El diputado del Partido Hagamos, Carlos Rejala, mencionó que desde la próxima semana iniciará una campaña de recolección de firmas con la finalidad de exigir al gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, energía eléctrica más barata y justicia para el Paraguay, con miras a la revisión del Tratado y el anexo C, de la entidad binacional de Itaipú.
“Alrededor de US$ 984 millones es lo que la Ande pagó de más entre 1998 al 2020, según el informe de la Contraloría que reveló la deuda espuria, razón por la cual desde la próxima semana vamos a salir a juntar firmas para exigir energía más barata para todos los paraguayos”, sostuvo el legislador.
De acuerdo al informe del organismo de control, el cual fue expuesto por Rejala, refiere que el total facturado por Itaipú a la Ande, durante dicho periodo fue de “4.894.198.225,43 dólares por la venta de 228.623.299 Kw de potencia y, el total que le debió facturar, de haberse mantenido constante la tarifa en 17,10 dólares/Kw durante el mismo período de tiempo, hubiera sido de 3.909.458.412,90 dólares generando una diferencia de 984.739.842,53 dólares pagado de más por la Ande, en relación a la tarifa que debió aplicarse desde el inicio”.
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Las declaraciones del parlamentario surgieron tras el informe de la Contraloría, emitido por Camilo Benítez, días atrás el cual continua generando un amplio debate entre autoridades políticas y la ciudadanía en general, quienes reclaman castigo para los “traidores de la patria”.
Propuesta de Rejala para el 2023
La propuesta del parlamentario se centrará en pedir reducciones para el 2023, cuando se realice la renegociación del Tratado de Itaipú entre Brasil y el Paraguay, equivalentes de entre el 30% para las industrias y el comercio y el 50% para las familias.
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Anexo C: renegociación será reanudada una vez que se restituya la confianza con Brasil
Luego de que el Brasil haya confirmado que hubo acciones de inteligencia contra Paraguay entre el 2022 y 2023, una de las medidas asumidas por el Gobierno paraguayo fue la suspensión de la renegociación del Anexo C de la Itaipú Binacional. El Gobierno está a la espera de las explicaciones del vecino país y los informes respecto a qué datos se accedió en dicho período.
“Esperamos que podamos retomar la conversación en la brevedad, tenemos que restituir la confianza para poder sentarnos a la mesa. Se confirmaron acciones de inteligencia, pero no sabemos todavía el alcance de esas actuaciones”, expresó Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio.
El titular de cartera de Industria manifestó que aguardan los reportes del Brasil en cuanto a este espionaje que se extendió por alrededor de 9 meses. El vecino país deberá informar mediante qué canales se dio este espionaje, a qué autoridades instituciones, por cuánto tiempo y con qué fin, dado que entre Paraguay y Brasil existe una amplia agenda bilateral y muchos intereses compartidos, entre ellos Itaipú Binacional.
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“Lo que corresponde es lo que estamos haciendo ahora, pedir explicaciones al gobierno de Brasil con detalles de qué ocurrió en este período porque es un tema muy grave, viola los principios internacionales. Queremos saber el cómo y de qué forma se realizaron, si fueron escuchas telefónicas contra las autoridades del gobierno de Paraguay en ese entonces, si se intercedieron correos, fueron escuchas en oficinas de gobierno, seguían a funcionarios físicamente, qué pasó en esos 9 meses”, mencionó a la 1020 AM.
El espionaje de Brasil se habría iniciado en junio del 2022, es decir, aún bajo la presidencia de Jair Bolsonaro y se extendió hasta marzo del 2023, cuando el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la suspensión de estas acciones. Hay que mencionar que el gobierno de Mario Abdo no dejó ningún tipo de información o alerta sobre esta acción por parte del vecino país.
“Por suerte la tarifa de Itaipú ya fue convenida con el Brasil por los próximos 3 años, eso está firme. A pesar de que tardamos unos meses más de lo previsto, lo hicimos en aquel momento pensando en el mediano plazo, esa fue la posición paraguaya, para no tener ningún tipo de desgaste por la negociación del Anexo C y acertamos en ese sentido, porque le dimos previsibilidad a un tema que es siempre espinoso”, resaltó Giménez.
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Mitic investigará si hubo alertas del espionaje brasileño en la era Abdo
Tras la confirmación de que hubo una acción de inteligencia de parte del Brasil contra el Paraguay, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) indicó que encabezará verificaciones del periodo entre junio de 2022 y marzo de 2023, en que se habría efectuado el espionaje informático, para determinar si el gobierno de Mario Abdo ignoró posibles alertas sobre el hecho.
“En este caso lo que vamos a hacer es una verificación documental en ese periodo de tiempo para identificar si pudo haber existido algún tipo de información que haya generado alguna alerta o alarma, a priori, ellos no tuvieron ningún evento identificado, entonces vamos a validar eso con la documentación y si eso ocurrió, vamos a plasmar con información que pueda entregar el gobierno de Brasil”, explicó el ministro Gustavo Villate.
En contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el titular del Mitic indicó que el anterior ministro de esta cartera, Fernando Saguier, ya adelantó a través de medios de prensa que su administración no detectó señales del espionaje del Brasil, no obstante, será revisada toda la información, especialmente entre el 2022 y 2023 para confirmar esta versión.
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Por otro lado, Villate señaló que la prensa brasileña hace alusión de que el espionaje podría estar relacionado con la tarifa de Itaipú y hay que recordar que, durante el gobierno de Mario Abdo, la tarifa energética se redujo considerablemente, afectando los intereses nacionales y beneficiando al Brasil.
No obstante, aún se debe corroborar si el espionaje tuvo lugar antes o después del acuerdo en torno a la tarifa. “Entiendo que fue en el 2022, o sea fue anterior a la fecha que hace alusión el comunicado, pero debemos que mirar las documentaciones y validar la información que tenemos y lo que pudiéramos recibir”, comentó a Nación Media.
El ministro fue enfático en que, si bien el gobierno de Lula da Silva atribuye el suceso a la administración de Jair Bolsonaro, este hecho no puede quedar inconcluso. “No pueden usarnos a nosotros como parte esa guerra interna”, aseveró y añadió que están a la espera del arribo del embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, a quien solicitaron información respecto a este hecho.
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Paraguay oficializó cuatro medidas por espionaje informático de Brasil
- Asunción, Paraguay. AFP.
Paraguay convocó ayer martes al embajador brasileño en Asunción para que dé “explicaciones” y llamó a consultas a su representante en Brasilia debido a una operación de espionaje reconocida el lunes por Brasil, pero que el gobierno del presidente Lula atribuye a su antecesor.
El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora suspendidas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y se la adjudicó a la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), en un comunicado de la cancillería publicado el lunes.
“La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la (agencia de inteligencia estatal) ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual gestión tuvo conocimiento del hecho”, dijo el gobierno de Brasil.
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El gobierno paraguayo convocó al embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, para que “ofrezca explicaciones detalladas” sobre la operación, explicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa el martes.
Ramírez también informó que se llamó a consultas al representante diplomático paraguayo en Brasilia “a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país”. Según la prensa brasileña, la ABIN ingresó a las computadoras de las instituciones del Estado paraguayo para obtener informaciones reservadas.
El objetivo habría sido conocer la posición de Paraguay en la negociación del “Anexo C”, un documento del Tratado de Itaipú (que dio lugar a la construcción de la represa sobre el río Paraná, limítrofe), que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la central hidroeléctrica.
Ramírez aseguró el martes que quedaron “suspendidas todas las negociaciones del Anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay”.
Las negociaciones giran en torno a la reducción del precio de la energía, interés de Brasil, que compra desde hace décadas todo el excedente que le corresponde a Paraguay, que consume menos del 10% de lo producido. La represa hidroeléctrica, con una capacidad potencia instalada de 14.000 megavatios (la mayor del mundo) cuenta con 20 turbinas. Una sola de ellas puede abastecer a 1.500.000 viviendas.
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Medidas anunciadas
- Se ha convocado a consultas inmediatamente al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay.
- Se ha convocado al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezca explicaciones detalladas sobre la acción de inteligencia llevada a cabo por el Brasil.
- El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) inició una investigación detallada de los eventos ocurridos entre junio del 2022 y marzo del 2023 en vista que no existió ningún reporte del gobierno de Mario Abdo Benítez al respecto.
- Queda suspendida toda negociación relacionada al anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes al Gobierno del Paraguay.
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Ataque político contra compra de pupitres no es una guerra que interese a Itaipú
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), dio a conocer el costo de los pupitres adquiridos por la Itaipú Binacional, cuyo valor asciende a USD 53,14 por unidad, además de otras tasas de importación. Ante esta confirmación realizada por la institución tributaria, la binacional ratificó que siempre defendió el proceso y que los ataques en contra respondían a intereses políticos.
“Desde la Itaipú siempre hemos defendido el proceso en contra de todas las elucubraciones que apuntaban, con criterio político, a golpear a figuras políticas, pero esa no es la guerra de Itaipú”, expresó José Luis Rodríguez Tornaco, director de Comunicación de la binacional en contacto con la 650 AM.
Rodríguez Tornaco indicó que es una satisfacción para Itaipú que la propia DNIT haya salido a dejar en claro los puntos relacionados a la compra, ya que la binacional estaba imposibilitada a difundir ciertos datos, pero con los datos revelados por la institución, se deja en claro que el proceso que se llevó adelante se realizó con transparencia.
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“Hoy con contundencia, el director Nacional de Ingresos Tributarios desmintió una tapa catástrofe de algunos medios, yo quiero creer que es mala información o que alguien le vendió pescado muerto al medio, pero hoy el director con claridad dijo que el precio es de USD 53 a la salida del puerto, cada unidad y a partir de ahí hay una serie de elementos adicionales que tener en cuenta en los costos”, explicó.
El alto funcionario precisó que no se debe perder de vista que con esta licitación, se accederá a 150.000 pupitres que serán distribuidos a escuelas de diversos puntos del país. También recordó que de acuerdo a lo manifestado por la propia industria nacional, la cantidad demandada por Itaipú iba a ser de imposible cumplimiento en un plazo menor a los tres años.
“Esto es fruto de la fantástica negociación del presidente Santiago Peña que generó USD 1.950 millones para destinar en gastos sociales en estos tres años, luego de revertir la tremenda e injusta negociación del Gobierno anterior. Esos fondos se están destinando a las patrulleras, a los Linces, al equipamiento de hospitales, ambulancias, 1.000 km de caminos, más mamógrafos y todo eso produce desesperación en un sector político porque saben que con estas condiciones no hay con qué darle al oficialismo”, aseveró.
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