El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura cuenta con un dictamen por la aprobación. Esta decisión obedece a que la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados sostiene que no puede modificar la cantidad de votos a través de una vía legal, actualmente está vigente la mayoría simple.
En el proyecto de ley se busca expulsar a un senador o diputado con mayoría absoluta, pero no es apoyado por esta comisión que dictaminó a favor del Ejecutivo. Los legisladores consideran que hay contradicciones en el texto constitucional vigente, porque se exige mayoría absoluta para aplicar simples sanciones, como la suspensión por 60 días a legisladores, mientras que solo mayoría simple para que sea expulsado.
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El Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, fundamenta el rechazo de este documento, debido a lo que establece el artículo 9° del proyecto de ley, en el que exige la pérdida de la investidura parlamentaria con la mayoría absoluta de dos tercios de la cámara respectiva.
Sin embargo, en el artículo 185 de la Carta Magna se estipula la regla general que se aplica a los casos que no requieren una mayoría calificada, para que se resuelvan a través de una mayoría simple de las diferentes cámaras del Poder Legislativo.
El pasado 5 de agosto, el Senado aceptó la objeción total del Ejecutivo a este proyecto de ley. Acompañando así el argumento de Abdo, que considera que en la Constitución Nacional se establece que para la expulsión de un senador o diputado por hechos se requiere de una mayoría simple del pleno.
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Ley de APP: prevén obras por más de USD 600 millones que darán dinamismo a la economía
Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)
A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.
El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.
Solución vial
Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.
En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.
En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.
En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.
“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.
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Financiamiento
Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.
Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.
Construcción
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.
“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.
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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.
“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.
PIB
El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.
Expectativas
Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.
“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.
Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.
“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.
Cambios
Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.
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Emergencia para el Chaco, con visto bueno de comisión en Diputados
El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.
El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.
“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.
De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.
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Nueva ley de patentes espera definición del Ejecutivo: “Hicimos una ley previsible”, afirma diputado
El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.
“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.
Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.
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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.
Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.
“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.
Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.
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Anexo C: Diputados conforma comisión unicameral para iniciar acompañamiento de negociaciones
El proyecto de resolución “que propone la creación de una Comisión Especial Unicameral para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones para la Revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, entre los Gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”, fue aprobado en la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del pasado martes. La iniciativa fue presentada por los diputados Rocío Abed y Hugo Meza.
Si bien el objetivo fue la creación de una Comisión Bicameral que integre a miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, la iniciativa no avanzó por una falta de acuerdo para la presidencia, lo que llevó a los diputados a abandonar la sesión y solo se conformó, primeramente, una comisión unicameral en Senadores y ahora en Diputados.
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Ahora, desde Diputados el análisis y acompañamiento de estas negociaciones se realizará de manera unicameral. El diputado Hugo Meza explicó a La Nación/Nación Media que no se llegó a un acuerdo entre ambas Cámaras por una falta de madurez política.
“Es lamentable. Lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo. Creo que faltó madurez política, ni siquiera de nuestra parte, nosotros simplemente hemos defendido la institucionalidad de la Cámara de Diputados, atendiendo que es norma que las bicamerales siempre se han rotado, tanto en Senadores como en Diputados”, indicó.
El legislador sostuvo que es necesario que estas negociaciones, que se encuentran paradas de momento por el esquema de hackeo de Brasil al Gobierno de Paraguay, admitido por el mismo gobierno de Inacio Lula Da Silva, sean acompañadas por el Legislativo.
“No creo que se pierda fuerza (al ser una comisión unicameral), más bien es una duplicación de los trabajos, pero creo que en este caso lo que abunda no daña, lo que más necesitamos es sentarnos con los representantes del Poder Ejecutivo, Cancillería nacional, Itaipú Binacional, para saber los avances y en qué estadio hoy estamos, en qué parte de la historia hoy estamos con relación a esta negociación importante”, apuntó.
Instalación de la Comisión
La instalación de esta comisión especial se estaría dando a la vuelta de Semana Santa, cuando se deberá conformar la mesa directiva y empezar con el trabajo. “Vamos a estar convocando a las autoridades, a los que están llevando adelante esta renegociación desde el Ejecutivo, y eventualmente, también nosotros querríamos preparar algunas acciones, algunos pareceres, desde una mirada más plural, ya que están varios diputados de otros partidos y otros espacios”, adelantó.
Agregó que el objetivo es generar propuestas concretas, aunque el papel de la comisión es más bien de análisis y seguimiento, pero también es importante que se conozcan todos los detalles, ya que una vez que se firme el acuerdo debe pasar por ambas Cámaras del Congreso para su aprobación.
“Es muy importante que estemos en la previa de la negociación. Lo que se decida firmar por los Gobiernos de Paraguay y Brasil, va a tener que pasar por ambas Cámaras del Congreso para aprobar o rechazar. Entonces, sería importante que desde el vamos sepamos cómo están trabajando estos representantes de la negociación”, sentenció.
Miembros de la Comisión Especial:
Titulares: Rocío Abed; Christian Brunaga; Avelino Dávalos; Cristina Villalba; Hugo Meza; Mauricio Espínola; Jorge Ávalos Mariño; Carlos Pereira; y Raúl Benítez.
Suplentes: Miguel Del Puerto; Bettina Aguilera; Esteban Samaniego; Luís Federico Franco; y Walter García.
Diputados representantes ante el Parlamento del Parlasur: Rodrigo Gamarra; Virina Villanueva; y Pastor Vera.
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