La comunidad indígena “Bajada Guazú”, liderada por Mario Cayetano Oliveira Benítez, remitió en la fecha al titular del Congreso Nacional, el colorado Óscar “Cachito” Salomón, una nota por la cual respaldan los proyectos de ley presentados en la Cámara Alta, que pretenden elevar las penas contra los invasores de las propiedades privadas y tipificar el hecho punible como un crimen y ya no un delito.
“Hemos tomado conocimiento por el comunicado emitido por el Consejo de Líderes Indígenas, dirigido por Derlis López, por el cual manifiestan su rechazo al proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 que modificó el artículo 142 de la Ley 1160/1997 Código Penal, aludiendo que este amedrenta los derechos de las comunidades indígenas”, sostiene la nota.
El jueves serán analizados en el Senado ambos proyectos de ley, teniendo en cuenta que el flagelo ya se volvió un problema de larga data en el país, atendiendo a que en los últimos años se realizaron con mayor violencia.
“En ese sentido mi intención es indicar que nuestra comunidad no se adhiere a tal manifiesto. Nos encontramos completamente ajenos a todo lo expresado, es por eso que al contrario, deseamos por este medio hacerles llegar a los senadores nuestro acuerdo y conformidad con el citado proyecto, reiterando nuestro apoyo a la defensa de la propiedad privada, lo cual debería ineludiblemente garantizarse paralelamente a la correcta y eficiente implementación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas”, sostienen.
Las iniciativas pretenden establecer una condena de hasta 6 años de cárcel y, en caso de que se produzca daño patrimonial, que la pena llegue hasta a 10 años de privación de libertad.