En una jornada marcada por actos vandálicos por parte de indígenas e integrantes de organizaciones sin tierra que protestaban en las inmediaciones del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados sancionó hoy la ley que contempla penas carcelarias de hasta 10 años por invasión a la propiedad privada.
Varios heridos y destrozos fueron el resultado de un descontento por parte de los manifestantes que se hicieron sentir en la capital y en el interior del país en torno al documento sancionado en el Congreso, que ahora pasa a manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para su promulgación o veto.
Al respecto el fiscal Juan Carlos Ruíz Díaz dijo que en este momento la labor del Ministerio Público es recabar elementos que puedan darle claridad a los hechos acontecidos. “Queremos echar luz sobre los autores, cómplices e instigadores de estos hechos; estamos tratando de recolectar evidencia que puedan darnos con estos autores”, sostuvo.
“Esto podría sucumbir en otros hechos delictivos”
El agente fiscal detalló que actualmente la investigación gira en torno a la perturbación de la paz pública, pero que podría derivar en otros hechos punibles. “También se dieron otros hechos que en la medida en que se recolecten las evidencias, esto podría sucumbir en otros hechos delictivos. Por de pronto el Ministerio Público solicitó a la Comandancia la identificación de estas personas para ponerlas a disposición de la Justicia una vez que se pueda tomar una determinación concreta sobre sus conductas”, dijo.
Agregó a la vez, que la investigación que encabeza se centra específicamente en lo que aconteció en las inmediaciones del Congreso ya que los otros conflictos que se registraron en la fecha corresponderían a sus colegas.
“Esperamos que las investigaciones no nos lleven mucho tiempo”
Mencionó también que la manifestación registrada ante la sede del Poder Legislativo resulta extraña teniendo en cuenta los hechos vandálicos como la quema de vehículos.
“La labor del Ministerio Público es investigar y llegar a conclusiones objetivas de acuerdo a las evidencias. Yo coincido que son llamativas por la forma en que se desarrollaron los hechos. Esperamos que las investigaciones no nos lleven mucho tiempo, la Policía Nacional ya está abocada a los estudios de vídeos, lo cuales a la vez corresponderá a la Fiscalía analizarlos, además de otras diligencias testimoniales que puedan traernos luz”, dijo.
Las declaraciones del agente fiscal surgieron mediante una entrevista realizada en el marco del programa Fuego Cruzado emitido por canal Gen. Ruíz Díaz dijo que cree y confía que llegarán a buen puerto, en poder “individualizar a los vándalos que se aprovechan de situaciones que en las ocasiones anteriores fueron muy pacifistas”, sostuvo.
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“La violencia no es una actitud que caracteriza a los indígenas”
Por su parte el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Édgar Olmedo, manifestó que le llamó la atención la postura violenta de los nativos . “El uso de la violencia no es una actitud que puede caracterizar a los grupos indígenas, nos vimos sorprendidos por la situación que se generó hoy”, aseguró.
Detalló también que el proyecto sancionado por el Congreso no podrá afectar a las comunidades indígenas ya que las ocupaciones irregularidades que son realizadas por los indígenas no son mayores.
“Esto les beneficiará totalmente a ellos tendrían seguridad jurídica porque son los más vulnerables, afectados por desplazamiento y ocupaciones. No estarían ellos tan expuestos por las ocupaciones de sus tierras. Nosotros manejamos entre 5 a 6 ocupaciones irregulares nada más de 750 comunidades que tenemos en el país tan solo esos están en situaciones de este tipo”, sostuvo.
Condimentos ideológicos, políticos y económicos
Agregó que ante el conflicto es necesario mantener la sinceridad recalcando que existen otros condimentos tanto “ideológicas, políticas y económicos. Creo que se distorsionó la información y la falta de socialización del proyecto de ley. Faltó para que ellos entiendan que es una ley no está direccionada contra las comunidades indígenas, sino que es una ley de aplicación general”, explicó.
Agregó que los nativos fueron utilizados por muchos sectores, argumentando que varios de ellos comentaron que no manejaban los motivos por los cuales fueron movilizados hasta la ciudad de Asunción.
“Yo hablo con toda claridad porque conversé con los líderes y ellos me dijeron que no sabían porqué vinieron a la capital. Ellos fueron movilizados, utilizados, solo los acompañaron, no era su lucha, no son delincuentes y tampoco ellos invadieron las propiedades privadas, incluso muchas de las tierras que son ocupadas por ellos ya fueron transferidas a sus comunidades o a nombre del Indi”, recalcó.
Olmedo dijo que la movilización de los indígenas no fue realizada en el contexto de reclamo por asistencias del Estado. “A ellos se le hizo entender que el proyecto estaría penalizando las acciones que ellos pudieran tomar con acción a sus tierras ancestrales”, comentó.
Detalló también que gran parte de las comunidades que llegaron hasta la capital pertenecen a los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. “Los que están en Alto Paraná nunca se caracterizaron por movilizarse, son tierras aseguradas y a la vez altamente productivas.
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