La defensa de Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, dilata tres juicios que pesan en contra del exjefe comunal con sucesivos e infundados recursos planteados, según denunció el equipo de agentes fiscales del Ministerio Público. Indican además que otras dos causas prosiguen con acusación y en investigación, respectivamente. Cárdenas afronta en total cinco procesos penales.
El agente fiscal Luis Said, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, sostiene que la defensa de Roberto Cárdenas recurre constantemente a la presentación de varios recursos dilatorios, como la “excepción de inconstitucionalidad”.
“Uno de los juicios es aquel que tuvo como derivación la caída de aulas del Colegio Nacional de Lambaré (2015), esta porción fáctica fue acusada y se elevó a juicio oral y público. Ha iniciado hace más de dos meses ante el Tribunal de Sentencias de Fernando de la Mora y ha avanzado de manera lenta, durante varios años”, sostuvo el fiscal Said.
Cárdenas alega inconstitucionalidad
El fiscal Said indicó que tras 5 años del hecho y 2 meses de haber iniciado el juicio oral y público la defensa de Cárdenas interpuso una “excepción de inconstitucionalidad”. Mencionó que ahora se está dando trámite a la acción que deberá ser analizada por la Corte Suprema de Justicia, para luego avanzar a la fase culminante una vez que sea resuelta esa excepción.
La causa es por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, que derivó al derrumbe de aulas del colegio lambareño sobre unos 23 alumnos. Asimismo, esta causa fue ampliada por la conducta del propio acusado, de los administradores de la municipalidad y de los constructores, por lo que la imputación y la acusación fueron ampliadas. Esta porción de la causa también fue dilatada con otros medios, indicó el fiscal.
Otras causas contra el exjefe comunal
Además de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, tras el derrumbe de la estructura edilicia del Colegio Nacional de Lambaré, Cárdenas enfrenta un proceso por la transferencia de recursos de royalties y pavimentación municipal, cuyo perjuicio asciende a más de 7.400 millones de guaraníes. Otra causa por usurpación de funciones públicas. En todas las causas, la defensa promovió recursos dilatorios, incluso “excepciones de inconstitucionalidad”.
El agente fiscal señala que en los tres juicios existen elementos probatorios suficientes que acreditan la comisión del hecho punible de las personas acusadas por el Ministerio Público. En una quinta investigación el Ministerio Público presentó acusación por lesión de confianza en el caso de fondos de jubilaciones de los empleados municipales, por presuntamente no realizar el depósito correspondiente al aporte de 20 funcionarios municipales.
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