Paraguay decidió expulsar a siete argentinos y un colombiano que se identificaron como representantes de organizaciones de derechos humanos de Argentina, detenidos por militares este viernes en una zona rural de influencia de un grupo armado marxista, informaron las autoridades.
“Hemos decidido su expulsión por transgresión del artículo 81 de la Ley de Migraciones”, precisó Ángeles Arriola, a cargo de la Dirección de Migraciones, en declaraciones a periodistas. Dicho artículo especifica que los extranjeros podrán ser expulsados del país, entre otros, “cuando atentasen de modo indudable contra la soberanía con hechos o actos que fuesen prohibidos por las leyes y la Constitución, o propiciasen la realización de actos contrarios a la soberanía nacional”.
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La medida afecta a los argentinos Waldemar Darío Machado, Pablo Antonio Pimentel, Luis Eduardo Páez, Zinthia Jimena Cejas, Daniel Agustín Maldonado, Alicia Viviana Machado, Tomas Ernesto Oroño y el colombiano Alexander Angulo Odoñez. Con esta delegación se encontraba la paraguaya migrante en Argentina, Jeni Liliana Báez Villalba, y el abogado contratado Salvador Sánchez Ocampo.
La directora de Migraciones dijo que los extranjeros fueron detenidos en la zona del llamado Cerro Guasu en el departamento de Concepción, 500 kilómetros al norte de Asunción y cerca de la frontera con Brasil, por no comunicar de su presencia a los organismos de seguridad.
En esa zona opera desde 2008 el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que se le atribuyen al menos 15 secuestros y más de un centenar de asesinatos, entre ellos los de una veintena de policías y una decena de militares.
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Los citados llegaron a principios de semana a Asunción tras presentarse ante la prensa como miembros de una “Misión humanitaria en Paraguay” que vino a investigar el paradero de una adolescente de 15 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, supuestamente desaparecida en noviembre del 2020.
La joven es hija de Carmen Villalba, condenada a 25 años en una cárcel de Asunción por el delito de terrorismo. La desaparecida sería la prima hermana de dos niñas de 11 y 12 años, muertas en una incursión de fuerzas militares a un campamento del EPP el 2 de setiembre de 2020. Ambas contaban con nacionalidad argentina, por lo que el gobierno del mandatario Alberto Fernández pidió el esclarecimiento del suceso.
La “Misión Humanitaria en Paraguay” se había reunido el martes con las autoridades del Ministerio del Interior. El ministro Arnaldo Giuzzio señaló entonces que la delegación extranjera no podía activar ninguna búsqueda en la zona de conflicto y que, de hacerlo, se exponían “a la comisión de un hecho punible por usurpación de funciones de un órgano público”.
Fuente: AFP.