El contralor general de la República, Camilo Benítez, informó que inició un recorrido por sectores políticos a fin de dar a conocer más detalladamente las conclusiones de la investigación sobre la deuda ilegal de Itaipú que abarca desde 1985 hasta 1991. Descartó que su intención sea usar el documento como elemento de presión para su reelección al frente del órgano contralor.

“Ahora estoy haciendo un recorrido con todos los sectores políticos para explicar los alcances de este informe. Necesitamos que la gente entienda. Este es un informe que nunca se había concluido”, refirió en diálogo con la 780 AM.

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Si bien ratificó su interés de seguir en el cargo, por lo que concursará nuevamente, negó que el último informe presentado busque ejercer presión sobre sectores políticos con representación parlamentaria que definirán las postulaciones.

Aseguró que, más allá de que este informe presentado sobre la deuda espuria de Itaipú pueda fortalecer de cierta manera su imagen, era una obligación suya dar a conocer los nuevos datos meramente técnicos. Benítez indicó que la revisión encontró al menos 10 años con tarifas bajas. ”Yo hablé con 2 directores, ellos estaban al tanto de que este informe iba a salir”, comentó sin revelar nombres.

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Destacó la importancia del informe de la Contraloría, al mencionar que será una herramienta que servirá al Paraguay en la revisión del Anexo C del tratado de la binacional con Brasil. “Mi trabajo como contralor debe ser imparcial y ajeno de cualquier interés político”, significó.

Según el informe de Contraloría, desde 1985 a 1997, a excepción de 1991, “Itaipú aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad a pedido de representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos”, dejando de percibir US$ 1.700 millones y generando una deuda de US$ 4.193 millones “en contra de sus intereses y a favor de Eletrobrás”.

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