Javier Pereira Rieve, gobernador de Itapúa, pasó de ser dueño de un terrenito a convertirse en un potentado empresario. Los activos del funcionario público aumentaron en más de 1.000 % desde que se inició como un modesto concejal municipal. Mientras avanzaba en sus cargos, también crecían sus inversiones en las empresas familiares.

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De modesto concejal municipal de Camb­yretá, al goberna­dor de Itapúa propietario de numerosos inmuebles. Fran­cisco Javier Pereira Rieve experimentó un millonario crecimiento desde que ocupa cargos públicos en el depar­tamento de Itapúa. Inició siendo dueño de “apenas” un terrenito, a ser propietario de casi una veintena de inmue­bles. Sus activos incrementa­ron en un 1.060 %. Al menos es lo que se evidencia en las declaraciones juradas de bie­nes y renta (DD. JJ.) presenta­das por el actual gobernador del séptimo departamento.

Según consta en la web de la Contraloría General de la República (CGR), Pereira Rieve presentó su primera manifestación de bienes en 2003, cuando ocupaba el cargo de concejal munici­pal en Cambyretá, distrito vecino a Encarnación.

En ese entonces, Pereira declaró una remunera­ción mensual de G. 498.000 como miembro del legislativo municipal. En ese entonces, dijo tener G. 10 millones en efectivo y otros G. 2 millones depositados.

El entonces concejal munici­pal dijo poseer un solo inmue­ble tasado en G. 12 millones, además de una camioneta valorada en G. 125 millones. A ellos había que agregar mue­bles por G. 30 millones y mer­caderías para ventas por G. 450 millones, incluidos equi­pos de casa, pesca y camping. Sus activos totales eran de G. 629 millones.

Para 2011, la situación eco­nómica de Pereira ya había mejorado sustancialmente. El entonces intendente declaró G. 150 millones en dos cuentas bancarias, ocho inmuebles tasados en total en G. 995 millones y tres camio­netas, incluida una de último modelo, por un total de G. 304 millones.

Ya entonces había dado sus primeros pasos como gana­dero, con unas cinco cabe­zas de vacunos, además de muebles y equipos de oficina por G. 75 millones. A todo lo anterior, le sumó mercade­rías para la venta por G. 989 millones.

Sus activos habían ascen­dido ya a G. 2.373 millones. Sus activos habían aumen­tado ya en un 278 %.

En 2018, Pereira declaró un excelente pasar económico. Seguía como intendente de Cambyretá y tenía G. 110 millones en las mismas dos cuentas bancarias declara­das con anterioridad.

Para ese entonces, ya tenía un total de 13 inmuebles tasa­dos en G. 2.365 millones, dos camionetas tasadas en G. 430 millones, un buque de G. 40 millones y ganado vacuno por G. 20 millones. Además, mobiliarios y equipos de ofi­cina por G. 100 millones.

Para ese entonces, declaró acciones por G. 2.400 millo­nes en Casa San Javier, una empresa de venta de equi­pos de casa y pesca ubicada en Encarnación; además de otros G. 350 millones en una unipersonal con su propio nombre.

Sus activos alcanzaban ya entonces G. 5.815 millones, habiendo crecido en un 145 %.

Cuando llegó a la Goberna­ción de Itapúa, ya en 2023, Pereira seguía experimen­tando crecimientos millona­rios. Dijo tener G. 38 millo­nes en efectivos y una cuenta bancaria de G. 50 millones.

Había vuelto a crecer como dueño de inmuebles. Ya tenía un total de 15 propiedades para agosto de 2023, tasadas en G. 3.195 millones. Declaró una camioneta tasada en G. 350 millones, además de un buque en G. 40 millones.

Sus mobiliarios y equipos de oficina alcanzaron ya los G. 150 millones. Sus acciones en Casa San Javier habían tre­pado a G. 2.810 millones y en su unipersonal ascendieron a G. 616 millones.

Sus activos alcanzaron G. 7.299 millones para agosto de 2023, habiendo aumen­tado en más de G. 1.400 millones.

Comparando las declara­ciones juradas de Pereira, desde sus inicios como conce­jal municipal hasta que llegó a la Gobernación de Itapúa, sus activos incrementaron en más de G. 6.670 millones, lo que representó un creci­miento de 1.060 %.

Una serie de millonarios sobrecostos fueron pagados por la Gobernación de Itapúa, encabezada por Javier Pereira Rieve. En algunos casos, la institución acordó pagar precios que casi triplican el costo de los productos. En un solo lote, la institución podría haberse ahorrado más de G. 1.100 millones.

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Equipos que triplican el costo por el que podrían ser adquiri­dos y sobreprecios totales de más de G. 1.100 millones en un solo lote adquirido. Estos son apenas algunos de los elementos cuanto menos lla­mativos que caracterizan a la compra de equipos médicos realizada por la Gobernación de Itapúa, encabezada por Javier Pereira Rieve (PLRA).

El proceso de compra apa­rece con el ID 441.401 en el portal de la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públi­cas (DNCP) y bajo el título de “Adquisición de equipos médicos-plurianual”. En total, la institución preten­día destinar unos G. 4.436 millones en esta compra.

El proceso fue publicado en el sitio web de la DNCP el 28 de agosto pasado y desde el primer momento surgieron dudas, como por ejemplo que la propia DNCP advirtió que la publicación se daba bajo exclusiva responsabili­dad de la convocante, debido a que faltaban documentos que debían haber sido entre­gados ya para esa etapa del proceso.

La Gobernación de Itapúa realizó la apertura de sobres el 11 de octubre y siete días hábiles después, el 23 de octubre, el proceso ya ter­minó en la adjudicación de tres empresas.

El gobierno itapuense deci­dió comprar, por ejem­plo, cuatro ecógrafos para los hospitales distritales de Fram, Coronel Bogado, Natalio y Tomás Romero Pereira. Y es ya en este pri­mer equipo donde surgen los primeros cuestionamientos. La gobernación estableció G. 386 millones como precio referencial por cada equipo y un total de G. 1.546 millones por el lote de los cuatro que debía adquirir. Estos equipos fueron comprados de la firma Altas Tecnologías SA (Altec SA), representada por Lauro Miguel Brítez Leguizamón.

El primer dato curioso sobre la compra de estos equi­pos en particular es que la firma adjudicada entregó una oferta en la que prácti­camente copió y pegó el pre­cio referencial por los equi­pos. En concreto, Altec SA ofertó cada ecógrafo en G. 386.666.670, exactamente el costo base establecido por la gobernación.

Pero el punto no se queda solo ahí y es que el precio tri­plica el costo por el que se podría adquirir un equipo con las especificaciones establecidas por la convo­cante. Por ejemplo, revi­sando en portales de ven­tas de equipos médicos, se encuentran equipos cuyo precio ronda los USD 7.000 (unos G. 60 millones al cam­bio actual).

Generalmente, estos equi­pos importados reciben una recarga del 100 % en el precio para traerlos al país debido a las tasas y otros gas­tos que se deben abonar. Es decir, podrían costar unos G. 120 millones. Sin embargo, la gobernación terminó pagando G. 386 millones.

De hecho, la firma Argon SRL, también adjudicada para la compra de otros equi­pos en este mismo proceso, ofrece ecógrafos a unos G. 110 millones ya puestos en Paraguay.

Como si todo esto no fuera suficiente, el propio portal de la DNCP tiene un histo­rial de precios de los equi­pos comprados por las ins­tituciones públicas y ahí se puede encontrar que la misma firma Altec SA entregó al Ministerio de Salud Pública ecógrafos a menos de la mitad de lo que pagó la Gobernación de Itapúa. Solo en la compra de estos ecógrafos, la ins­titución pagó unos G. 500 millones de sobrecostos de acuerdo con fuentes y docu­mentos a los que tuvo acceso el equipo de investigación de Nación Media.

Una situación similar se dio con la compra del equipo de rayos X fijo que adquirió la gobernación. En total, la ins­titución pagó G. 773 millo­nes por esta máquina y sus complementos. Aunque en webs dedicadas a la venta de equipos médicos se encuen­tran equipos nuevos tasados en unos USD 20.000 (unos G. 160 millones), a los que –como ya señalamos más arriba– se les debe reali­zar los recargos por tasas e importación, con lo que se podrían adquirir en G. 320 millones.

En este equipo, los sobrecos­tos rondan los G. 465 millones.

De hecho, la propia empresa Altec SA proveyó un equipo de rayos X fijo en 2023 a la misma Gobernación de Itapúa por G. 602 millones. De la misma marca y procedencia que la adquirida en esta situación.

Calcada situación se dio con la compra de una mesa qui­rúrgica por la que la Goberna­ción de Itapúa cotizó y pagó unos G. 161 millones, cuando el costo de ese equipo podría ser de G. 40 millones. Pero los sobreprecios alcanzaron a los tres lotes que conforma­ron este proceso de compra. Por ejemplo, en el lote 2 la institución adquirió un cra­neotomo de la firma Biome­trix SA por G. 570 millones. La firma entregó un equipo por debajo del precio refe­rencial establecido por la institución, que había pro­yectado gastar G. 625 millo­nes. Sin embargo, el mismo equipo se podría adquirir por G. 101 millones. En total, la gobernación encabezada por Pereira Rieve pagó G. 1.755 millones de sobreprecios en los equipos que adquirió.

El concejal departamental de Itapúa, Josías Escobar, explicó cuáles son los cuestionamientos hacia la adjudicación de almuerzo y merienda escolar por parte del gobernador Javier Pereira en este departamento. Pereira realizó una conferencia de prensa para tratar de aclarar estos cuestionamientos; sin embargo, el concejal refirió que el mismo solo quiere confundir a la ciudadanía.

“Lo que el gobernador Javier Pereira pretende es confundir a la ciudadanía, confundir la licitación que se hizo en abril de este año con Hambre Cero”, refirió en entrevista a GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Escobar explicó que se tratan de dos situaciones, ambas con la empresa proveedora Ladero Paraguayo SA, una empresa amiga de Pereira, según sus expresiones. La primera, el monto de una licitación realizada en abril de este año; y la otra, la licitación realizada ya en el marco del programa Hambre Cero, donde nuevamente fue adjudicada a esta empresa que cuenta con varios cuestionamientos.

La Gobernación de Itapúa, en manos del liberal Javier Pereira, pagará cerca de G. 12.000 millones de sobrecosto por el servicio de almuerzo escolar para instituciones del departamento. Cambyretã, comuna natal del gobernador, paga precios muy inferiores a los establecidos en el contrato firmado por el ejecutivo itapuense.

Más de G. 11.627 millones podría ahorrarse la Gobernación de Itapúa, encabezada por Javier Pereira (PLRA), si hubiera trabajado para conseguir mejores ofertas económicas para el servicio de provisión de almuerzo escolar.

Esto se revela cruzando datos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La administración de Pereira firmó en 2024 un contrato con la firma Ladero Paraguayo SA, con numerosas denuncias en su contra, para la provisión del almuerzo escolar a instituciones del séptimo departamento.

La institución accedió a pagar G. 13.790 por cada plato de almuerzo escolar. La modalidad es de alimentos preparados puestos en las diferentes instituciones.

Como mínimo, la firma proveedora deberá entregar hasta el año que viene alrededor de 1.200.000 raciones y como máximo serán cerca de 2.500.000 platos, según el contrato que está en la web de la DNCP.

UNA LECCIÓN DE SU DISTRITO NATAL

Sin embargo, dentro del mismo departamento se da una situación llamativa. Se trata del distrito de Cambyretã, de donde es originario el gobernador Pereira.

Bajo la administración de Jaime Hinterleitner Schneider (ANR), la Municipalidad de Cambyreta firmó un contrato para la provisión de almuerzo escolar a once instituciones educativas con la firma Fitra SRL. Cada plato le costará G. 9.100.

Al igual que el Ejecutivo departamental, la comuna contrató un servicio de alimentos preparados puestos en las instituciones educativas. Como mínimo, la firma entregará unas 122.832 raciones y como máximo serán 245.664.

Si nos fijamos solo en el precio por porción, la Gobernación de Itapúa pagará “apenas” unos G. 4.690 más por cada plato que lo que abonará la Municipalidad de Cambyretã. Esto representa un sobrecosto del 34 %.

Sin embargo, la cosa cambia radicalmente cuando se eleva a las cifras totales del contrato. Como ya señalamos líneas arriba, la gobernación deberá recibir como mínimo 1.239.588 raciones y como máximo recibirá 2.479.176 platos.

Con esto, pagará como mínimo G. 17.093.918.520 y como máximo G. 34.187.837.040.

Tomando como referencia las cantidades mínimas y máximas de platos y el costo por porción es cuando se nota la millonaria diferencia. Si la gobernación pagara lo que abonará la comuna de Cambyretã, podría ahorrarse millonarios fondos.

Por ejemplo, como mínimo pagaría G. 11.280.250.800 y como máximo G. 22.560.501.600.

Como mínimo, la gobernación podría ahorrar unos G. 5.800 millones y como máximo G. 11.600 millones.