El senador colorado Enrique Riera opinó sobre las sanciones para quienes no vayan a votar, que se establecen en el proyecto de ley aprobado en el Senado. La propuesta estipula una multa de G. 40 mil para aquellas personas que no participen de las elecciones; en caso de no pagar, tendrán sanciones administrativas.
“La multa es de G. 40 mil, no sé cuánto cuesta un ñoño, pero eso es más barato que chupar cada fin de semana”, expresó el senador en contacto con Ñandutí, aludiendo de que la única forma para evitar pagar la multa sea participando a través de las urnas en las próximas elecciones del 10 de octubre.
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La Constitución Nacional estipula como una obligación cívica la participación en los comicios, lo que se refuerza con este proyecto, sostienen los senadores. “Hace años que decimos que hay que ir a votar, entonces, ahora decimos que se deben aplicar las multas”, manifestaron.
Afirmaron que hoy en día la mayoría mira por TV, “no va a votar y luego se queja por las redes. Tienen que ir a votar esa vez que pasa el tren, cada cinco años”, expresó el legislador colorado proyectista.
En caso de que no paguen la multa, se establecen sanciones como la suspensión de trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la emisión de pasaportes y antecedentes en el Departamento de Identificaciones. También los trámites ante la Dirección de los Registros Públicos, Dirección de Catastros, Registros del Automotor, municipalidades y gobernaciones, y suspensión de regulación de transferencias monetarias condicionadas.
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Horas de trabajo debe adaptarse a la realidad local, dice senador y rechaza propuesta de reducción
“Todos los estudios que lleven a un mejoramiento de la calidad de producción deben adaptarse a la realidad paraguaya”, sostuvo el senador Natalicio Chase tras expresar su rechazo al proyecto de ley que plantea reducir el horario laboral en el sector privado. Agregó que esta iniciativa podría poner en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país.
“No es tan sencillo bajar el horario laboral del país sin tener en cuenta todos los factores. El 98 % de la mano de obra que se utiliza en el Paraguay son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay que consultar con todos los sectores para tomar una medida así y no una medida alegre que busca figuración”, comentó a los medios de comunicación.
El proyecto que establece las 40 horas laborales semanales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.
“El senador no se reunió con las industrias, con la fuerza trabajadora del país, es un proyecto de ley que busca un resultado mediático, no se puede tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos. Esta medida afectará al 100 % de todos los ciudadanos, a veces las iniciativas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas en el sector industrial y poner en riesgo las inversiones internacionales en nuestro país”, indicó Chase.
Asimismo el parlamentario acotó: “No se puede traer estudios extranjeros no aclimatados a nuestro país. Yo creo que es inapropiado, no tiene análisis. En Paraguay no se tiene las 8 horas de trabajo como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. La propuesta puede analizarse, pero sí tiene un estudio más acabado”.
El proyecto de ley ahora deberá ser girado previamente a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes, ya sea a favor o en contra para luego ser analizado en la plenaria.
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Colegios de Policía en el interior del país son parte de la reforma, dice Riera
Dentro de la Jornada de Gobierno en Concepción, las autoridades nacionales visitaron las instalaciones de la Dirección de Policía de Concepción, donde se realizaron mejoras y la cual será una de las sedes del “Colegio de Policía”. El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que contar con una policía formada en su propio departamento será trascendente para un mejor servicio y una mejor calidad de vida de los agentes.
“Es una gran reingeniería para saber dónde están los policías y las escuelas regionales son la solución porque van a poder trabajar en su comunidad!”, expresó Riera. Asimismo, indicó que está en estudio un proyecto para cambiar el horario de trabajo de los agentes, estableciendo horarios de 8 horas.
“Si tenemos turnos de ocho horas vamos a tenerlos alertas, despiertos y con una vida normal. Este cambio en los horarios que en este momento está en Gabinete es lo que probablemente nos permitirá tener una policía mucho más acompañada por la comunidad, un policía reencontrado con su sociedad”, añadió.
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El ministro mencionó que actualmente los agentes trabajan ocho días de seguido y posteriormente, tienen una semana de descanso. En el caso de los que están en el Chaco, los agentes trabajan 15 días y luego descansan por este mismo periodo. Este mecanismo de trabajo es insostenible, afirmó. “No solo no dábamos abasto en cantidad, sino en el estilo y forma de trabajo”, aseveró.
Por otro lado, destacó la decisión del Gobierno por haber hecho posible una ley de reforma de la Policía Nacional, la cual permite que estos tengan una carrera y un mecanismo de ascenso, además de mejores condiciones para ellos y sus familias, pero también contempla sanciones para quienes incumplan las normas.
“Esta es la décima escuela y tenemos destinados USD 400.000 para las direcciones departamentales como esta. Vamos a invertir en las comisarías del interior, incorporar tecnología, mejorar el salario para los profesores de la Isepol, que de ganar G. 8.000 por hora cátedra ganarán G. 40.000. Está prevista una inversión de USD 92 millones para equipar a los policías que van a egresar y llegarán más patrulleras”, detalló.
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Senador de Alto Paraná no descarta requerir emergencia departamental ante inseguridad
“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.
“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.
Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.
“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.
Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.
Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.
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Comisión Antilavado recurrirá a la Justicia para que ONGs informen sobre uso de fondos
Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.
“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.
Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.
Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).
“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.
El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.
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