El exfiscal general del Estado y abogado Óscar Germán Latorre instó a la ciudadanía a no dejarse confundir por los sectores políticos que impulsan un “falso libreto respecto a la criminalización de las luchas sociales”.

Las declaraciones de Latorre surgieron tras la aprobación del proyecto de ley en el Senado que incrementa las penas privativas de libertad por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, que en adelante será considerado como crimen.

Al respecto, el abogado sostuvo que durante el debate en dicho estamento se logró evidenciar claramente las “posiciones ideológicas marcadas y los objetivos radicalmente opuestos” que persiguen dichos sectores políticos, refiriéndose a la izquierda radical

“Nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada y el Código Penal desde su entrada en vigencia en 1998 tipifica como hecho punible la invasión de inmueble ajeno. Siendo así, lo que la mayoría del Senado ha decidido en esta ocasión no es convertir una conducta permitida en un crimen”, indicó Latorre.

“Esquema de permanente engaño”

Al respecto, el abogado dijo que la invasión de un inmueble ajeno “siempre ha sido castigada por nuestra ley penal aunque también es verdad que algunos sectores políticos la han convertido en un esquema de permanente engaño a la clase campesina para ganarse adherentes y también para generar un estallido social que en un momento dado de este frágil proceso democrático provino del propio Gobierno”.

Agregó también que el mencionado sector político continuamente apunta al caos y al estallido social así como a la permanente situación de pobreza de campesinos con el fin de poder “manipular y controlar”. En ese sentido, agregó: “Los que hoy nuevamente pretenden confundir a la opinión pública con el conocido y falso libreto de la criminalización de luchas sociales. Para estos sectores son perfectamente aceptables las invasiones de inmuebles siempre que sean ajenos y no los propios”.

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“Un plan a nivel regional”

Latorre añadió que el Senado dio el pasado jueves un mensaje claro de que ningún “derecho puede ser adquirido recurriendo a hechos punibles”. Esto, citando que mientas se debatía la propuesta en la Cámara Alta en varias zonas del país grupos de campesinos e indígenas hacían violentos cierres de rutas con la intención de protestar contra el proyecto de ley.

“Esto parece ser parte de un plan a nivel regional donde el caos social resulta el mecanismo concurrente, debemos estar atentos para no revivir los eventos ocurridos en Chile y en Colombia que han sido organizados y ejecutados con el indisimulado propósito de desestabilizar a sus gobiernos”, expresó.

Aboga para que propuesta no sea letra muerta

Finalmente, el abogado mencionó que el Senado dio el primer paso para lograr un “país serio donde la constitución y la ley sean respetadas”. Latorre sostuvo que en caso de que la iniciativa sea sancionada por el Congreso Nacional y posteriormente promulgada por el Ejecutivo no terminé siendo “letra muerta” y que el Ministerio Público se encargue de hacerla cumplir.

“Muy posiblemente, pronto tendremos nuevamente las calles de Asunción copadas por los campesinos e indígenas que deliberadamente cierran las bocacalles para impedir el libre tránsito de quienes deben concurrir a sus trabajos, regresar a sus casas o acudir a un centro médico, soportando la coacción, las amenazas y las agresiones físicas que cada vez se hacen más frecuentes en ocasión de esas manifestaciones”, puntualizó.

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