El abogado Ricardo Preda señaló que un eventual acuerdo entre el Gobierno y los camioneros para despejar las rutas no exonera de los hechos punibles cometidos por los trabajadores del sector, y el proceso en la Fiscalía igual debe continuar, tras la denuncia presentada por varios gremios bajo su patrocinio.
“El acuerdo no exonera la comisión de un hecho punible. Si ellos revén su posición podría servir ya en el marco de un juicio como una cuestión de atenuar la eventual sanción, pero no exime de la comisión del hecho punible”, explicó el abogado en una entrevista con canal Trece.
Sostuvo que los camioneros pueden ser procesados por coacción, coacción grave, coacción a órganos constitucionales y privación ilegítima de libertad por el cierre de rutas que realizan desde la semana pasada en varios puntos del país. Explicó que también ponen en riesgo la vida de las personas al estacionar sus camiones en la banquina porque obstaculizan la visual, principalmente en horas de la noche.
Mencionó que los líderes de los camioneros instaron a sus colegas a realizar actos que atentan contra los derechos de terceros e incluso de los cabecillas marcharían en piedad en Asunción si no se promulga la ley como ellos exigen, lo que implica una clara coacción a los órganos que deben definir las leyes.
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“No hay presencia del Estado. Que negocie una persona, un particular para que se libere, ya denota una ausencia absoluta del Estado. A parte de la responsabilidad penal, quienes han propiciado esto, sean políticos o camioneros, están sujetos a la posibilidad de una demanda”, agregó.
La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley de fletes. Los legisladores dejaron sin efecto el 25% de ganancia que exigieron desde un principio los representantes de la Federación de Camioneros del Paraguay, pero continúa la medida de fuerza.
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