El economista y exministro de Hacienda, Santiago Peña, destacó la decisión del Senado al aprobar la ley que eleva las penas a los invasores de propiedades. Consideró que esta normativa da garantías a los inversores en el país.
“Creo que ha sido un paso muy significativo, espero que la Cámara de Diputados lo pueda tratar rápidamente”, indicó. Además, Peña calificó como “una gran medida para luchar contra lo que ha sido una industria que ha crecido, las invasiones, que ha puesto en riesgo la inversión privada que genera empleos”.
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El proyecto de ley está en manos de la Cámara de Diputados para su estudio. Desde las bancadas de la Asociación Nacional Republicana, como Honor Colorado y Colorado Añetete, pretenden acelerar el trámite legislativo. No se descarta pedir una sesión extraordinaria.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la normativa que eleva hasta a 10 años de pena privativa de libertad para los casos de invasiones de la propiedad privada. En el numeral 1, el proyecto se establece que “el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”.
Mientras que en su numeral 2 señala que “cuando la invasión, en el sentido en el numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno la pena privativa de libertad será hasta de 10 años”.
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Emergencia en el Chaco: sesión de Diputados quedó sin quorum
La Cámara de Diputados quedó sin quorum en su sesión extraordinaria realizada este jueves en el momento del tratamiento del proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay tras las intensas precipitaciones que han golpeado la región Occidental.
La iniciativa ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores y requería del aval de la Cámara Baja para ser sancionada y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. La sesión de este jueves fue convocada teniendo en cuenta la Semana Santa y no se realizará la sesión ordinaria del martes próximo.
La iniciativa que se encontraba en el punto tres del orden del día tuvo el acompañamiento de una mayoría de los diputados y contaba con el dictamen de aprobación de las comisiones asesoras de Diputados. Sin embargo, al momento de la votación no se contó con la cantidad suficiente de legisladores para seguir con la sesión, por lo que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, levantó la sesión.
Por otra parte, se trató el proyecto de ley “que declara interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), varias fincas del distrito de Ypané, departamento Central, que sirven de asiento al asentamiento 1° de Marzo”, lo que fue rechazado y vuelve al Senado.
En tanto, que quedó sancionado y se remite al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Capiatá a transferir a título oneroso a favor del Club 29 de setiembre” de esta ciudad.
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Diputada pide a la Corte establecer acciones para atender a víctimas de la mafia de los pagarés
La diputada Rocío Vallejo instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a iniciar acciones o establecer mecanismos de protección a las víctimas de la mafia de los pagarés. La legisladora sostuvo que paralelamente a las acciones judiciales en contra de los involucrados en este esquema, no se puede dejar de lado a las víctimas.
“Preocupa inmensamente que no se dé una solución a esto, que no se conformen equipos de trabajo, que no se llame a voluntarios a ver la solución a esta situación, a plantear en su caso que ellos dicen casos por casos, no todos tienen la posibilidad de un abogado”, expresó en conversación con los medios de comunicación.
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La parlamentaria indicó que se deben establecer estrategias de solución a las miles de víctimas de este esquema, a pesar de las imputaciones realizadas ya por el Ministerio Público a las personas involucradas. “Eso se le va a dar su castigo penal, pero la solución al problema de las miles de víctimas indefensas ante esto no existe”, dijo.
Afirmó que “la Corte debe dar una solución como poder del Estado que es y que lo respetamos lógicamente como poder del Estado, pero sencillamente no se puede decir véase cada uno con lo que hizo, porque esto es responsabilidad de los órganos que conforman esta Corte Suprema de Justicia. No le podemos dejar así de desprotegida a la gente”.
Vallejo sugirió algunas acciones que se podrían llevar adelante para dar esta solución. “Convocar a los abogados probonos o que la Defensoría Pública en el área civil forme equipos de trabajo, pero no podemos dejar desprotegidos de esta manera a personas que siguen sufriendo esos descuentos y que siguen llorando sus miserias”, sentenció.
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Diputados abordan emergencia chaqueña y seguridad penitenciaria
La Cámara de Diputados desarrollará este jueves una sesión extraordinaria, con 10 puntos en el orden del día, adelantando la sesión del próximo martes, atendiendo las actividades de la Semana Santa. La convocatoria fue firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para las 9:00 de hoy.
Entre los puntos a ser tratados se encuentra el proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, tras las intensas precipitaciones que han devastado con inundaciones en la región Occidental; esta propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
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El proyecto, establece la coordinación de acciones diligentes, en el marco de la Ley n.° 2615/2005, con el objetivo de aplacar los efectos de la crisis generada por las grandes lluvias e inundaciones que afecta a miles de familias en la zona chaqueña. Con este documento, se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otros organismos pertinentes del Poder Ejecutivo, adoptar medidas para cooperar con las comunidades afectadas.
Igualmente, se establece una asistencia técnica y crediticia oportuna y otras medidas urgentes de carácter sanitario y de asistencia social, para las familias que se encuentran afectas. Esto refuerza el trabajo que ya viene realizando las instituciones del Estado en esa región del país.
Seguridad penitenciaria
Por otra parte, también será analizado el proyecto de ley “que modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, que hace a la liberación de presos. El documento señala en su exposición de motivos el “endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas”.
La iniciativa, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno, y por otra parte, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta 7 años” (como contempla la ley actual) a un rango de “4 a 10 años” de privación de libertad. También se incluye como un nuevo agravante, para los casos de fugas masivas, apuntando a una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.
Permiso de conducir para menores
Otro de los proyectos a consideración es la iniciativa presentada por el diputado Derlis Rodríguez, de expedir licencias de conducir para menores de 16 años, para las categorías “particular”, “motociclista” y “extranjero”. Se trata del proyecto de ley “que modifica los artículos 22, 25 y 27 de Ley n.° 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.
En la exposición de motivos, se señala que la propuesta pretende “regularizar un hecho notorio y admitido por la sociedad”, bajo el argumento que, “muchos adolescentes ya conducen vehículos de facto, especialmente, motocicletas, con el consentimiento implícito de padres, docentes y autoridades”.
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Senado aprueba crear comisión conjunta para indagar el espionaje de Brasil
El Senado aprobó ayer miércoles el proyecto de resolución que plantea la creación de una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el espionaje cibernético perpetrado por el Brasil en contra de Paraguay en el marco de las negociaciones por la tarifa de Itaipú.
La media sanción será comunicada a Diputados para su consideración. La propuesta, que fue impulsada por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Dionisio Amarilla y Zenaida Delgado; detalla que la comisión conjunta tendrá una duración de 60 días hábiles contado a partir de la fecha de su constitución, prorrogable por un plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las cámaras del Congreso, informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.
Entre los puntos investigados por la comisión figuran: verificar si existen alertas o informes de operaciones de inteligencia o de seguridad cibernética elaborados por parte del gobierno de Paraguay (periodo 2018-2023), desde el momento del conocimiento de los supuestos hechos de espionaje cibernético. Identificar si existen documentos o informaciones entregados debidamente por el gobierno (periodo 2018-2023) a las autoridades del gobierno entrante el 15 de agosto del 2023, sobre los supuestos hechos de espionaje cibernético.
También se abocará a identificar a las instituciones y personas que llevaron a cabo las negociaciones con el Brasil incluidas las que guardan relación con la tarifa de Itaipú, durante el lapso de duración del supuesto espionaje; asimismo la identificación de las personas que habrían dado las respectivas instrucciones sobre los términos de las citadas negociaciones. Determinar si existió perjuicio para el Paraguay por la rebaja de la tarifa para el año 2023. Abordar sobre investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados y el deslinde de responsabilidades.
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Antecedentes
El proyecto evaluado este último miércoles entre los puntos resaltantes de la sesión extraordinaria de la cámara surgió tras las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, donde refieren que la operación ilegal fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había informado el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.