La Justicia actuó con celeridad en el caso del crimen del agente Dario Alberto Delgado Ortiz (51) de la Patrulla Caminera, ocurrido el sábado último en Hernandarias, Alto Paraná. El sospechoso identificado como Nelson Amarilla (36) fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso, en tanto sigue la búsqueda de su cómplice.

Según los antecedentes del caso, el ataque al puesto de control de la Patrulla Caminera se dio como represalia a una multa que había pagado Amarilla tras haber dado positivo a la prueba de alcotest durante una inspección en la citada unidad ubicada sobre la ruta PY07 (antigua supercarretera).

Molesto por la actuación de los inspectores, el hombre habría regresado en motocicleta a esta oficina de guardia y con un arma de fuego efectuó 16 disparos, de los cuales dos alcanzaron a Delgado Ortiz, quien fue auxiliado por su compañero hasta el hospital local, donde posteriormente se confirmó su deceso. El médico forense del Ministerio Público certificó como causa de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.

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Tras la balacera, Amarilla abordó rápidamente su biciclo y huyó del lugar. Pero mediante los rastrillajes efectuados por la Policía fue localizado el domingo. En el allanamiento de su vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco se encontraron armas de fuego y estupefacientes, según los intervinientes. Las evidencias colectadas obran en poder del Ministerio Público.

Luego del apresamiento del sujeto, la fiscal Natalia Montanía requirió al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención del imputado, quien será investigado por el hecho de homicidio doloso. En tanto continúa la búsqueda del hombre que lo acompañó en la motocicleta, quien le habría rescatado tras cometer el crimen.

El hecho causó consternación en la Patrulla Caminera y nuevamente se instaló el debate sobre la necesidad de que los controles del consumo de alcohol se recrudezcan como medida preventiva precisamente de estos episodios luctuosos.

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El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio “Bachi” Núñez, anunció el lanzamiento de una iniciativa que tiene como finalidad edificar una relación más cercana entre los ciudadanos y sus legisla­dores de los diferentes parti­dos y movimientos políticos. También mediante la pro­puesta se apuntará a forta­lecer los vínculos locales con líderes y lideresas de diver­sos sectores sociales.

“Iniciaremos desde el Con­greso Nacional una agenda legislativa departamental bajo el lema ‘El Senado con la ciudadanía’. Este proyecto incluye reuniones con auto­ridades departamentales, organizaciones interme­dias, empresarios, visitas a medios de comunicación, entre otras actividades”, comentó a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, el congresista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acotó: “El objetivo es acercar el Senado a la ciudadanía y fortalecer el diálogo directo sobre las necesidades y prio­ridades de cada región del país. Estaremos informando sobre los primeros departa­mentos que visitaremos con los colegas parlamentarios”.

El también dirigente político del departamento de Presi­dente Hayes forma parte del primer anillo del jefe de Estado, Santiago Peña, y es uno de los principales miembros del denominado equipo comando del movi­miento Honor Colorado, que se reúne de manera mensual con el fin de anali­zar las medidas que tomó el Gobierno durante los últi­mos meses, así como tam­bién para proyectar inicia­tivas que serán de beneficio nacional.

Junto a un canal del barrio rojo de Ámsterdam, se observa una mujer tras una ventana que en realidad es el holograma de una trabajadora sexual, con el cual la policía neerlandesa espera resolver un macabro asesinato de 2009. La imagen de tamaño real de Bernadett Szabo, conocida como Betty, nubla el vidrio con su aliento y escribe la palabra “AYUDA” con su dedo.

“Hace 15 años, Betty fue asesinada de manera horrible, y la investigación nunca concluyó”, indicó a AFP el portavoz de la policía de Ámsterdam, Olav Brink. Betty, de nacionalidad húngara, tenía 19 años cuando fue brutalmente apuñalada en el burdel donde trabajaba en el histórico barrio rojo, meses después de dar a luz a su hijo.

Pese a la extensa investigación policial, el caso quedó sin resolver. Sin embargo, al revisarlo, la policía halló “pistas prometedoras en la investigación” y decidió reabrir el caso, explicó Brink. Utilizando tecnología de visualización 3D, la policía espera que la imagen de Betty provoque el reconocimiento de personas que podrían tener información sobre su asesinato.

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“Aún hay gente que sabe lo que le pasó a Betty”, afirmó Brink, quien espera que, pasados 15 años, “la gente se sienta más libre de compartir información con la policía”. La iniciativa también apunta a alertar sobre la violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales. Un 78 % de las trabajadoras sexuales de Países Bajos han enfrentado violencia sexual, y 60 % reportaron violencia física, según un informe de 2018 de organizaciones de beneficencia y grupos de derechos de las mujeres.

En la semana posterior al lanzamiento del holograma y la información acompañante sobre Betty, la policía ha visto “que mucha gente lo está comentando”. En el barrio donde las mujeres miran desde cubículos con ventana y luz roja, grupos de personas paran y conversan sobre la presentación llamada “¿Quién era Betty?”. Theo, de 80 años, vecino de las afueras de Ámsterdam, dijo que leyó sobre el proyecto en la prensa y “vine especialmente para verlo”. Soyoon Jun, de 34 años, vive cerca del barrio rojo, “así que para mí fue más chocante que hubiera vecinos que enfrentaron este evento tan horrendo”.

Para Jun, quien trabaja en una beneficencia cristiana, el holograma “lo hizo real” porque “no era solo la información, sino que la gente podía sentir la impotencia que habría sentido Betty”. La policía “ha recibido varias pistas con la campaña”, confirmó Brink a AFP. Sin embargo, no han recibido la “pista de oro”, que otorga una recompensa de 30.000 euros (31.600 dólares).

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Según Brink, el holograma fue una “forma especial de llamar la atención al caso” en De Wallen (barrio rojo), “uno de los sitios más transitados de Ámsterdam, y probablemente de todo los Países Bajos”. Sin embargo, las trabajadoras sexuales de Ámsterdam podrían perder la visibilidad que tienen actualmente. El gobierno local planea reubicar el barrio rojo a un sitio en el sur de la ciudad para reducir la delincuencia y el tránsito de turistas en la zona. Decenas de miles de vecinos y trabajadoras sexuales rechazan el traslado, y más bien piden mejorar las medidas de control de multitudes y vigilancia.

Miranda K, de 57 años, vive cerca de Ámsterdam y dice que el plan de reubicación es “una pena” porque se siente segura en De Wallen. El nuevo centro estará en una zona “oscura”, dijo, mientras De Wallen tiene “turistas y gente y locales y hay de todo. Creo que es más seguro aquí”. “Para mí no se trata solo de encontrar a Betty o de quién era Betty, sino sobre (...) estas otras mujeres en las calles”, indicó.

Fuente: AFP.

Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos con­tra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.

“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.

La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.

“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.

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Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hema­to-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.

Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.

La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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