Los sangrientos y sucesivos ataques contra las fuerzas de seguridad, llevados a cabo por los grupos criminales identificados con la ideología marxista y que operan en la zona norte del país, muestran una total falta de reacción por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez ante estos hechos.

La criminal actuación de estos grupos siembra el terror entre los pobladores del Norte y exponen a las inversiones productivas a una inestabilidad que día a día va peligrosamente en aumento.

Se suma a esta situación de terror que vive la zona norte del país la acción de los camioneros, quienes a su antojo van cerrando rutas y accesos a zonas urbanas en el resto del país, además de sitiar Asunción, todo esto amparado por Sixto Pereira, senador del Frente Guasu y vicepresidente del Congreso Nacional, así como una Policía Nacional y una Patrulla Caminera enmudecidas y sometidas.

Desde el pacto Abdo-luguista, que va copando espacios de poder, plantean que uno de sus elementos, el senador Fulgencio “Kencho” Rodríguez, quien se ufana en ser “el negociador de Itaipú” en las cuestionadas entregas documentadas por la Contraloría, sería parte del proceso negociador del Anexo C con el Brasil para el 2023, aunque para lograrlo deberán necesariamente imponerlo como asesor del Canciller Nacional.

Las diversas agremiaciones de productores del país, entre ellas la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ya expresaron su temor ante estas situaciones, y un elemento que resulta inquietante está relacionado con el copamiento por parte de legisladores del Frente Guasu y del Partido Democrático Progresista (PDP) de las comisiones legislativas que controlan el desarrollo rural y el sistema productivo del país.

La preocupación expresada por representantes de este sector económico nacional se ve justificada por la aparente presencia de un modelo de desintegración de la producción, como el que está en curso en la República Argentina, donde a diario se observan situaciones similares a las que estamos comenzando a vivir en Paraguay, como los piquetes de camioneros, cierre de rutas y ataques a la propiedad privada.

El senador Pedro Santacruz, del PDP (Partido Democrático Progresista), partido integrante del Abdo-luguismo, presentó un proyecto de ley que buscaba legalizar las invasiones a propiedades privadas una vez transcurridos los seis meses del hecho, y aunque el documento fue retirado de la Cámara Alta luego de recibir todo tipo de críticas por parte de la ciudadanía, el legislador advirtió que próximamente lo volvería a presentar.

Quienes siguen de cerca estos acontecimientos, entre ellos representantes de los gremios productivos, sostienen que la propia línea comunicacional de este grupo político pueda ser dirigida por asesores del entorno del gobierno argentino, todos ellos relacionados principalmente con la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner.

Los “piqueteros” instalados con sus camiones en los principales puntos del país realizan cierres de rutas de manera intermitente y obligan a otros trabajadores a unirse a la muestra de fuerza, aún en contra de su voluntad, tal como se pudo observar en imágenes compartidas a través de las redes sociales.

Mientras esta situación provoca la exacerbación de la ciudadanía en zonas urbanas y rutas del país, en la zona norte, las fuerzas de seguridad están sufriendo pérdidas humanas y materiales en su lucha contra grupos terroristas como los autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Agrupación Campesina Armada (ACA) y el Ejército del Mariscal López (EML).

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