Cerca de 40 organizaciones civiles del Paraguay presentaron varias objeciones al proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género, que ya cuenta con media sanción en el Senado y cuyo tratamiento por artículo fue postergado a pedido de la senadora Lilian Samaniego.
Con relación a esta ley, la abogada Valeria Insfrán, representante de estas organizaciones civiles, explicó que “una de las principales objeciones a esta ley, que ya es llamada ‘ley mordaza’, es que profundiza la ruptura de la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, consecuencia de la Ley 5.777/16, la que destruyó esa igualdad en nuestro ordenamiento jurídico″.
Este proyecto de ley en cuestión vulneraría gravemente la libertad de expresión. “Por eso la llamamos ‘ley mordaza’, porque con la excusa de la no violencia hacia un sector que pretende privilegios va en contra de lo establecido en varios artículos de la Constitución Nacional y pasa por alto la garantía constitucional sobre la presunción de la inocencia”, agregó la abogada.
Colectivos radicalizados
Con respecto a los sectores que pretenden atribuirse ciertos privilegios a partir de la puesta en vigor de esta ley, ella estima que solo beneficiará a ciertos colectivos políticos radicalizados, cuyas candidaturas no podrían siquiera ser criticadas.
“Este proyecto no fue puesto a consideración de la sociedad paraguaya, debería ser mejor discutido y modificado porque, de la manera en que se plantea, ni siquiera permitiría cuestionar a mujeres corruptas que se dedican a hacer política”, añadió.
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Caballo de Troya
Calificó al proyecto de ley como un “caballo de Troya”, es decir con cierta apariencia favorable para unos sectores, pero que en realidad por dentro esconde sus verdaderas intenciones. “Es un caballo de Troya que con lindo nombre esconde una perspectiva que abre las puertas al lobby del feminismo de género que, sin votos de la ciudadanía, practicaría así la gobernanza desde sus asesorías al respecto de lo que debe entenderse por violencia de género en todas las instancias políticas”, dijo Insfrán, para luego explicar que las organizaciones civiles a las cuales ella representa presentaron en el Congreso, por mesa de entrada, estas objeciones, el 24 de agosto pasado.
Estas organizaciones presentaron sus objeciones buscando que el proyecto que debía tratarse el jueves 26 y que fue postergado para que sea devuelto a las comisiones para ser estudiado en profundidad.
“Si esta ley se llega a aprobar, veremos las consecuencias nefastas en el ámbito político y afortunadamente existen varios legisladores que hicieron el análisis constitucional y jurídico de este proyecto y se dieron cuenta que no debería correr”, indicó Insfrán.
Organismos internacionales bajan líneas
Admitió que el principal problema con el que tropiezan es la enorme presión que realizan organizaciones “muy bien financiadas por organismos internacionales y que bajan líneas fuertemente. Por ejemplo, el género no está previsto en nuestra Constitución y esto no llega por ser una demanda ciudadana, el pueblo paraguayo no está pidiendo esto, sino son leyes enlatadas que vienen de afuera y que nuestra república, así como otras de la región, sufren la presión para aprobarlas”, concluyó.
La abogada Valeria Insfrán representa a estas organizaciones que se han plantado ante la posibilidad de la aprobación de esta ley que, a su criterio, “tiene la misión de enfrentarnos unos a otros y eso hará que no podamos salir adelante porque atacan directamente a la familia y a la soberanía de los Estados con estos enfrentamientos sociales, algo que ya vemos en las sociedades como la española, la argentina o la chilena y ahora es nuestro país el que está bajo este ataque”.