El diputado Raúl Latorre ultima detalles para la presentación del proyecto de ley que busca prohibir medidas sustitutivas a la prisión, a fin de controlar la criminalidad. La propuesta legislativa será entregada esta semana a la Cámara Baja.
“Nosotros vamos a presentar esta semana el proyecto de ley. El propósito del mismo es buscar mejorar las condiciones de seguridad. Volver a rescatar las calles para la ciudadanía, para que ese estudiante pueda girar en la esquina sin temor al rugir de una motocicleta pensando que es un motochorro”, señaló.
El legislador colorado dijo que la filosofía de su proyecto de ley es buscar dar una solución al acuciante problema que se tiene con la seguridad. Indicó que la mayoría de los que cometen crímenes violentos, como hurto agravado, robo agravado, homicidios, abusos sexuales, son reincidentes. Esto obedece a que muchos de ellos estaban con una medida sustitutiva de la prisión. “El pensamiento es sencillo; los criminales, a la cárcel”, enfatizó.
Latorre confía en que la iniciativa legislativa contará con el acompañamiento de sus colegas de otras bancadas. “Yo creo que hay una conciencia sobre la grave situación que corremos en nuestro país con respecto a la seguridad. Que es necesario plantear medidas diferentes. No podemos esperar hacer lo mismo que hacemos con el mismo sistema y con los mismos actores y esperar resultados diferentes. Hay cambios fundamentales que tenemos que hacer para mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país”, concluyó el parlamentario.
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“Agua para el Chaco” debe ser abarcativo e integral, afirma gobernador
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, conversó con La Nación/Nación Media sobre el plan “Agua para el Chaco”, instando a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para que marque una diferencia significativa en los tres departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población.
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“Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto Agua para el Chaco. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
“El beneficio debe llegar a todos, desde comunidades indígenas, pequeños productores, hasta diversos estamentos”, subrayó el gobernador. Con el plan Agua para el Chaco se prevé la construcción de un acueducto, con una extensión de 280 km y un presupuesto máximo de USD 250 millones.
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Puntos claves
- Arturo Méndez apuntó a la necesidad de que los tres departamentos de la región Occidental estén garantizados con la cobertura en el plan Agua para el Chaco.
- El proyecto debe beneficiar a cada uno de las sociedades chaqueñas, desde comunidades indígenas, hasta pequeños productores.
- El plan implica una construcción de un acueducto, con una extensión de 280 km y un presupuesto máximo de USD 250 millones.
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Diputados votaron a favor de las reformas de Milei para desregular la economía argentina
El proyecto ultraliberal del presidente Javier Milei dio un primer paso este martes cuando los diputados votaron a favor de sus reformas para desregular la economía argentina, tras lo cual debaten también un paquete fiscal como parte de una maratónica sesión que comenzó el lunes.
La mayoría de los diputados votaron “en general” a favor de la Ley Bases este martes, al cabo de más de 20 horas corridas de debate, y discutieron luego cada uno de los capítulos del proyecto, que fueron aprobados al comenzar la tarde y pasarán a consideración del Senado. “Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”, celebró Milei en su cuenta en X.
En seguida, los diputados siguieron el proceso con el paquete fiscal del gobierno, de un centenar de artículos, que quedó aprobado “en general” a media tarde. La reforma fiscal será sometida ahora a la votación de cada uno de sus ocho títulos.
De ser aprobado este también, ambos proyectos lesgislativos recorrerán un camino de espinas en el Senado, donde el partido de gobierno cuenta apenas con 7 de los 72 escaños.
La Ley Bases contempla medidas como la declaración de emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades que permite a Milei disolver organismos estatales y la posibilidad de privatizar una decena de empresas públicas.
También incluye una “modernización laboral” que entre otras cosas modifica el sistema de indemnizaciones y aumenta los períodos de prueba de los empleados, algo que fue tachado por la diputada opositora de izquierda Myriam Bregman como “una canallada”. “Lo que aquí se está aprobando es facilitar el despido de decenas y decenas de trabajadores”, declaró.
La ley prevé además un régimen de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios para las grandes inversiones. También se aprobó eliminar el acceso universal a la jubilación mínima.
“Voy a cumplir 72 años y nunca viví algo así. Algunos poco, otros dos o tres granitos, otros cuatro, todos pusieron un granito para arruinar este gran país que lo tiene todo”, se quejó a la AFP Guillermo Vidales, quien acudió a manifestarse a las puertas del Congreso.
Difícil gobernar
La Ley Bases contiene unos 230 artículos, un tercio de los incluidos en una ambiciosa reforma que se hundió en febrero en el parlamento, donde el oficialismo no controla ninguna de las dos cámaras.
Para el analista político Gabriel Vommaro, la segunda versión del proyecto responde a que Milei “está descubriendo lo difícil que es gobernar en general y lo complicado que es gobernar Argentina (...), y entiende que hace falta ser más pragmático”.
El paquete fiscal restablece un impuesto a las ganancias eliminado por el gobierno anterior y plantea un blanqueo de capitales para regularizar activos no declarados de hasta 100.000 dólares.
El diputado oficialista José Luis Espert la defendió diciendo que se trata del “primer ladrillo de un sistema impositivo más razonable que permitirá bajar los impuestos para luchar contra la pobreza” que afecta a la mitad de la población de 47 millones de habitantes.
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, el partido de Milei, cuenta con 38 diputados sobre 257.
Convocan movilizaciones
La popularidad de Milei está en torno al 50%, según distintas encuestas. Los apoyos “se mantienen porque la polarización política se mantiene y por tanto no hay adónde ir por fuera de esa estructuración del espacio político, que todavía es binaria”, dijo Vommaro.
Decenas de manifestantes repudiaron el proyecto frente al Congreso, en el marco de concentraciones convocadas por sindicatos y partidos opositores.
“Lo que hace el gobierno nacional es básicamente vender la patria, arruinar a la población”, dijo a la AFP Manuel Crespo, un docente de 29 años.
Las centrales obreras llamaron a movilizarse el 1 de mayo, en el Día del Trabajo, contra el ajuste que aplica el gobierno, que ha implicado miles de despidos en el Estado en un contexto de inflación de casi 290% anual.
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También convocaron una huelga nacional para el 9 de mayo, la segunda desde que asumió Milei en diciembre, que será precedida por un paro de transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo el 6 de mayo.
Argentina está sumida desde hace años en una aguda crisis económica y social. Milei prometió superarla, pero a costa de grandes sacrificios. Aunque ha logrado superávit fiscal, el país sufre ahora el desplome del consumo y de la industria.
Fuente: AFP
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Celeste Amarilla prioriza cuestiones partidarias a necesidad de agua en el Chaco
La senadora Celeste Amarilla manifestó que retirará su firma del proyecto de agua para el Chaco, reconociendo que se debe netamente a cuestiones ideológicas y partidarias. Indicó que como el Gobierno estableció el proyecto como una política nacional, ella se opondrá al mismo.
“Creo que no se necesita de mi firma realmente. No quiero poner mi firma en un proyecto del que luego se van a embanderar otros sectores y van a presentar como una super obra del Gobierno para el Chaco”, argumentó la parlamentaria ante los medios de prensa.
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Lejos de dar a conocer falencias del proyecto de ley o expresar debilidades del plan a realizar, Amarilla solo dejó entrever que preferiría asumir un rol opositor a cada propuesta o acompañamiento del Gobierno, aunque las iniciativas fueran verdaderamente productivas.
El proyecto de agua para el Chaco es una propuesta planteada por el senador Orlando Penner, con apoyo del Gobierno, tras una reunión técnica en la que se observó la necesidad de avanzar con un plan para resolver definitivamente la falta de agua en esa zona del país.
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“El problema del Chaco es de hace mucho tiempo y me pareció solidario en su momento firmar a Penner, pero ahora ya no”, señaló la parlamentaria, en coincidencia con la reciente notificación del proyectista acerca de su salida como afiliado del partido Patria Querida.
“Penner demostró no tener empatía con la oposición”, subrayó también la congresista, revelando que su repentina decisión al solicitar el retiro de su firma de la propuesta legislativa, se debería exclusivamente a cuestiones políticas personales y no a un rechazo en torno al proyecto de ley.
De este modo, ante una aparente diferencia ideológica con Penner, a lo cual se sumaría también la posible incapacidad de Amarilla de trabajar en proyectos apoyados por el Gobierno, la senadora decide apartarse de un plan significativo, pese a reconocer las carencias históricas del Chaco.
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Senado: avanzan en estudio para actualización de la Ley Antidroga
El presidente de la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, senador Sergio Rojas, informó sobre la audiencia pública que llevaron adelante en la fecha en torno al proyecto de ley de modificación de la Ley 1340/88, Antidroga.
El parlamentario explicó que atendiendo que esta legislación ya data de la década del 80 del siglo pasado, desde la comisión asesora plantean varias modificaciones a la legislación vigente, entre ellas la posibilidad de despenalizar la marihuana. Mencionó que esperan tener el proyecto de ley ya terminado y dictaminado en un mes.
“Este tema lo estamos abordando en forma integral, en esta audiencia han participado representantes del Ministerio de Salud Pública, que atienden la parte de la rehabilitación de las personas adictas, con gente del Ministerio Público, así como la gente del Consejo Nacional de Defensa, Dinavisa, que se encarga de habilitar los fármacos de drogas permitidas. Y la gente de la Senad, que se encarga de la lucha propiamente contra el narcotráfico”, precisó Rojas.
Añadió que también están formando parte de la mesa de trabajo, miembros de la Policía Nacional y Defensa Pública, que son los que ejercen la defensa de las personas más vulnerables que cayeron en el flagelo de las drogas, así como representantes de la sociedad civil.
“Por supuesto que dentro de este debate también estamos analizando la posibilidad de despenalizar la marihuana, debatir un poco sobre la cantidad de gramos que hoy la ley habilita que son 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, y otras sustancias; que sabemos que igualmente estas cantidades se van modificando a nivel mundial, sobre el consumo de drogas; que sabemos que no solo se limita a estas, sino que también las drogas sintéticas”, comentó.
Respecto a la legislación vigente, que data del año 1988, por tanto, está bastante desfasada en la actualidad, por lo que la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y delitos Conexos, están planteando la modificación integral de la legislación.
“Por eso, llevamos adelante este debate a fin de que el proyecto de ley a ser aprobado tenga una buena redacción por ello, estamos dando mucha participación a diferentes sectores, ya sean jueces especializados, agentes de combate de las drogas, fiscales, y por supuesto profesionales de la salud y la sociedad civil en general. Esperamos contar con un producto final en un mes”, concluyó.
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