El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, manifestó que es necesario que las instituciones del Estado funcionen con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en el Paraguay, sosteniendo que el proyecto de ley debatido aún en el Congreso Nacional que pretende elevar las penas contra las invasiones a la propiedad privada actuará solo como un elemento disuasivo.
“Las invasiones no se reflejan solamente en el área rural. La seguridad jurídica no pasa solamente por el aumento de las penas, sino por el funcionamiento de las instituciones. El tema este de aumento de las penas es un elemento disuasivo más bien, porque nadie quiere que se vaya presa la gente”, indicó.
Al respecto, el titular de la ARP mencionó que es necesario contar con un accionar jurídico que pueda asegurar un desalojo inmediato. “Si se tuviera un accionar jurídico e importante, a través de las acciones de las fuerzas del orden público, de desalojo inmediato, si se deja pasar el tiempo llega un momento que se convierte en un problema social serio”, indicó en comunicación con la radio 780 AM.
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Lo que establece la iniciativa
En el numeral 1 se establece que “el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”. Mientras que en su numeral 2 refiere que “cuando la invasión, en el sentido en el numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será hasta de 10 años”.
Desde la Cámara de Diputados afirmaron que darán celeridad al proyecto que fue aprobado la semana pasada por los senadores bajo la postura de que dicho estamento se declaró desde un inicio garante de la propiedad privada.