019 hubo un conato de traición a la patria, donde supuestos emisarios por poco no vendieron nuestra soberanía energética. Con este antecedente siempre hay que pensar lo peor, pudo haber hasta cierta connivencia con el gobierno anterior y no un espionaje a ciencia cierta”, sostuvo a los medios de comunicación.

El nefasto acontecimiento generó una profunda crisis política y social, surgiendo incluso la primera amenaza de juicio político contra Abdo y su entonces vicepresidente de la República, Hugo Velazquez, cuando apenas llegaban a su primer año de gobierno.

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De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación de hackeo fue eje­cutado por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Hay mucha tela que cortar y se debe investigar. Se debe pedir mediante el ministerio de Relaciones Exteriores, informes, explicaciones al Brasil para saber que sucedió, pero yo no descarto que haya existido una connivencia del gobierno anterior”, remarcó Núñez.

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La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

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