El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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Jorge Galeano, líder del Movimiento Agrario Popular (MAP) y uno de los principales respon­sables de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), informó este lunes que no participarán de la marcha convocada por los partidos y movimientos de la oposición en contra del gobierno de Santiago Peña y del movimiento Honor Colorado. Aseguró que su sector se moviliza en base a una agenda trabajada y no a simples plagueos.

“Nosotros creemos que siempre existirá el oportunismo político, los aprovechadores. Quiero aclarar que nosotros no participaremos de la convocatoria política. Siempre tenemos propuestas coordinadas, concretas, basadas en análisis, no nos vamos de manera improvisada para realizar plagueos, sino para que nuestra movilización tenga sentido”, dijo al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La marcha impulsada por la oposición se encuentra prevista para el próximo miércoles 26 bajo el eslogan “Unidos por el Paraguay”. Los sectores políticos buscan aprovecharse de la tradicional marcha campesina, realizada cada año con el fin de incitar a otro “Marzo Paraguayo”.

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“Nadie se aprovechará de nosotros, tenemos nuestras críticas y autocríticas. No vamos a ciegas detrás de nadie. Nuestras propuestas son trabajadas, basadas en las estadísticas y los datos actuales sobre el campesinado en el Paraguay”, remarcó.

Detalló que sus reivindicaciones se centran principalmente en la reforma agraria del Paraguay, que no solo debe enfocarse en la entrega de títulos de propiedad. “Debe centrarse también en el trabajo digno, la educación y el acompañamiento a la producción”, comentó.

Asimismo, Galeano recordó que durante la época de movilizaciones continuas jamás recibieron el respaldo político por parte de los sectores denominados progresistas. “Nunca pudimos obtener una visita, un respaldo de los políticos que se declararon progresistas en aquel tiempo, desde el 2016 hasta el 2020, donde nosotros tuvimos 4 años de movilización continua. No pudieron ellos avanzar con nosotros desde los espacios políticos que ocupaban”, refirió.

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El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, mantuvo este martes una reunión con el presidente Santiago Peña, para analizar una propuesta de ley que modifica el Estatuto Agrario, lo que permitirá ampliar los años de plazo para la financiación de inmuebles rurales para los beneficiarios de la Reforma Agraria.

Indicó que la propuesta que está siendo analizada es pasar de 10 años a 20 en el caso de los hombres titulares, y de 15 años a 25 años en el caso de las mujeres, manteniendo la tasa de interés a cero en el caso de las mujeres. Enfatizó que esto se constituye en una gran noticia para las familias del campo, principalmente para las mujeres, jefas de hogar.

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En conferencia de prensa informó que el Poder Ejecutivo está ultimando los detalles en la asesoría jurídica, para la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso. Explicó que esta ampliación de plazos se plantea como una estrategia para la titulación masiva de tierras, reducción de la pobreza y el desarrollo rural.

“Es importante la diferenciación, porque tanto la Constitución Nacional, como el Estatuto Agrario, establece condiciones más ventajosas para las mujeres, de tal manera pueda lograr el acceso a un título de propiedad. En términos prácticos esto significaría que una mujer que paga por su lote a una tasa de interés del cero por ciento, a 15 años de plazo como tiene hoy, tendría que pagar por su inmueble 1.300.000 guaraníes. Sin embargo, con esta nueva ley terminará pagando aproximadamente unos 600.000 guaraníes de forma mensual”, indicó.

Resaltó además que con esta modificación beneficiará a una mayor circulación de dinero en el campo, permitiendo que una mayor cantidad de personas pueda tener condiciones de pago de su inmueble, y que al mismo tiempo puedan destrancar un poco toda esa cantidad de títulos pendientes, que no está pudiendo entregar porque necesitan que el campesino realice sus pagos.

“Esta ampliación de plazos, se suma a la política de cero por ciento de intereses en favor de las mujeres, que el señor presidente de la República Santiago Peña ha instalado desde el año pasado y que a la fecha nos ha permitido modificar la estructura de titulación. Anteriormente, 3 de cada 10 títulos iba a manos de las mujeres, actualmente se está entregando 6 de cada 10 títulos”, precisó.

Por otra parte, el presidente Ruiz Díaz resaltó que el Indert se aproxima a la entrega de 9.000 títulos de propiedad, lo que representa una de las mayores inversiones sociales del Gobierno. “Hemos alcanzado números increíbles, aproximándonos a los 9.000 títulos, lo cual significa que es una de las mayores inversiones sociales del Gobierno”, afirmó.

Señaló que esta cantidad de títulos entregados se traducen en una inversión social de USD 500 millones. Agregó que de no presentarse algunos inconvenientes relacionados al costo que el campesino no puede cubrir, el Indert hubiera superado la cifra de los 9.000 títulos otorgados a familias rurales.

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