La senadora del Partido Patria Querida (PPQ), Georgia Arrúa, denunció la asistencia del Gobierno a un grupo de invasores en la localidad altoparanaense de Itakyry. El conflicto vincula a varios indígenas liderados por supuestos activistas de Derechos Humanos. Al respecto, la legisladora señaló que pedirá informes a las instituciones involucradas en el hecho.
“Voy a pedir informe sobre eso, es una vergüenza. Los propietarios tienen títulos y pagan sus impuestos al día, pero el Indi envía a los indígenas a sus tierras y la SEN les provee de insumos y materiales para construir en tierra ajena. Es decir, para el Indi y la SEN los títulos del Indert no tienen valor”, sostuvo la parlamentaria en comunicación con el diario La Nación.
Antecedentes
Desde el pasado 14 de agosto, seis familias dueñas de propiedades privadas viven lo que sería una verdadera pesadilla, ya que sus terrenos fueron invadidos por unos 100 indígenas bajo el amparo de políticos, activistas, oficiales de Justicia y el propio Instituto Nacional del Indígena (Indi). Afirman que existe una equivocación por parte de las autoridades y esperan una solución.
Según el argumento de la representante legal de una de las familias afectadas, Michelle Betancourt, todo se da a partir de una medida cautelar emitida el 30 de julio por Magalí Zavala, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.
Por otra parte, la senadora Georgia Arrúa se refirió también al ataque violento de un grupo de invasores registrado ayer en la Ganadera Pindó, ubicada en el departamento de Canindeyú.
“Es un grupo de delincuentes, los campesinos paraguayos que son labriegos y viven del producto de la tierra no cometen actos así. Toda esa zona de Canindeyú sufre por la ausencia del Estado y vive en zozobra porque los grupos armados de narcos que queman reservas para plantar marihuana hacen lo que quieren. Incluso, usan a los indígenas y jóvenes campesinos como mano de obra barata”, dijo.
“Se va extendiendo la zona de influencia”
Arrúa lamentó la falta de voluntad política para dar una solución a la problemática ante el aumento de la violencia. “Lo peor es que saben de eso la Policía y el Ministerio Público, pero no existe voluntad política para encarar el problema hasta resolverlo y esa pasividad hace que la violencia aumente y que se vaya extendiendo la zona de influencia de ellos. Estos grupos atacan a los agroganaderos porque no les conviene que haya inversionistas ni desarrollo en la zona, eso les va hacer perder poder”, indicó.
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