La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que amplía el presupuesto para el Ministerio de Defensa Nacional. La propuesta busca dotar de mayores recursos económicos a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para que puedan ser invertidos en innovación y equipamientos.
La ampliación solicitada es de G. 15 mil millones, que serán recursos provenientes de los bonos soberanos emitidos en el 2020. También se plantea una transferencia de créditos dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.
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El diputado Tadeo Rojas, por la Comisión de Presupuesto, explicó la importancia de aumentar los recursos a estas fuerzas públicas atendiendo a todos los casos de inseguridad registrados en el Norte, como enfrentamientos y los secuestros.
Los créditos presupuestarios que se amplían por esta ley serán destinados exclusivamente a la adquisición de equipos y vehículos de alta precisión, así como equipos especiales destinados al mantenimiento de la seguridad, el orden interno y la defensa nacional. Además, aclaran que no podrá ser transferido a otros objetos de gastos ni otras actividades.
También se establece que será la Contraloría General de la República la encargada de reglamentar el procedimiento necesario para rendir cuentas sobre la ejecución de estos recursos que serán transferidos al ministerio.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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Javier Milei asegura que mantendrá universidades públicas
El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró el domingo que mantendrá las universidades públicas y arremetió contra sus opositores, cinco días después de una multitudinaria marcha federal universitaria, la mayor protesta hasta ahora contra las medidas de austeridad de su gobierno.
Milei, un economista ultraliberal que asumió en diciembre con la promesa de bajar la inflación de tres dígitos y sanear la economía, acusó a sus opositores de “tomar una causa noble” como la defensa de la educación gratuita y “prostituirla”, y reivindicó en dos extensas entrevistas el rumbo de su administración.
“Jamás pensamos en cerrar las universidades públicas, jamás pensamos en desfinanciarlas”, afirmó Milei al canal de televisión LN+, al igual que dijo antes en radio Rivadavia. “Se llama falacia del hombre de paja. Nuestros opositores inventaron una mentira y nos atacan a partir de esa mentira”, apuntó.
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Y remarcó: “Dado que los pagadores de impuestos están financiando las universidades públicas, exigimos que haya auditorías. Hace 10 años que no hay auditorías. ¿Quién es el que no quiere ser auditado en el gasto? El ladrón”. Cientos de miles de personas marcharon el martes 23 en Buenos Aires y las principales ciudades del país en una convocatoria de estudiantes, graduados y docentes universitarios a la que adhirieron sindicatos, partidos opositores y ciudadanos en general.
Las universidades se declararon en emergencia presupuestaria luego de que el gobierno prorrogara este año el mismo presupuesto de 2023, aunque la inflación interanual rozó en marzo el 290 %. Ante las quejas, la semana pasada Milei concedió “aumentar en 70 % las partidas de gastos de funcionamiento en marzo y otro 70 % en mayo”, además de una suma extraordinaria para hospitales universitarios, según informó el portavoz presidencial.
Milei subrayó el domingo que la marcha se hizo “a pesar de que se habían girado los fondos”. Fue “la reedición de la campaña del miedo de (Sergio) Massa”, dijo el presidente en referencia a su rival electoral en los pasados comicios.
Milei denunció además la presunta participación de “actores contratados” para dar testimonio en contra del gobierno y consideró “muy minoritaria” la presencia de personas que votaron por él en el balotaje. Las marcha “es políticamente una gran derrota de la oposición, es un gran triunfo del oficialismo”, aseveró.
Milei pronosticó que la inflación mensual podría caer por debajo del 10 % en abril, y se mostró optimista sobre el futuro de Argentina, en momentos en que la pobreza aqueja a la mitad de la población y las medidas de ajuste incluyen despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y congelamiento de presupuestos. “Después de 100 años de destrucción populista, hemos emprendido un cambio de 180 grados (...) Vamos a salir y vamos a estar bien”, prometió.
Fuente: AFP
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FTC impidió que grupos criminales logren sus objetivos estratégicos
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tuvo un trabajo fundamental para evitar que grupos criminales, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), alcancen sus objetivos estratégicos, puntualizaron el ministro de Defensa Nacional, el general Óscar González, y el ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el almirante Cibar Benítez, en la entrevista emitida ayer sábado por la Vocería de Gobierno, a cargo de Paula Carro.
“Llegó un momento que la Fuerza de Tarea Conjunta fue incomprendida, casi a lo largo de toda su existencia, incluso llegaron a criminalizar a la FTC y parecía que los otros eran los buenos, pero se han logrado muchísimas cosas con la presencia de la FTC, una de ellas es la creación del Batallón de Inteligencia Militar”, dijo el almirante Cibar Benítez.
Indicó que, desde el punto de vista estratégico, el mayor logro de la FTC que tuvo desde su creación fue llegar a lo que se veía en los manuales y documentos que contaban estos grupos criminales.
“En 10 años ellos tendrían por lo menos 60 hombres en 10 departamentos de nuestro país, ese era uno de los objetivos estratégicos que tenían, y otra cosa era internalizar con la población estas doctrinas comunistas, marxistas. Está comprobado, hay documentos que hacen eso, todo eso se evitó, se evitaron muchas cosas”, indicó Benítez.
Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, también destacó el trabajo realizado en todos estos años, en la zona de influencia de los grupos armados. “Hablando de los objetivos estratégicos y que siguen teniendo, mientras no le apresemos a todos, tenemos que siempre levantar lo que se llama en técnica de planeamiento militar a peor hipótesis, siempre tenemos que considerar que ellos están en condiciones de hacer daño”, comentó.
Añadió que los objetivos estratégicos que el EPP diseñó estaban la toma del poder, por la fuerza obviamente, segundo la urbanización de sus actividades terroristas, y la instalación de células en todos los departamentos del país. “Ninguno de esos objetivos fueron cumplidos gracias a la firme actuación de la entonces Fuerza de Tarea Conjunta”, enfatizó.