“Piquetero” y concejal liberal amenazó a trabajadores en protesta de camioneros
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Una situación que puso en evidencia el carácter violento de la protesta de camioneros se registró en la localidad de Doctor Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9), en el departamento de Caaguazú, cuando un supuesto líder de los camioneros obligó a un conductor que trasladaba harina a que detenga su marcha y se pliegue a la protesta.
El conductor del camión transportador de harina viajaba acompañado de su pareja, quien filmó íntegramente el hecho y fue agredida física y verbalmente por una persona, a quienes los usuarios de redes sociales identificaron como Arnaldo René Meza Ozuna, presidente de la Asociación de Transportistas de Campo 9 y concejal municipal por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la citada localidad, por el sector efrainista.
El concejal actuó en todo momento de manera violenta y prepotente, amenazando al conductor, quien en todo momento trató de mantener la calma para evitar una mayor violencia.
El concejal liberal amenazó a la pareja con quitarle la llave del vehículo si no dejaban de grabar su conducta violenta. Foto: Captura de video.
“Llamá a quien quieras”
“Llamá a quien quieras, en Campo 9 nosotros somos la ley. Te podemos dejar una hora o un día aquí”, vociferaba Meza Ozuna, mientras amenazaba con dejarlos atrapados en la protesta por el tiempo que él quisiese.
El conductor pidió consideración por la carga que transportaba y el concejal liberal amenazó con quitarles la llave del vehículo porque estaba siendo filmado por la mujer.
Concejal agresor
Momentos después, el concejal liberal agredió a la mujer tratando de sacar el teléfono con el que lo estaban filmando, pero no logró su objetivo. Finalmente, el transportista retenido avanzó, mientras la mujer sollozando, mostraba las marcas del forcejeo que dejó en sus brazos el concejal “piquetero”.
Arnaldo René Meza es actual concejal municipal por el PLRA en la localidad de J. Eulogio Estigarribia, donde percibe un salario de G. 9.170.000, de acuerdo a lo publicado en el portal de datos de funcionarios públicos, y, además, figura como proveedor del Estado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, habiendo sido adjudicado en el año 2011 en una contratación directa para la compra de un camión a ser utilizado en la Municipalidad de Campo 9.
Quince policías y un manifestante resultaron heridos ayer miércoles en varios puntos de Chile, en el marco de protestas de pescadores artesanales que exigen la aprobación de una ley para aumentar la cuota de merluza que pueden capturar, según informaron autoridades. Las manifestaciones, que dejaron ocho detenidos, se llevaron a cabo en el puerto de Valparaíso, en la región de Coquimbo, y también en la zona sur, en la región de Maule.
Durante las movilizaciones se desencadenaron fuertes choques con la policía. Los enfrentamientos más violentos se registraron en Valparaíso, a 120 km de la capital Santiago, donde siete policías y un manifestante sufrieron heridas. Hubo tres detenidos. Uno de los agentes fue hospitalizado luego de que fuera alcanzado en la cabeza por “un objeto contundente”, precisó la general de Carabineros, Patricia Vásquez.
“Se registraron hechos muy violentos. Tenemos un carabinero que fue ingresado grave al hospital”, señaló Vásquez a la prensa. En esa ciudad, se encuentra el Congreso Nacional, que discute el mencionado proyecto de ley. La policía contuvo a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros lanza-agua, según constataron periodistas de la AFP.
Más tarde, en la región del Maule (a unos 280 km al sur de Santiago), estallaron choques que dejaron a otros ocho agentes heridos, cinco detenidos y un carro lanza-aguas quemado, informó Carabineros a través de sus redes sociales. Los manifestantes levantaron barricadas y cortaron por un tiempo la principal carretera de Chile, que une el norte y sur del país. En la región de Coquimbo, 450 km al norte de Santiago, trabajadores del sector artesanal lograron también cortar la ruta Panamericana tras encender una pila de neumáticos.
Los pescadores exigen que el Congreso dé luz verde a un proyecto de ley que eleva la cuota para la pesca, principalmente de merluza, uno de los más consumidos en Chile. Esperamos que se apruebe “inmediatamente” el proyecto de ley, declaró a la AFP Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación de pescadores artesanales de la región de Valparaíso.
La denominada Ley de Fraccionamiento de la pesca, presentada en septiembre de 2024 por el gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, pero continúa siendo analizada por la comisión de Hacienda del Senado. Según Hernández, el trámite se ha “dilatado” en esa cámara. La normativa busca “una distribución más justa y equitativa de las cuotas (de captura establecidas) entre los sectores pesqueros artesanal e industrial”, reseñó la Subsecretaría de Pesca en un informe sobre la ley.
Turquía: encarcelan a siete periodistas, mientras continúan las protestas
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Estambul, Turquía. AFP.
Las protestas continúan el martes en Turquía, donde más de 1.400 personas han sido detenidas desde que comenzó el miércoles una oleada de manifestaciones por el arresto del alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan. En total, 1.418 personas acusadas de participar en concentraciones ilegales fueron detenidas desde el 19 de marzo, según las autoridades, que se enfrentan a la mayor ola de protestas en el país desde 2013.
En este contexto, un tribunal de Estambul ordenó el martes el encarcelamiento provisional de siete periodistas turcos, entre ellos el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, acusados de participar en manifestaciones, prohibidas desde la semana pasada en las tres principales ciudades de Turquía. Akgül alegó durante su detención que se había limitado a cubrir una protesta en Estambul.
El presidente de Agence France-Presse, Fabrice Fries, pidió a la presidencia turca la “rápida liberación” de su fotógrafo. “Yasin Akgül no manifestaba, cubría como periodista una de las muchas concentraciones organizadas en el país desde el miércoles 19 de marzo”, afirmó.
La oenegé Reporteros sin Fronteras condenó por su parte una “decisión escandalosa [que] refleja una situación muy grave en curso en Turquía”. En total, 979 manifestantes se encontraban el martes bajo custodia policial, mientras que 478 personas habían pasado a disposición judicial, según el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.
Ante las continuas protestas desencadenadas por la detención de Imamoglu, acusado de “corrupción”, la gobernación de la capital Ankara extendió hasta el 1 de abril la prohibición de manifestaciones. Las autoridades tomaron una decisión similar en Izmir, la tercera ciudad del país y bastión de la oposición, hasta el 29 de marzo. La misma prohibición está en vigor desde hace seis días en Estambul, donde decenas de miles de personas la desafían cada noche delante del ayuntamiento.
El martes por la tarde, una marcha de miles de estudiantes partió de un parque de la zona europea de Estambul, constataron periodistas de AFP. Muchos se habían cubierto el rostro con bufandas o máscaras por miedo a ser identificados por la policía, explicaron.
“Claro que tengo miedo de la policía”, declaró Nisa, una estudiante que no quiso dar su apellido. Özgur Özel, presidente del partido socialdemócrata CHP, al que pertenece Imamoglu, convocó una gran concentración para el sábado. Miles de estudiantes desfilaron también en Ankara, la capital, según imágenes de los medios turcos. La semana pasada, las manifestaciones desencadenadas por la detención del alcalde se extendieron a al menos 55 de las 81 provincias de Turquía.
Özel, que pidió hacer frente al “fascismo”, acudió el martes a la cárcel de Silivri, donde están recluidos desde el domingo Imamoglu y otros 48 coacusados, entre ellos dos alcaldes de distrito que también son miembros del CHP. “Me encontré con tres leones dentro. Están de pie, con la cabeza alta (...), como leones”, dijo a la prensa al salir de la prisión.
El Consejo de Europa, que debe debatir el martes la situación en Turquía, denunció un “uso desproporcionado de la fuerza” durante las manifestaciones y citó la represión a la prensa. La ONU también expresó su inquietud ante la oleada de detenciones, asegurando que están “muy preocupados”.
El CHP llamó a boicotear 11 marcas afines al gobierno, incluida una famosa cadena de cafés: “Nosotros mismos podemos hacer el café”, expresó Özel. “Dejad de perturbar la paz de nuestros conciudadanos con vuestras provocaciones”, declaró el presidente Erdogan el lunes por la noche, dirigiéndose a la oposición en un discurso televisado.
EE. UU. sanciona a expresidenta argentina Cristina de Kirchner por “corrupción significativa”
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Fuente: AFP
Estados Unidos sancionó este viernes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio Miguel De Vido por “corrupción significativa” y les prohíbe entrar en el país, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
Ambos “abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, resultando en millones de dólares robados al gobierno argentino”, afirma Rubio en un comunicado.
En su red social X, el jefe de la diplomacia escribió que hoy viernes anunció la designación de la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido. Esto, debido a su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo, agregó en su red social.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, indicó que existe una firme indicación por parte del mandatario Santiago Peña para combatir la corrupción y la impunidad. Foto: Gentileza
PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
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Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi. Foto: Gentileza
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
Exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo. Foto: Gentileza
En la nómina se encuentra lademanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos,María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles”quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta. Foto: Archivo
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN),Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienesfueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
Exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo. Foto: Gentileza
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados