El Poder Ejecutivo remitió al Legislativo una iniciativa que apunta a que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y ya no del Ministerio Economía. Según explicaron, actualmente no existe la capacidad tecnológica ni de recursos humanos para enfrentar a la proliferación de juegos de azar clandestinos.

“Para el proyecto remitido a Diputados se ha solicitado el estudio con carácter de urgencia con el fin de concretar eso. Otra de las grandes novedades que presenta es que con esto se termina el monopolio de los juegos de azar”, expuso Carlos Liseras, presidente de Conajzar en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a un informe presentado el año pasado por el Ministerio Público, la explotación clandestina de tragamonedas genera ingresos ilegales por alrededor de G. 300.000 millones al año, esto sin tener en cuenta lo que mueve la explotación de quiniela mau, las apuestas deportivas, rifas, carreras de caballo, entre otras que operan sin autorización.

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Según Liseras, estas actividades ilícitas llegan a cifras siderales que privan de recursos a instituciones como la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), al Fondo Nacional de Recursos Solidarios del Ministerio de Salud para Intervenciones Quirúrgicas de Alta Complejidad, entre otros programas que se financian con la recaudación de la Conajzar.

“Es una manera de fortalecer enormemente a la institución, debemos tener en cuenta que la DNIT tiene la capacidad técnica, la cantidad de personal necesaria para poder enfrentar el flagelo de la explotación clandestina de los juegos de azar. Preocupa enormemente al presidente de la República la proliferación desmedida de la explotación clandestina de juegos de azar en los 17 departamentos”, afirmó.

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Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.

“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.

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Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.

“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.

Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.

Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.

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Un abanico de posibilidades abrirá la nueva etapa del programa Che Róga Porã, que permitirá construir en terreno propio, pero también adquirir uno nuevo con el crédito de financiación. El programa habitacional prepara su fase denominada 2.0, donde, además de las propuestas de la casa propia con el combo completo: terreno y construcción, también abrirá la posibilidad de edificar en terreno propio o en financiar la compra del inmueble y construir la casa.

«Con Che Róga Porã vamos a dar el crédito para cancelar o comprar el terreno más la construcción de la vivienda», confirmó el ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja. La segunda fase del programa estará disponible desde la segunda quincena de enero.

“Paraguay tiene uno de los sistemas financieros más solidos, sanos, vigorosos e inteligentemente regulado de Latinoamérica”, manifestó el presidentede la República, Santiago Peña, en el marco de la apertura oficial de la edición número 58 de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), evento que se desarrolla en Asunción y que reúne a la comunidad bancaria de 17 países de América Latina.

El encuentro fue aprovechado por Peña para solicitar a la comunidad bancaria un respaldo fuerte y continuo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). “Yo tengo un pedido para el sector financiero, les pido ablandar su corazón, que den especial atención a los proyectos para dinamizar el sector de las mipymes y el acceso al crédito. Las mipymes son el motor de nuestra economía, pero su necesidad de financiamiento siguen siendo altísimas llegando a los cerca de 4.000 millones de dólares”, remarcó.

Por iniciativa del Poder Ejecutivo se presentó un proyecto que busca modificar la ley 1016/1997 que regula la explotación de los juegos de azar en el país. Uno de los cambios que buscan es mejorar y fortalecer a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), haciéndola dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El presidente de la Conajzar, Carlos Liseras, señaló que esta propuesta es altamente positiva para la entidad a fin de que la DNIT mejore la regulación y recaudación. “Con esto seremos una dependencia de la DNIT, tendremos la musculatura necesaria y personal necesario”, expresó. Sostuvo que este será un paso fundamental para atacar frontalmente a la explotación clandestina de los juegos de azar.

Este lunes se presentará extremadamente caluroso y sin lluvias. A partir de mañana desciende la temperatura y se registrarían tormentas. El descenso continuará hasta el miércoles. Hoy, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, soplarán vientos del norte, luego moderados del sur y la máxima será de 38 °C, según la Dirección de Meteorología.

Para mañana martes se pronostica una jornada fresca a cálida, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las extremas oscilarán entre 17 °C y 24 °C. En tanto, el miércoles, la mínima será de apenas 14 °C y el día pasará de fresco a cálido, con cielo escasamente cubierto y vientos del cuadrante sur.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) realizó el lanzamiento de una edición inédita de la casaca albirroja, especialmente concebida para personas no videntes. La pasión por la selección nacional pasa a un nuevo nivel con este novedoso producto, que marca la diversificación de la propuesta comercial para todo tipo de consumidores.

En este sentido, Julio Sánchez, gerente de negocios de Puma Paraguay, contó que a raíz de la iniciativa se tuvo que “capacitar a las personas de la fábrica en pocas semanas” para la confección de las prendas. La camiseta está diseñada específicamente para personas con discapacidad visual, lo que marca un hito en la búsqueda de la inclusión y la accesibilidad en el deporte de nuestro país.

El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.

Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.

“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.

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Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.

“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.

El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.

“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.

Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.

Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.

“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.

Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.

“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.

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