Un tribunal argentino ha citado al expresidente de ese país, Alberto Fernández, a prestar declaración el próximo 20 de noviembre por presuntos hechos de corrupción en relación a irregularidades en la contratación de seguros para empresas públicas mientras gobernaba entre 2019 y 2023.

El juez federal Julián Ercolini ha convocado a Fernández y a otras 38 personas a declarar con respecto a “haber intervenido (...) en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”, según ha recogido el diario Página 12.

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Según la imputación, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros”.

El ex jefe de Estado está culpado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La maniobra, añade la resolución, habría requerido de “la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

La investigación ha detallado que los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros”. Esto “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores”.

Este caso se suma a la imputación previa de Fernández por presuntos delitos de lesiones y amenazas contra la ex primera dama, en los primeros compases de un proceso que ha sacudido la política argentina.

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También, el pasado 5 de setiembre, la Fiscalía de Argentina imputó a Fernández por presunto abuso de autoridad violación de sus deberes como funcionario público al considerar que extendió “de forma indebida” la cuarentena decretada por la pandemia de covid-19, que fue una de las más largas del mundo.

Fuente: Europa Press

Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.

Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.

La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.

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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.

A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.

“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.

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De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.

“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.

Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.

Fuente: AFP.

El Viceministerio de Transporte indicó que la reforma del transporte público que se impulsa desde la institución, apunta a realizar modificaciones en todas las aristas que componen el sistema de modo a garantizar un buen servicio para el usuario y así también, mejores condiciones de trabajo para los conductores de las unidades.

“Las nuevas reglas van a ser distintas, por lo tanto los estándares de funcionamiento y la calidad del servicio que ofrecen van a ser monitoreados de una manera más robusta de lo que se venía haciendo. Si la empresa que es elegida, en el transcurso de sus funciones no cumple con los estándares, va a haber también sanciones con más robustez, va a ser un proceso en el que vamos a exigir cada vez más calidad para el usuario”, expresó el viceministro Emiliano Fernández.

El modelo de negocios actual contiene una gran cantidad de empresas de transporte. Este número supera ampliamente lo que puede soportar una economía de escala, explicó el viceministro, por lo que en esta reforma se apunta a que los transportistas compitan a través de un proceso de licitación.

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“Será un proceso de competencia en el que van a participar todas las empresas que quieran, el número de empresas actualmente es excesivo respecto a cómo debería funcionar un mercado robusto financieramente, por lo tanto van a haber menos empresas que van a trabajar en el sistema de transporte público de pasajeros y eso va a exigir a las empresas a asociarse o consorciarse en la persona jurídica que corresponda”, detalló a la 650 AM.

Asimismo, los itinerarios también serán agrupados en una unidad funcional de modo que la persona pueda tomar cualquier bus para determinados puntos, sin que esto represente un pago adicional del pasaje. Respecto a esto último, Fernández aclaró que la reforma no contempla una variación en el monto que abonan los usuarios.

“No estamos planteando ningún cambio en el pasaje que paga el usuario, lo que decimos nosotros es que cuando tenemos un corredor más extenso, podemos trabajar con más facilidad en la integración tarifaria porque son buses de la misma empresa. En un proceso de corredores se puede tomar el bus que sea en el mismo grupo empresarial”, refirió.

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El viceministro indicó que otro de los puntos clave es la incorporación de más buses en los corredores, lo que ayudará a mejorar la frecuencia y tendrá un impacto positivo en la travesía que realiza el ciudadano diariamente. “No son solo buses mejor controlados, es una mejor integración tarifaria, mejoramiento de las vías, y otras cosas más, por eso esta es una reforma que lleva su tiempo, pero que hay que hacerla”, aseveró.

La Mesa Nacional del Transporte, que reúne a los principales sindicatos del sector transportista de Argentina, convocó un paro nacional para el próximo 30 de octubre para enfrentar la política “de ajuste” que impulsa el Gobierno de Javier Milei para esta actividad del país.

La decisión se tomó ayer martes e implica una huelga de 24 horas que paralizará los servicios de transporte público de Argentina, a la espera de conocer el parecer del sector de autobuses, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que agrupa a los trabajadores de la rama del transporte colectivo en Argentina, no ha participado de la reunión.

La medida afectará a trenes, aviones y barcos. “Estamos unidos por nuestras centrales de transporte porque así lo demanda la situación política que atravesamos”, ha defendido la Mesa Nacional del Transporte desde su creación.

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“Nuestro eje es la defensa de la soberanía del país que está representada en las rutas nacionales, en los ferrocarriles, mares, ríos y cielos, frente al atropello cotidiano que vemos implementa el gobierno de Javier Milei en cada modo”, han explicado.

En las últimas semanas, el sector había avisado sobre la posibilidad de optar por un estado de alerta y movilización frente a los ajustes de Milei, lo que les llevó a convocar inicialmente un paro para el 17 de octubre, que finalmente tendrá lugar el 30 de este mismo mes.

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Fuente: Europa Press.