Los representantes del sector campesino no llegaron a un acuerdo con senadores y las autoridades del gobierno luego de conversar sobre sus reclamos. Las movilizaciones que estaban previstas para esta semana continuarán, según anunciaron.
El encuentro se realizó con Jorge Galeano y Belarmino Balbuena, representantes del sector campesino, quienes conversaron acerca de tierras expropiadas y el pedido de intervención de los desalojos. Por parte del Poder Ejecutivo estuvieron el titular del Indert, Gali González, y Édgar Olmedo, del Indi.
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La Cámara de Senadores actúa como mediadora ante estos temas que atañen a este sector, atendiendo al pedido de los dirigentes. Se analiza la devolución de sus territorios a las comunidades indígenas.
También reclaman contra los desalojos que se realizaron en 800 predios, que según denuncian fueron de manera irregular. Estarán marchando hasta el Ministerio Público por los operativos irregulares que se hicieron.
La Coordinadora Nacional Campesina (CNC) se encuentra manifestándose en Asunción para presionar al Poder Ejecutivo con lo establecido en un acuerdo del 2019 para el desembolso de US$ 25 millones, que serían destinados para los programas sociales de asistencia para el sector de la agricultura familiar campesina.
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Presentan proyecto para proteger a guardias privados de prácticas abusivas
Un grupo de senadores de la oposición presentó la iniciativa “Que regula la prestación de servicios de seguridad privada”, que tiene como finalidad regular y mejorar las condiciones laborales de aproximadamente 60.000 trabajadores del sector de seguridad privada, una cifra que casi duplica la cantidad de efectivos de la Policía Nacional.
Señalan que la propuesta apunta a corregir prácticas abusivas, como la imposición a los guardias de seguridad de costear sus uniformes, armas y capacitación, lo que ha provocado que muchos trabajadores reciban remuneraciones insuficientes. Asimismo, en la exposición de motivos sostienen que se pretende regular las empresas que operan de manera irregular, afectando tanto a los trabajadores como a las empresas que cumplen con la normativa vigente.
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El proyecto impulsado por Esperanza Martínez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola y que ya logró el respaldo político del presidente del Congreso Nacional, el colorado oficialista Basilio “Bachi” Núñez, posee 5 capítulos que abarcan disposiciones generales, actividades empresariales, clasificación de servicios, relaciones laborales, y regulaciones sobre el uso de las armas, transporte y los medios de comunicación.
La propuesta también contempla un régimen de sanciones y disposiciones sobre el adiestramiento del personal. El documento estuvo en estudio durante casi un año y contó con la participación de diversos sectores, incluidos sindicatos, empresarios, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Policía Nacional.
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“Hay intereses económicos” detrás del modus operandi de multisectorial, dice ministro
“Es inconstitucional e ilegal solicitar un cuoteo, no se puede delegar la administración del Estado a un sector específico”, afirmó el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, ante la persistencia de la organización multisectorial consistente en administrar el 33 % de las adjudicaciones del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).
“Evidentemente hay intereses económicos detrás de esta movilización. Cuando hablamos de administrar no solo estamos hablando de administrar a los posibles beneficiarios, sino también a las empresas constructoras. Si uno verifica podemos encontrar que han venido (integrantes de la multisectorial) en colectivos de muy buen porte y con muy pocos pasajeros”, sostuvo en entrevista con la 780 AM.
Las cabecillas de la organización alegan que no quedaron conformes con el posicionamiento del MUVH, razón por la cual continuarán con las movilizaciones en la ciudad de Asunción para exigir a la vez la renuncia de Baruja.
“Este grupo básicamente plantea el manejo de los fondos sin ningún tipo de control y exigencias, el Gobierno anterior sí cedió a las pretensiones. Muchas de estas personas vinieron obligadas, este es un dato muy importante, tenemos informaciones que ellos obligan a los supuestos posibles beneficiarios diciéndoles que si vienen a las movilizaciones serán sacados de la lista de los próximos beneficiarios”, remarcó.
El secretario de Estado acotó: “Este es el modus operandi y no es la primera vez”. La denominada multisectorial es encabezada por el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Pulciano Sánchez, quien estaba vinculado al expresidente de la agrupación tradicional Efraín Alegre y ahora formaría parte del equipo de los hermanos congresistas Buzarquis.
Sánchez fue investigado por el Ministerio Público por presunta sobrefacturación en la compra de terrenos, la violación del reglamento del programa de regularización de asentamientos, así como por el supuesto cobro indebido de dinero por parte de dirigentes.
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MUVH responde a planteamientos de Multisectorial
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) junto con el Ministerio del Interior respondieron a las propuestas realizadas por la Organización Multisectorial. Aunque reconocen que con esta contestación es probable que no se desactiven las movilizaciones, las autoridades apelan a una mayor sensatez en los planteamientos.
“Se les dijo que todos los pedidos van a ser recibidos, evaluados y si corresponde y cumplen con todos los requisitos se les va a dar respuesta, pero no así proporcionalmente y bajo presión. Si ellos tienen 50 pedidos y los 50 cumplen, entonces se les va a otorgar, pero no se les va a entregar el dinero y que ellos hagan lo que quieran”, aseveró Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior en comunicación con La Nación/Nación Media.
La organización presentó una nota con tres pedidos, que el 33% de los subsidios sean entregados a la Multisectorial en cada llamado, el cese de las persecuciones de parte de autoridades del MUVH y como último punto, que todos los llamados y gestiones de la institución sean de público conocimiento.
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“Considerar la aprobación del 33% de los proyectos habitacionales en favor de la organización multisectorial de forma irrestricta y de manera anticipada reservando una suerte de cupo a una organización privada para disponer de recursos públicos colisiona frontalmente con principios constitucionales y legales administrativos”, señala el MUVH a través de un escrito.
En el mismo documento, explica que la figura del cupo o cuoteo representa una propuesta contraria a la ley y los principios públicos, además de que la Constitución garantiza la igualdad de oportunidades. Asimismo, desmintieron que desde el MUVH exista una persecución hacia los integrantes de las organizaciones.
“No corresponde ni resulta lógico que la Organización Multisectorial argumente que es pasible de persecuciones o discriminación en la adjudicación de proyectos, cuando que en el último año calendario agosto 2023-julio 2024 fue beneficiada con al menos 29 proyectos que representan 1.042 soluciones habitacionales conforme se constata con los informes proporcionados por la Administración del Programa”, sostiene.
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Transparencia
En cuanto al pedido de mayor transparencia en los llamados de subsidios y resoluciones del MUVH, la cartera afirmó que no cuentan con ningún procedimiento judicial por falta de voluntad o por negación a suministrar las informaciones requeridas y amparadas en el marco legal.
Igualmente, recordaron que la institución dispuso en su reglamentación la publicación “en dos diarios de gran circulación” las convocatorias de postulantes y presentación de nuevos proyectos. Así también mencionaron que se informa a la ciudadanía de todas las gestiones a través de su sitio web oficial.
“Que compitan como todos, en el sentido que todos los quieran recibir subsidios y participar para la construcción de una vivienda que lo hagan como cualquier otro candidato. Hoy es la Multisectorial que pide el 33%, mañana puede venir otra a pedir lo mismo y no corresponde”, añadió Pereira.
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Se debe modificar el protocolo
Según fuentes de la Cancillería Nacional para que los Estados partes del Mercosur puedan establecer acuerdos comerciales con China Popular indefectiblemente se tendrá que modificar el Protocolo de Ouro Preto, firmado en diciembre de 1994. Y que fue posteriormente reglamentado en una resolución donde señala claramente en uno de sus artículos que para alianzas comerciales todos los socios deberán estar de acuerdo con el planteamiento. La fuente ministerial, indicó que en la próxima cumbre del bloque lo que se tendrá que analizar también es la propuesta de Uruguay, con interés también ahora de Argentina y Brasil, es la posibilidad de liberar a los Estados partes a hacer acuerdos comerciales en forma unilateral.
REUNIÓN EN URUGUAY
Las publicaciones realizadas por Bloomberg recordó que diplomáticos de los países integrantes del Mercosur, debatieron sobre comercio e inversiones con una delegación china liderada por la viceministra de Relaciones Exteriores Hua Chunying en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el pasado mes.
Durante la ocasión China se comprometió a presentar una hoja de ruta para estrechar lazos con Mercosur a finales del 2024. Sobre esta situación, Ramírez Lezcano expresó que ninguna de las partes ha propuesto un calendario para las conversaciones ni los temas comerciales específicos que se discutirán.