La Cámara de Diputados, en la sesión extraordinaria de la fecha, resolvió aprobar el proyecto de declaración “Que conforma la comisión nacional de investigación de los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y grupos políticos”. De esta forma, integrarán la comisión seis senadores y nueve diputados que serán designados por la mesa directiva.
La normativa permite la creación del bloque para encargarse de analizar los antecedentes de los distintos casos de secuestros ocurridos en el país. Este pedido se da ante la industria del secuestro instalada en el país hace dos décadas.
Este estamento constitucional y legislativo podrá encaminar investigaciones sobre las eventuales conexiones con organismos criminales y el financiamiento de grupos políticos con recursos provenientes de estos delitos. Esto teniendo como base los casos anteriores de secuestros donde estaría implicado un sector político de la izquierda, según denuncian algunos legisladores.
La integración de la comisión (seis senadores y nueve diputados) estará a cargo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a través del presidente de la institución, legislador Pedro Alliana. De esta forma, se encargará de oficializar la nómina de representantes, que será evaluada con los líderes de las diferentes bancadas.
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Concertaciones deben elaborar su propio padrón electoral, sostiene diputado
El diputado José Rodríguez adelantó que el proyecto de ley que plantea la regulación de las concertaciones políticas, aprobada con modificaciones por el Senado esta semana, será sancionado en la Cámara de Diputados con los cambios incluidos por la Cámara Alta. El legislador ratificó su postura sobre la elaboración del padrón electoral por parte de las concertaciones.
“Nosotros también vamos a acompañar, ya adelanto eso. Explicarle a la ciudadanía que es mentira que las concertaciones van a desaparecer, sino más bien, se le dará más garantías a la democracia para que los movimientos y partidos políticos que quieran integrar una concertación también hagan sus internas, hagan sus padrones, también hagan su personería jurídica”, dijo para La Nación/Nación Media.
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Agregó que como los demás partidos políticos, como la Asociación Nacional Republicana (ANR), las concertaciones deben trabajar en su padrón y no utilizar el Registro Cívico Permanente (RCP), como pretenden sectores de la oposición.
“El Partido Colorado siempre hace sus internas, cumple con el financiamiento político, hace sus elecciones, entonces nosotros también plantemos que los otros movimientos y partidos políticos hagan sus concertaciones, pero previas internas y previo trabajo”, apuntó.
Afirmó que esta ley será muy importante para la democracia, con igualdad de condiciones, ya que dará las mismas obligaciones y derechos a las agrupaciones políticas en la organización de cualquier proceso electoral.
“También en esa ley, que queremos sancionar, pedimos que una vez que integren la concertación solamente usen sus padrones, que no se use el Registro Cívico Permanente. Es muy fácil que el Partido Colorado haga todo el esfuerzo de afiliar, de trabajar, de recorrer, y después ellos en un cuarto oscuro quieren usar el Registro Cívico permanente también el padrón colorado”, sentenció.
Datos claves
- El diputado José Rodríguez adelantó que la Cámara Baja estaría sancionando el proyecto de ley.
- Las concertaciones deben utilizar su propio padrón y no el padrón electoral asegura el diputado
- La iniciativa parlamentaria busca dar igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas que pugnen en las elecciones.
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Anexo C: presidencia de comisión bicameral debe ser para un diputado, afirman
La comisión bicameral que acompañará las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional, no pudo ser conformada en el Congreso, debido a que los diputados reclaman la presidencia de esta instancia legislativa. Ellos alegan que en la última conformación de la comisión bicameral estuvo presidida por senador.
El diputado Rodrigo Gamarra refirió a La Nación/Nación Media que la decisión de no formar parte de la comisión bicameral se debe a la falta de acuerdo en la presidencia, “algo crucial para garantizar la pluralidad y transparencia en un proceso tan importante como la renegociación del Anexo C, que impacta directamente en el desarrollo energético y económico del país”.
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Agregó que no se respetó el acuerdo de alternancia, y adelantó que la Cámara Baja también podría conformar una comisión unicameral, así como lo conformó el Senado. “Hasta el momento no hay ninguna variación en nuestra posición, siempre es todo conversable, pero debe ser sobre el respeto a los acuerdos tácitos establecidos, yo creo pero es una opinión solo mía, que lo más probable es que creemos también una comisión unicameral como ya lo hizo el Senado”, expresó.
Finalmente, señaló que “el objetivo es simplemente dar seguimiento a las negociaciones, acompañar el proceso y aportar desde el Parlamento, sin que esto sea utilizado como un ‘garrote’ o un obstáculo, como algunos pretenden”.
Por su parte, el diputado José Rodríguez también se expresó en el mismo sentido, que la presidencia corresponde a la Cámara Baja. “La presidencia tenía que ser para un diputado, en el primer ejercicio uno de los senadores fue el presidente, entonces tenía que ser un diputado. Lo que puedo decir a título personal es que los compromisos se tienen que cumplir, si se hizo un compromiso para que un diputado sea presidente, se tiene que cumplir”, sentenció en conversación con La Nación.
Datos claves
- Esta semana debió conformarse la comisión bicameral que acompañará las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional.
- Diputados abandonaron la sesión reclamando la presidencia de esta instancia legislativa.
- Los diputados Rodrigo Gamarra y José Rodríguez afirman que la presidencia de la comisión bicameral debe ser para la Cámara Baja.
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Senado: abordan plan de trabajo para combatir el contrabando
El plan de trabajo “Anticontrabando 2025″, fue un tema de análisis esta semana en el Senado, en una reunión desarrollada por la Comisión Asesora de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados, de la que participaron representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit).
La comisión presidida por el senador Colym Soroka, recibió el plan de trabajo y la presentación de sus nuevas autoridades. El titular de la comisión asesora, destacó que esta reunión estaba dirigida a los gremios de productores, industriales y sectores de servicios afectados por el contrabando.
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Asimismo, insistió en la necesidad de la coordinación de acciones entre las instituciones involucradas “para evitar la asignación de recursos sin un plan estructurado, lo que podría generar resultados ineficaces”, refiere el informe de esta comisión.
Mientras tanto, le legislador propuso la creación de protocolos específicos sobre ciertos productos con el fin de frenar el ingreso de los mismos de manera ilegal al país, advirtiendo que, con el ingreso de los productos extranjeros por adelantado por parte de empresarios, la producción local quedará sin mercado.
El vicepresidente de la comisión, el senador José Ledesma, por su parte, indicó que es fundamental brindar apoyo a los productores e industriales nacionales y así anticiparse a los problemas generados a este sector por el contrabando.
“Estamos aquí para escuchar a la DNIT y conocer sus propuestas y mecanismos de trabajo. La Comisión está para acompañar al productor y a la industria nacional y convocaremos a todas las instituciones necesarias para debatir soluciones efectivas”, dijo el senador.
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Diputados tratará proyecto que regula tierras de Antebi Cué
En la próxima sesión de la Cámara de Diputados, del martes 8 de abril, se estudiará el proyecto “que establece el régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles que forman parte de las fincas que fueron expropiadas por la Ley N° 517/95 (Antebi Cué)”.
Esta iniciativa busca dar una solución definitiva a los ocupantes de estas tierras, la regularización y el pago de deudas por expropiaciones; adquisición de nuevas tierras e inversiones que fomenten el arraigo de las familias campesinas.
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El documento señala que el Estado paraguayo no está recibiendo ningún ingreso por estas propiedades, a pesar de haber realizado una erogación de USD 86 millones, por lo que se busca que los actuales ocupantes puedan adquirir las tierras o pagar un arrendamiento.
Así también, se pretende determinar el precio de cada parcela de tierra para que, mediante la regularización y el pago, esto pueda incidir considerablemente en los ingresos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con miras al fortalecimiento de capital.
Esta solución definitiva ya arrastra una lucha de más de 30 años por parte de los ocupantes de estas tierras. Esta iniciativa estará a consideración de la Cámara Baja, en su primer trámite legislativo, de ser aprobado pasará a la Cámara de Diputados.
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