La directora de Control de Entes Binacionales de la Contraloría General de la República (CGR), Irene Cuevas, detalló en el marco del “Examen Especial a la Deuda de Itaipú Binacional” que las conclusiones finales llevan a sostener que la República Federativa del Brasil estaría en deuda con la República del Paraguay. Ratifican que la deuda de Paraguay es ilegal.
La primera hipótesis se limita al hecho de plantear qué hubiera ocurrido si la refinanciación se le hacía a Eletrobras con la misma tasa de interés del 12% anual que se le impuso a la Ande, la porción de la tarifa que en su momento no estaban en condiciones de pagar los brasileños y que en contrapartida se optó por transgredir el tratado de Itaipú.
Teniendo en cuenta este antecedente, el monto que debió pagar Eletrobras, o que debería pagar trasladando esa cifra a la fecha y redondeando la misma, asciende a US$ 60.000 millones. Considerando que esta cifra es la que debió percibir hasta la fecha, el saldo que tenía Brasil y que fue refinanciado en 1997 ascendía a US$ 37.000 millones.
La segunda hipótesis parte de la base de la deuda ilegal de US$ 4.193 millones, y que el total a pagar por Eletrobras al año 2023 es de US$ 36.125 millones, considerando el cronograma de pagos original que fue aprobado con la firma del contrato de refinanciación N° 1480/97. El total a pagar a Eletrobras al año 2023 sería de US$ 31.440 millones.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, si se hubieran pagado en tiempo y en forma todos los servicios de la deuda causada por reducción de la tarifa del costo de la energía al Brasil durante los 13 años (1986-1997) sería solamente unos US$ 26.596 millones, con lo cual la deuda ya hubiera sido cancelada en el 2013, considerando que se perciban los ingresos por esa refinanciación, más los intereses.
La deuda vencida a causa de la reducción de la tarifa del costo de energía para el Brasil durante 13 años (1986-1997) alcanzó US$ 4.193 millones, y es considerada ilegal por Paraguay. Se habla de perjuicio concreto porque la Ande pagó más de US$ 900 millones como consecuencia de la subida de la tarifa, que fue elevada para poder equilibrar el estado financiero de Itaipú y fue traspasada al consumidor final paraguayo, concluye la Contraloría.