Ante la crisis hidrológica, la Industria Nacional de Cemento (INC) se vio obligada a migrar su cadena logística hacia el transporte terrestre, atendiendo que el río Paraguay se encuentra prácticamente innavegable entre Vallemí y Villeta (cuenca media) para transportar los grandes volúmenes de carga que requiere la institución, según reportó su titular, Gerardo Guerrero. Ante el encarecimiento de la estructura de distribución, ya se está evaluando una posible remarcación en el precio del cemento.

Guerrero recordó que la INC es una industria “multiplanta”, por lo que necesita transportar clinker (materia prima del cemento) y otros materiales entre Vallemí (Concepción) y Villeta (Central), un proceso de logística que se realizaba por vía fluvial hasta finales de septiembre, cuando se agudizó la bajante del río Paraguay.

“Este mes de octubre, ya migramos nuestra logística al transporte terrestre en 100 %. El río está innavegable, especialmente en la cuenca media del río Paraguay. Es un esfuerzo financiero enorme el que estamos haciendo y es lo que implica el flujo de flete terrestre. Además, nosotros movemos volúmenes importantes: estamos hablando de 45.000 a 50.000 toneladas de clinker por mes para cubrir el mercado”, explicó a la 780 AM.

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En este escenario, la INC ya está evaluando su estructura de costos para determinar hasta cuándo puede mantener el precio actual del cemento en el mercado, sin realizar un reajuste por el encarecimiento del costo del flete.

“Estamos haciendo un trabajo de monitoreo periódico para ver cómo va la situación financiera, de modo a determinar si amerita o no un reajuste en el precio. El costo del cemento no solo depende de la bajante del río y el flete. Hay otros elementos importantes en la estructura de costo. Seguimos monitoreando para saber si corresponde o no un reajuste”, refirió Guerrero.

El titular de la INC aseguró que están haciendo esfuerzos por mantener hasta el cierre del año el precio actual del cemento. “Esta situación de bajante no sucede hace 120 años. Si se sostiene en el tiempo, va a ser insostenible no ajustar el precio”, agregó.

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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alacaraz, explicó que la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrollará en Asunción, no se trata de una nueva evaluación del país, sino del monitoreo de las acciones recomendadas en el informe de la organización intergubernamental.

“Tenemos tareas pendientes y hay un proceso en los cuales nosotros tenemos que seguir haciendo esas mejoras, que van hasta el año 2028. No es una evaluación mutua nuevamente, sino simplemente es que el Gafilat sigue monitoreando si nosotros estamos implementando las acciones prioritarias por el organismo recomendado”, indicó Alcaraz, este jueves, para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Detalló que se trata de dos puntos principales: cuál es la situación de Paraguay como consecuencia de lo que fue la evaluación mutua, y en qué consiste ese lugar en que el grupo de evaluadores lo ubicó.

“Gafilat determinó que el Paraguay alcanzó un nivel moderado en sus calificaciones, respecto al sistema antilavado de activo y contra el financiamiento de terrorismo, las calificaciones asignadas en el informe de evaluación mutua que es el producto que sale de esa evaluación mutua ubicaron a este país en este proceso de seguimiento intensificado”, indicó.

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Paraguay debe seguir las acciones prioritarias recomendadas en ese informe de evaluación mutua “que se dividen en 11 resultados de los cuáles se han obtenido calificaciones moderadas en casi todos y en otros tuvimos una calificación que baja, que es el resultado inmediato siete que tiene que ver con la persecución penal del delito de lavado de activos”, de acuerdo a las explicaciones de la ministra.

Agregó que “la principal relevancia del seguimiento intensificado radica en que estas calificaciones que tuvo el país a nivel de cumplimiento podrían eventualmente variar si no se implementan de manera efectiva las acciones recomendadas como consecuencia de esa evaluación mutua y como consecuencia de ese informe de evaluación mutua”.

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El presidente de la República Santiago Peña recibió a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien presentó un informe detallado sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que Paraguay fue designado por este 2024.

Desde la presidencia informaron que el Gobierno del Paraguay está trabajando firmemente en la preparación de la próxima reunión de los grupos de trabajo y el pleno de representantes del Gafilat, que se llevará a cabo en Asunción en diciembre de este año.

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Indicaron que este encuentro será clave para seguir fortaleciendo los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región. Por ello, el gobierno está avanzando en la redacción del informe de avances que deberá presentar el Paraguay a fin de año respecto al proceso de implementación del Plan de Acciones Recomendadas Claves del Gafilat.

Cabe recordar, que la la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó en comunicación con el diario La Nación/Nación Media, que todo este trabajo que están realizando varias instituciones involucradas tiene que ver con los resultados obtenidos durante la evaluación y calificación que Paraguay recibió en el 2022, aclarando que es un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones recibidas.

“Paraguay debe presentar un informe de seguimiento de las acciones recomendadas por Gafilat en noviembre, el cual será estudiado y aprobado durante la reunión del pleno de Gafilat, que está prevista realizarse en Asunción en diciembre próximo. No estamos siendo objeto de una nueva evaluación, sino es el seguimiento de las acciones que fueron recomendadas como parte de la cuarta ronda de evaluaciones que se hizo en 2022″, precisó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Fue una reunión de trabajo con miras a la preparación para el informe de avances que presentará el Paraguay antes de fin de año.

Al encuentro que se realizó en la sede de Mburuvichá Róga, asistieron las autoridades principales de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Luis M. Benítez Riera; el fiscal general Emiliano Rolón, y el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, César Rossel.

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Forman parte de esa mesa de evaluación las autoridades del Ministerio del Interior, el de la Unidad de Gestión de la Presidencia; Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaria Nacional de Inteligencia; Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Además de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Al respecto, la vocera de Gobierno Paula Carro, explicó en comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, que es un trabajo que se viene realizando y tiene que ver con los resultados obtenidos durante la evaluación y calificación que Paraguay recibió en el 2022. Aclaró que lo que se lleva adelante es un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones recibidas.

“Paraguay debe presentar un informe de seguimiento de las acciones recomendadas por Gafilat en noviembre, el cual será estudiado y aprobado durante la reunión del pleno de Gafilat, que está prevista en Asunción en diciembre próximo. No estamos siendo objeto de una nueva evaluación, sino el seguimiento de las acciones es que fueron recomendadas como parte de la cuarta ronda de evaluaciones que se hizo en 2022″, precisó.

Mencionó además, que durante la reunión de las autoridades nacionales, quedaron en volver a reunirse con el presidente Peña, antes de la visita de los evaluadores, y con independencia al trabajo de los equipos que continuará normalmente en atención a los roles misionales de las instituciones que integran el sistema.

“En tal sentido, es importante señalar que el aumento en los niveles de cumplimiento no recae únicamente en una institución, sino que es una responsabilidad compartida por todo el Estado paraguayo”, concluyó.

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