El Senado aprobó ayer miércoles el proyecto de resolución que plantea la creación de una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el espionaje cibernético perpetrado por el Brasil en contra de Paraguay en el marco de las negociaciones por la tarifa de Itaipú.

La media sanción será comunicada a Diputados para su consideración. La propuesta, que fue impulsada por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Dionisio Amarilla y Zenaida Delgado; detalla que la comisión conjunta tendrá una duración de 60 días hábiles contado a partir de la fecha de su constitución, prorrogable por un plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las cámaras del Congreso, informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.

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Entre los puntos investigados por la comisión figuran: verificar si existen alertas o informes de operaciones de inteligencia o de seguridad cibernética elaborados por parte del gobierno de Paraguay (periodo 2018-2023), desde el momento del conocimiento de los supuestos hechos de espionaje cibernético. Identificar si existen documentos o informaciones entregados debidamente por el gobierno (periodo 2018-2023) a las autoridades del gobierno entrante el 15 de agosto del 2023, sobre los supuestos hechos de espionaje cibernético.

También se abocará a identificar a las instituciones y personas que llevaron a cabo las negociaciones con el Brasil incluidas las que guardan relación con la tarifa de Itaipú, durante el lapso de duración del supuesto espionaje; asimismo la identificación de las personas que habrían dado las respectivas instrucciones sobre los términos de las citadas negociaciones. Determinar si existió perjuicio para el Paraguay por la rebaja de la tarifa para el año 2023. Abordar sobre investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados y el deslinde de responsabilidades.

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El proyecto evaluado este último miércoles entre los puntos resaltantes de la sesión extraordinaria de la cámara surgió tras las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, donde refieren que la operación ilegal fue ejecutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había informado el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

El presidente de la República, Santiago Peña, salió al paso de los cuestionamientos contra la decisión de su gobierno de suspender temporalmente la renegociación que encara con el Brasil entorno al Anexo C del tratado de Itaipú. El jefe de Estado alegó que Paraguay debe mantener una postura férrea en la defensa de sus intereses ante acciones ile­gales similares a las cometi­das por el vecino país.

“Nosotros debemos defender la soberanía del Paraguay al costo que sea, uno tiene que ponerse firme cuando la causa es la correcta. Hay mucha gente que se atemo­riza ante los brasileños o argentinos, los paraguayos debemos confiar en noso­tros”, remarcó a la 1080 AM.

De acuerdo a las publicacio­nes periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la ope­ración fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteli­gencia (Abin). El espionaje se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

La información fue dada a conocerse tras las declara­ciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

“Todos los días tomo deci­siones riesgosas, la pre­gunta es si mido los ries­gos y lo segundo, si esos riesgos tienen un obje­tivo y esa es la defensa de Paraguay, de los paragua­yos, este cargo no es para cobardes”, remarcó el man­datario este martes.

Peña indicó que no man­tuvo conversaciones con su homólogo tras tomar estado público el espionaje informático cometido por el país vecino. Agregó que el requerimiento de infor­maciones oficiales sobre el espionaje impulsado por Brasil está siendo tratado a nivel de cancillerías.

“No hablé con Lula. Ha habido conversaciones a través de las cancillerías. Lo que tene­mos es la información que ha confirmado Brasil, que ellos dicen que sí hubo una operación y que esto conti­nuó hasta el mes de marzo, ya en el gobierno del presidente Lula”, agregó.

El jefe de Estado siguió argu­mentando que “los paragua­yos tenemos que confiar un poco más en nosotros y saber que subir la montaña, que es el camino del desarrollo, pro­greso, no es un camino fácil. Nadie regala nada, es un camino que requiere tomar medidas osadas, tomar medi­das con mucho coraje, pero es el camino que le permitirá a Paraguay desarrollarse”.

El titular del Ejecutivo, Santiago Peña, defendió la licitación impulsada por la entidad binacional Itaipú, para la adquisición de 330.000 muebles escolares que son distribuidos en un total de 22 distritos. El proceso fue duramente atacado por el sector de la oposición, colorados disidentes y medios de comunicación aliados, quienes apuntaron a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa local Kamamya SA.

“Las demandas de transparencia son válidas y tenemos que constantemente estar respondiendo a todo, se mostrará absolutamente todo. En torno a la licitación de los pupitres, no es cierto que no se hayan dado explicaciones, el problema es que cuando se quiere cuestionar el proceso, no hay explicación que vaya a justificar”, comentó a la 1080 AM.

Peña detalló que el proceso inició en enero del 2024 con la finalidad de “enfrentar la problemática lacerante de la infraestructura escolar”. Agregó que se mantuvo un diálogo con el sector privado en el que se analizó la capacidad local, la calidad de los productos ofertados, precios y la capacidad de fabricación y entrega.

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Señaló que la compra de los pupitres también fue impulsada como un complemento al programa Hambre Cero en las escuelas. “Después de analizar todo, se tomó esa decisión y yo participé activamente de eso. El modelo que elegimos para el Paraguay es similar al de Japón, donde los niños almuerzan en las aulas, el problema es que sin los pupitres no podría concretarse esto. A la vez el pupitre de madera iba a ser un inconveniente para la limpieza”, refirió.

Aseguró que los mobiliarios escolares fueron adquiridos por su calidad, precio competitivo y capacidad de entrega. “Compramos pupitres con una garantía de reposición de 3 años y no de arreglo. Esto nos da una certeza de que los niños tendrán una mejora sustancial en su proceso de aprendizaje en aula”, puntualizó.

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“Si le conviene o no este párate a Brasil o Paraguay, no es el análisis que debemos hacer”, dijo el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, con relación al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones por la tarifa de Itaipú. El funcionario de Estado defendió las medidas adoptadas por el gobierno ante el impasse.

“Lo que nosotros debemos analizar es qué pasó en ese periodo de 10 meses en los cuáles fuimos investigados por una agencia de inteligencia. Esta es una situación muy delicada y sin precedentes, veo con preocupación que ciertos autores políticos y cierta prensa escrita intentan minimizar este hecho grave. No todos los días un gobierno admite que realizó acciones de inteligencia en contra de un país”, sostuvo Giménez en una entrevista con el programa “Cara o Cruz”, emitido por Unicanal.

De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula mediante un comunicado emitido el 31 de marzo, responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

“Debemos sentarnos con las autoridades brasileñas y recomponer una confianza que se ha visto afectada. Esto es un párate hasta si se quiere normal, debido a la gravedad del comunicado. Qué se pretendía, que al día siguiente nos sentemos a la mesa como si nada pasó, sería un acto de irresponsabilidad el no exigir explicaciones”, sentenció Giménez.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

“Valoramos mucho el gesto del gobierno del Brasil de aceptar que hubo estas órdenes infelices. Las relaciones siguen vigentes, intactas, simplemente en lo que se refiere a la renegociación del Anexo C hemos decidido una suspensión por un plazo breve. Esperamos que esto sea aclarado para volver a sentarnos a la mesa, debemos avanzar también en otros puntos de la agenda”, comentó.

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