La familia de Óscar Denis, el exvicepresidente de la República que sigue secuestrado por un grupo criminal, dirigió una carta a la misión de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la cual exhortan que requieran al Gobierno paraguayo que se incorpore una agenda estatal con acciones para combatir el lavado de dinero proveniente de la industria del secuestro.
“Creemos que es indispensable y urgente que a estas estrategias de combate físico se sume el combate al lavado de dinero producto del secuestro y la financiación a este grupo criminal por parte de estructuras invisibles que permiten su subsistencia y crecimiento sostenido”, expresan Beatriz, Silvana y Lorena Denis en la parte final de la nota con fecha 1 de setiembre.
“Exhortamos a los señores evaluadores que requieran al Gobierno de Paraguay incorporar en la agenda estatal de manera urgente las acciones necesarias para combatir y erradicar el lavado de dinero del secuestro y la extorsión que se da por medio del cobro de ‘cuotas revolucionarias’”, remarcan la esposa e hijas del político liberal que fue privado de su libertad por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), desde el 9 de setiembre del 2020.
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Casi 20 años del primer secuestro
“La industria del secuestro en Paraguay por parte del grupo terrorista EPP ha iniciado en el 2002 con el caso de la señora María Edith Bordón de Debernardi, quien fue liberada luego del pago de un millón de dólares y tras 64 días de cautiverio”, describen las Denis.
“A este terrible hecho, y ya con un importante recurso económico fruto del secuestro, la organización criminal se fue fortaleciendo y perpetrando hechos similares que, además, incluyen asesinatos, abigeatos, reclutamientos de menores, extorsiones, entre otros. El siguiente secuestro fue el de Cecilia Cubas, a quien arrebataron su vida de la manera más cruel, pese a haber cobrado 800.000 dólares para liberarla”, relatan.
“Hoy, a casi 20 años del primer secuestro por parte del EPP en Paraguay, si bien contamos con algunas sentencias y procesos que han culminado con sanciones a algunos de los responsables, el grupo criminal sigue creciendo y fortaleciéndose, ejecutando nuevos secuestros, cobrando las denominadas ‘cuotas revolucionarias’ a habitantes de la zona (principalmente ganaderos y productores agrícolas) para permitirles seguir trabajando, moviendo de esta manera un flujo considerable de dinero a sus anchas, comprando armas, uniformes, víveres y todo lo necesario para mantener uno de los negocios más lucrativos en Paraguay: el secuestro”.
Bachelet: “Un problema grave”
“A inicios de este año hemos remitido una carta abierta a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exponiendo nuestra angustia y desesperación por la incertidumbre sobre la vida y el paradero de nuestro padre secuestrado, poniendo a su conocimiento que el flagelo del secuestro en Paraguay es un problema de seguridad nacional que lleva casi 20 años ejecutándose de manera sistemática, sin que hasta la fecha el combate haya sido eficaz y efectivo, sino todo lo contrario, hoy ya no solo secuestran y extorsionan, sino que han extendido su actividad criminal al reclutamiento de niños y niñas para enlistarlos en sus filas, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas aledañas. Prueba de ello es la muerte en enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta en setiembre del 2020 de dos niñas menores de edad miembros de sus propias familias, a quienes obligan a portar armas de grueso calibre, vestir uniformes militares y enfrentarse al fuego cruzado en el monte”, describen.
“Ante esta carta abierta, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos ha respondido, considerando al grupo criminal EPP como un grave problema para la seguridad nacional, comprometiendo a la Oficina Regional del Alto Comisionado para América del Sur a dar un seguimiento a la situación de Paraguay y evocar el caso del secuestro de nuestro padre en su próxima comunicación con las autoridades nacionales. De esta manera, el secuestro, sumado al actuar ineficiente por parte del Gobierno para dar fin a este problema sistemático que compromete la seguridad de una nación, constituye una grave violación de derechos humanos por la omisión del Estado en garantizar la seguridad, la vida, la integridad personal y la libertad de sus habitantes, entre ellos, niños, niñas, hombres y mujeres víctimas directas y familiares de secuestrados, y todo un país que vive bajo el terror del secuestro, la extorsión y el asesinato por parte del EPP desde hace 20 años”, continúa.
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“Opera un grupo invisible”
Prosigue la nota. “A todas luces, es evidente, señores evaluadores, que detrás de este grupo terrorista opera un grupo invisible que colabora en uno de los negocios más lucrativos en Paraguay: el lavado de dinero producto del secuestro y la extorsión. Estamos ante sumas exorbitantes que permiten que esta actividad criminal siga subsistiendo desde hace 2 largas décadas y tras varios gobiernos de turno”.
“Nosotras no somos especialistas en lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, somos víctimas, hijas de un padre secuestrado, habitantes de una de las zonas más inseguras del país como lo es la región norte, pero resulta hartamente obvio que sin apoyo logístico para el lavado del dinero producto del secuestro y la extorsión y el financiamiento a esta actividad terrorista, el EPP ya hubiera desaparecido hace años, y hoy no tendríamos que llorar a nuestros desaparecidos”, manifiestan.
“Por último, es innegable la importante contribución que el Gafilat puede dar a Paraguay, colocando como prioridad el combate eficaz al EPP, visibilizando el escenario que puede debilitar esta estructura, es decir, a través del combate al lavado de dinero producto del secuestro, ya que el combate cuerpo a cuerpo hasta la fecha ha resultado insuficiente, puesto que no ha podido contener el crecimiento de este grupo terrorista, ya que para el EPP una vida humana caída en enfrentamiento es perfectamente reemplazable por otra, y a estas alturas solo hemos sumado bajas de militares y policías, enlutando a muchas familias paraguayas y continuando con el reclutamiento de nuevos niños soldados”, señalan.