“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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• Argentina. AFP.

Un tribunal argentino rati­ficó ayer la condena a seis años de prisión e inhabilita­ción política a Cristina Kir­chner, la principal opositora del gobierno de Javier Milei, en una causa por adminis­tración fraudulenta que irá a la Corte Suprema y que la expresidenta consideró “un show”.

La Cámara Federal de Casa­ción Penal decidió “condenar a Cristina Elizabeth Fernán­dez de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabili­tación especial perpetua para ejercer cargos públicos, acce­sorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente respon­sable del delito de adminis­tración fraudulenta en per­juicio de la administración pública”, en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo.

Los jueces rechazaron tanto los recursos de la Fiscalía como los de las defensas, por lo que quedaron confirmadas las mismas penas y absolucio­nes dispuestas en diciembre de 2022.

Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “admi­nistración fraudulenta” en la adjudicación de obras via­les durante su presidencia (2007-2015), fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior.

La expresidenta de centro-iz­quierda cuestionó en una carta difundida el martes la imparcialidad de los jueces, a los que acusa de ser cerca­nos a su rival político Mauri­cio Macri.

El sector del Movimiento al Socialismo (MAS), afín al expresidente de Bolivia Evo Morales, ratificó su candidatura para las elecciones de 2025, a pesar de no estar habilitado para ello de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y reclamó la liberación de los más de cien detenidos durante las últimas protestas.

Fue el propio Morales quien presentó ambas propuestas junto con la de pedir a su vez la renuncia de los magistrados que se “autoprorrogaron” en sus cargos tras cancelar las elecciones judiciales, en un acto celebrado este domingo en la localidad de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba.

“Jurídicamente se ha demostrado que Evo está habilitado para las elecciones 2025 y ratificaron nuevamente que es el único candidato del MAS”, defendió el expresidente boliviano, dirigiéndose a sí mismo en tercera personas.

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Morales argumentó que las decisiones que han tomado los jueces “autoprorrogados” del sistema judicial boliviano, incluido el Tribunal Constitucional, no son legales y por tanto “sus actos son nulos de pleno derecho”.

Asimismo, acusó al Gobierno de utilizar la Justicia para desmotivar y fragmentar el voto del tradicional electorado del MAS. “Va a intentar sacar de esto algún candidato para dividirnos, mucho ojo y mucha reflexión”, alertó.

Por otro lado, Morales ha reclamado la liberación de los 104 detenidos durante las protestas y bloqueos que han mantenido paralizado una parte del país durante casi un mes. “Vamos a movilizarnos para liberar a nuestros hermanos”, dijo.

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Por último, el llamado Estado Mayor del Pueblo pidió al Gobierno acción frente a la crisis económica, así como el reconocimiento del congreso del MAS de octubre de 2023, en el que los afines a Morales expulsaron al presidente Luis Arce del partido hasta que el Tribunal Superior Electoral lo anuló.

Fuente: Europa Press