Tras someter a votación un pedido de postergación por 30 días sugerido por el liberal Abel González –el cual no prosperó– los senadores decidieron tratar hoy el polémico proyecto de ley para modificar el artículo 142 del Código Penal y tipificar como crimen las invasiones de propiedades.
El senador Stephan Rasmussen del Partido Patria Querida (PPQ) argumentó a favor de la aprobación de la normativa. “El Código Penal no diferencia la propiedad pública de la privada. Acá no se criminaliza a nadie, se eleva a pena ante un hecho ilícito”, aclaró al señalar que “siempre se invaden zonas boscosas con el único objetivo de sacar las maderas”.
La senadora Georgia Arrúa del Partido Patria Querida (PPQ) intervino para reclamar que se haga cumplir el reglamento en su artículo 158, para frenar a quienes “faltan el respeto”. Luego argumentó a favor del proyecto de ley. “Dicen que con esta ley se van a llenar las cárceles, se quejan por las tierras públicas malhabidas y pregunto cuántas demandas hicieron para recuperarlas”, ironizó.
Tras reabrirse el debate, intervinieron los senadores del Frente Guasu, Jorge Querey, Hugo Richer y Carlos Filizzola, con posturas coincidentes por el rechazo de la propuesta legislativa. “Coincido con muchos que han hecho uso de palabra, sobre todo de mi bancada”, dijo Filizzola al recordar que durante el régimen de Alfredo Stroessner se repartió en forma irregular “alrededor de ocho millones de hectáreas de tierras”, conforme expresó.
La exministra de Salud, Esperanza Martínez –entre sollozos– recordó el caso Puerto Casado, donde se “compró una ciudad con la municipalidad adentro, lo más avasallante de la dignidad de un pueblo”, señaló.
“La pobreza, la desigualdad y la injusticia es un problema para todos, y mientras siga el drama seguiremos teniendo los grandes cinturones de pobreza, que no terminará con una solución legalista”, sostuvo por su parte el liberal Salyn Buzarquis.
Sigue el debate
A estas horas continúan las exposiciones de motivos a favor y en contra del proyecto de ley que pretende elevar la condena privativa de libertad hasta seis años y en caso de que se produzca un daño patrimonial aumentar cuatro años más, es decir, elevarla a 10 años.
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