El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para traba­jar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero noso­tros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate, según publicó la Agen­cia IP luego de una entrevista televisiva. En ese proceso ya se tuvo una reunión con repre­sentantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que en función a las primeras conversacio­nes no existe ninguna preo­cupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “acla­rar ciertas cosas en la regla­mentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administra­tiva o burocrática adicio­nal, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, mani­festó el ministro. Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a esta­blecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se tra­baje a través del Equipo Nacio­nal de Estrategia País.­

El Poder Ejecutivo autorizó el contrato de préstamo entre la República de Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES), por un monto de USD 101.606.009, para la compra de los seis aviones Super Tucano, a través del decreto número 2879, firmado por el presidente de la República Santiago Peña.

“Después de décadas, Paraguay retomará el control de su espacio aéreo. He autorizado la firma del contrato de préstamo para la adquisición de aviones con tecnología de punta, esenciales para fortalecer nuestra defensa aérea y enfrentar con firmeza al narcoterrorismo”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

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Peña reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra crímenes y el tráfico trasnacional. “Esta decisión refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la soberanía nacional. No cederemos en esta lucha; enfrentaremos cada desafío con toda nuestra fuerza y determinación”, apuntó el mandatario.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó para La Nación/Nación Media, que este contrato de préstamo autorizado por el Ejecutivo es para la compra de los seis Super Tucano. El empréstito se realizará a través del Banco brasileño, y la adquisición será de la empresa, también brasileña, Embraer.

El decreto 2879 establece la autorización de los términos y condiciones del contrato de préstamo de USD 101.606.009, para el financiamiento del proyecto de adquisición de bienes aéreos (aviones), con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas su formalización.

Este decreto, da continuidad al decreto N° 2165, firmado por el Poder Ejecutivo el 18 de julio de 2024, en cual se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas “el inicio de gestiones de financiamiento, y que en este contexto se llevó a cabo la negociación del borrador del Contrato de Préstamo con el BNDES”.

“El citado proyecto tiene por objetivo general dotar de medios aéreos (aviones) a la Fuerza Aérea Paraguaya, para interceptar vectores aéreos no identificados, con la finalidad de dar cumplimiento a la misión interinstitucional de la Fuerza Aérea que es la de controlar el espacio aéreo conjuntamente con el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, además de cooperar con las demás fuerzas en la lucha contra el narcoterrorismo”, menciona el decreto del Ejecutivo.

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El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (Snmf), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

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La reglamentación indica a la vez que el sistema creado cubrirá todo el territorio nacional y deberá de instruirse en tal sentido a los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo a proveer la información requerida para el funcionamiento del citado sistema.

Por otra parte, menciona que se implementará un registro correlativo de permisos de quema para evitar superposiciones en actividades en fincas colindantes. Igualmente, se establecerán controles y fiscalizaciones por parte de funcionarios municipales calificados.

La reglamentación surge luego de que meses atrás se haya desatado un voraz incendio forestal en la zona del Chaco, específicamente en la zona del Cerro Chovoreca que arrasó con más de 180.000 hectáreas dentro de un periodo de aproximadamente 24 días, tragedia que demandó incluso la asistencia internacional por parte del Uruguay.

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El presidente Santiago Peña anunció la presentación de una propuesta de ley que plantea renovar la normativa de alianzas público-privadas (APP), luego de 10 años de vigencia de la misma. Uno de los cambios que plantean es aumentar la participación del Estado en los proyectos financiados, con un 25 % de injerencia, anteriormente era 10 %.

Al respecto, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, dijo a La Nación/Nación media, que celebran esta iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, pero consideran que la participación estatal debe ser mayor al 25 %.

“Esta es una herramienta que se tiene que utilizar más, ahora proponen pasar del 10 % al 25 %, pero no es todavía lo recomendable, para mí tiene que ser más, pero una mejora ya es. En otros países el Estado incluso pone todos los recursos en los proyectos”, manifestó.

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Dio un ejemplo en el que se presenta una iniciativa privada para construir centros educativos en el interior del país y mejorar todas las escuelas públicas, Cavialpa tendrá que financiar prácticamente el 100 % de la inversión y no podrá cobrar a los alumnos (obviedad) ese proyecto. Por lo tanto, el 25 % que dará el Estado inviabiliza esta iniciativa. “Porque yo me voy a sacar el otro 75 % para poder financiar una obra como esta, y la verdad que no voy a poder cobrar a nadie”, resaltó.

El titular de Cavialpa mencionó que hoy en Paraguay no se está invirtiendo siquiera USD 1.000 millones y que es necesario avanzar en el presupuesto, aumentar los volúmenes de infraestructura, ya que es un sector fundamental en la dinamización de la economía.

Por su parte, desde el Ejecutivo afirman que esta modificación, al tiempo de incorporar las mejores prácticas en la materia, redundará en mejores servicios y más obras públicas para la ciudadanía, así como la promoción de inversiones y la generación de más empleo.

El Ejecutivo ya había anunciado su plan de modernizar la ley de APP, durante su participación en la 14ª edición del Foro ABECEB. Peña refirió que el proyecto argumenta que el país enfrentaría una brecha significativa en infraestructura, lo cual apelaría a una inversión de USD 24.171 millones hasta 2030.

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