El senador Sergio Godoy destacó la ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que fue sancionada el jueves por el Senado. Permitirá tener un proceso legal para enjuiciar a magistrados.
Primeramente, explicó que se fijó un sistema acusatorio, en el que se establezca una parte “para que el Jurado sea verdaderamente un juez, actualmente en el sistema hay una posibilidad de oficiosidad, en el que se hace uso y abuso, mucha investigación y pedido de carpeta”, expresó en contacto con La Nación.
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Por esta situación que se da “se trató de suprimir la oficiosidad y quedó un procedimiento de tres etapas”, mencionó el legislador. Primero puede activarse el proceso por una denuncia del litigante, luego dentro de 10 días pueden accionar senadores, diputados, defensor del pueblo o el fiscal general. Esa medida se toma “si es un caso notorio y pesado como narcotráfico o terrorismo, donde no se quiere denunciar a un juez o fiscal”, según explicó.
Agregó que recién luego de ese tiempo puede actuar el JEM de oficio, por mayoría de 6 miembros el Jurado puede investigar a un juez. Luego se fija 180 días como el tiempo total del procedimiento y un plazo de prescripción de las acciones, así también se establece recursos ante resolución del Jurado en un enjuiciamiento o remoción de magistrados.
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Plantean gratuidad en la expedición de antecedentes policiales y judiciales
El senador colorado Derlis Osorio presentó la propuesta que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedentes policial y judicial. Actualmente, tienen un costo de G. 24.500 y G. 39.236, respectivamente.
“El presente proyecto tiene como objetivo ayudar a un gran segmento de la población que actualmente se encuentra desocupada y que se encuentra en búsqueda de trabajo. Encontrándose como condición para la postulación a cualquier vacancia de un empleo formal, acompañar a su curriculum vitae los certificados de antecedentes policial y judicial", refiere el documento.
El proyecto detalla que la expedición de ambos documentos termina transformándose en una “carga monetaria no menor”, para dicho segmento poblacional a raíz de su condición de desocupación.
“En la actualidad la expedición de los certificados de antecedentes policial y judicial se realiza de manera totalmente informatizada, pudiendo inclusive ser realizado de manera virtual, con lo cual se busca facilitar dicho trámite al ciudadano, pero manteniendo la pesada carga de los costos, lo cual hace en algunos casos de dificil acceso para aquellas personas que se encuentran en delicada situación económica y deben priorizar otros gastos prioritarios para su día a día como ser alimentación, traslado y comunicación“, indica.
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La propuesta tuvo entrada oficial el pasado 23 de abril y deberá ser girada a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Desarrollo Social para sus dictámenes y posterior tratamiento en el pleno.
“No resulta justo que el Estado a través del cobro de tasas a la población desocupada financie el funcionamiento y la expedición de certificados que contienen información contenida en bases de datos obrantes en instituciones públicas, sobre datos personales de las mismas personas solicitantes, más aun encontrándose estas en situación de vulnerabilidad económica”, puntualiza.
Agrega que: “Se convierte este tramite en un gran obstáculo o trampa para la obtención de un puesto de trabajo digno, es momento de comenzar a repensar el Estado y la forma en que este se relaciona con sus mandantes, la ciudadanía".
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Senador liberal repudia danza anticipada de presidenciables en la oposición
“La ciudadanía espera propuestas concretas y soluciones reales a los problemas de hoy, no distracciones ni fuegos artificiales electorales”, sostuvo el senador Ever Villalba, tras cuestionar que la oposición se encuentre inmersa en la discusión sobre posibles precandidatos a la presidencia para el 2028.
“Se centran en discusiones sobre candidatos presidenciales, cuando ni siquiera hemos pasado por las elecciones municipales. Dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, el enfoque debe ser otro", comentó el parlamentario.
Villalba agregó que en la nucleación tradicional sus principales autoridades y dirigentes deben centrarse en “hablar de cómo fortalecer nuestra organización política, robustecer nuestras estructuras y como oposición, cumplir nuestro rol de control al Gobierno“.
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Días atrás, su colega Líder Amarilla, mencionó que la oposición debe impulsar la figura de outsider como candidato aglutinador, instalando de vuelta en el tapete una danza de nombres.
Amarilla propuso a los empresarios Juan José Zapag, Marco Trovato y Norman Harrison, como potables candidatos para la oposición rumbo al 2028. A la vez rechazó la figura del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia y del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
Las afirmaciones de Amarilla, rápidamente generó la reacción de su correligionario Ricardo Estigarribia, quien se mostró a favor de Prieto y rechazó que la oposición se encuentre representada por un empresario en unos comicios presidenciales.
Sin haber superado la primera prueba de fuego antes de las generales, los opositores persisten en fijar su mirada en las presidenciales del 2028, con el fin de conquistar la preferencia popular e instalar la alternancia en el poder, tras la debacle electoral que padecieron en el 2023, con Efraín Alegre a la cabeza y la aplicación de una Concertación Nacional.
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Medida de Paraguay contra Guardia iraní reafirma compromiso contra el terrorismo
El senador Derlis Maidana se refirió a la decisión del Gobierno de Paraguay que declaró como organización terrorista al “Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica”, por sus sistemáticas violaciones a la paz, los derechos humanos y la seguridad de la comunidad internacional. “Esta designación reafirma el compromiso de Paraguay en la lucha frontal y efectiva contra el terrorismo en todas sus formas”, señaló para La Nación/Nación Media.
Refirió además que, “estas designaciones permiten acciones jurídicas y de seguridad de nuestras fuerzas armadas, policiales, actuar directamente para prevenir y sancionar cualquier acción directa de estos grupos, así como de actividades de apoyo y financiamiento a los mismos”.
Destacó también, que la decisión del Gobierno paraguayo fue bien recibida por la comunidad internacional. “Esta medida ha sido bien recibida por la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos e Israel, quienes han hecho público su apoyo y reconocimiento a esta medida adoptada ayer por el gobierno paraguayo”, mencionó.
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Actividades terroristas
El senador dijo que “desde la llegada de ayatolá Ruhollah Jomeini en 1979, al frente de un gobierno chií en Irán este país ha fomentado actividades terroristas, como por ejemplo del Hesbolá en el Líbano, perpetrando ataques contra Israel, con Hamás en la franja de Gaza, y ahora últimamente con los Hutíes en Yemen”.
Agregó que es un “Estado con fuerte poder, hasta incluso desarrollando actividades para tener sus armas nucleares y que hoy, desde ese tiempo viene fomentando el terrorismo en el Oriente Medio”.
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Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, requirió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jaime Bestard, la remoción del hijo del senador José “Pakova” Ledesma del cargo de vicedirector del Registro Electoral. La decisión surgió como una represalia contra el dirigente político de San Pedro.
José Ramón Ledesma Morales ejercía la representación de la nucleación opositora en el cargo desde el mes de octubre tras haberse concretado la destitución del abogado llanista Derlis Larroza.
Pakova Ledesma fue duramente recriminado por sus correligionarios del oficialismo por haber acompañado el proyecto que plantea la regulación de las concertaciones políticas, que son entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos con el fin de postular candidatos en elecciones nacionales, departamentales y municipales.
La iniciativa fue impulsada por el diputado del movimiento Honor Colorado José Rodríguez y cuenta con el apoyo pleno de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Esta situación motivó la destitución del hijo del legislador liberal.
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El proyecto de ley cuenta con un fuerte rechazo por parte de los partidos y movimientos de oposición, que dicen que el Partido Colorado apunta a controlar el padrón nacional con el supuesto objetivo de limitar la participación ciudadana en los comicios internos de otros sectores políticos.
Para concretar la remoción de Ledesma Morales, el titular de los azules remitió al TSJE una terna conformada por Hugo Capurro, Marcos Arguello Agüero y Adalberto Morínigo. Este último resultó elegido para el cargo de vicedirector del Registro Electoral.